Deloitte estima que nueva exigencia por capital contracíclico implicaría US$ 1.400 millones a la banca

Uno de los temas que marcó la pauta tras la publicación del Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del Banco Central (BC) fue la actualización del marco del Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC), actualmente en 0,5%, de los Activos Ponderados por Riesgo (APR), y que podría elevarse a un nivel neutral de 1%.

Este aumento, según enfatizó el ente rector la semana pasada, se evaluará una vez concluida la convergencia de Basilea III, que finaliza en diciembre de 2025.

A raíz del anuncio del ente rector, el socio líder de Riesgo Financiero y Asuntos Regulatorios de Deloitte y exintendente de la extinta Superintendencia de Bancos, Jorge Cayazzo, analizó la actual situación de capital de la banca -la que definió como “holgada”- y estimó el impacto que tendría este cambio en el nivel neutral.

De los grandes bancos, verían disminuida su holgura de forma importante Scotiabank, que llegaría a un 1,2%, Itaú a 1,4%, y BancoEstado a 1,8%.

Actualmente, las exigencias regulatorias representan el 11,1% de los activos ponderados por riesgo, mientras que el sistema cuenta con un 15,8% de capital, lo que se traduce en una holgura de 4,7%. Sin embargo, concluída la aplicación de Basilea III, ese margen se reduciría a 3,2%.

Ahora bien, según los cálculos que entregó, el incremento del colchón contracíclico a 1% en 2026 exigiría US$ 1.400 millones, reduciendo la holgura patrimonial del sistema bancario a 2,7%.

Requerimientos por banco

Bajo los nuevos requisitos, entidades como Banco de Chile y Santander continuarían liderando en capital disponible entre las principales firmas locales, aunque verían un ajuste significativo (ver tabla).

Fuente: Deloitte

En tanto, de los grandes bancos, los que verían disminuida su holgura de forma importante serían Scotiabank -que llegaría a un 1,2%-, Itaú, que quedaría con 1,4%, y BancoEstado, con 1,8%.

Mientras, entidades más pequeñas, como Banco Internacional o Banco Ripley, enfrentarían mayores desafíos para cumplir con estas nuevas exigencias.

Cayazzo advirtió que existe una clara tendencia al aumento en las exigencias de capital que las autoridades pueden imponer a los bancos. Además de los cargos contracíclicos, mencionó los requerimientos por el Pilar 2, que actualmente son de 0,4% pero podrían llegar al 4%, y los cargos a bancos sistémicos, con un promedio de 1,3%.

Así, sostuvo que los cargos por Pilar 2 van en aumento, acercándose al promedio europeo de 2%. “Ello consumiría parte importante de las holguras de capital que dispone el sistema bancario, lo cual requeriría planes de capitalización agresivos en el corto plazo”, añadió.

Indicó que esta tendencia se produce en medio de un contexto económico desfavorable “donde el crédito, que es la actividad que mayor capital consume, viene mostrando señales de debilidad en los últimos años”.

Añadió que “otorgar gradualidad a los nuevos cargos de capital tampoco ayuda”.

El socio de la Big Four enfatizó que, como los bancos adoptan decisiones de mediano y largo plazo, la gradualidad anunciada les permite “preparar sus planes de capitalización para atender a esa exigencia futura, pero sus decisiones de negocio evidentemente deben considerar en forma inmediata ese cargo esperado”.

Uso de modelos internos

Como planes a seguir, Cayazzo destacó que el actual marco normativo ofrece una opción para aliviar las exigencias de capital de los bancos: el uso de modelos internos para determinar los activos ponderados por riesgo.

El socio de la consultora indicó que ello requiere un trabajo de preparación de las instituciones y posterior autorización por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y añadió que se estima un plazo de al menos dos años para que sean aprobados a nivel local.

Según explicó, el uso de modelos internos es una realidad extendida internacionalmente, pues fueron introducidos en 2004 con el Acuerdo de Basilea II, al cual Chile no se sumó.

Por el lado de las autoridades, Cayazzo sostuvo que “parece razonable hacer una tregua regulatoria de corto plazo, posponiendo para más adelante aquellas iniciativas regulatorias y legales que puedan tener impacto en los bancos”, aunque precisó que esto debería ser siempre y cuando dicha postergación no comprometa los principios prudenciales que deben guiar las decisiones de las autoridades.