Itaú en picada en caso de tarifas por transferencias electrónicas: "Los bancos no son buzones de la decisión de BancoEstado”

Itaú Corpbanca se sumó a la disputa que lleva adelante un grupo de bancos privados -Scotiabank, BICE, Security e Internacional- contra BancoEstado para que cumpla el fallo de la Corte Suprema que estableció en abril que debía realizar cobros igualitarios y no discriminatorios por los servicios de transferencias electrónicas interbancarias. 

El banco brasileño ingresó un escrito el 8 de julio ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) donde reclamó que BancoEstado no ha cumplido la sentencia: “Sencillamente no es posible seguir ejecutando una conducta calificada como contraria a la libre competencia y arbitraria y cumplir con la sentencia al mismo tiempo”, protestó la entidad. 

Añadió que “no solo vulnera la lógica jurídica, sino que corresponde a una exigencia de la buena fe y del acatamiento de una sentencia judicial”.

Itaú detalló que ha continuado pagando y en forma transitoria las facturas que ha emitido BancoEstado por las transferencias electrónicas interbancarias que se realizan “con una tarifa que ha sido declarada como ilegal, obviamente, en el entendido de que se trata de una situación transitoria y qué no será posteriormente controvertida por el mismo”. 

Justificó que pagó estas tarifas entendiendo que “el fallo iba a ser cumplido en la próxima facturación de las tarifas bancarias o en el plazo inmediatamente siguiente, cuestión que no ha ocurrido a la fecha” 

Según el banco que es dirigido por Gabriel Moura, estimó que para cumplirse con la sentencia de la Suprema por parte de BancoEstado  debió haberse ejecutado en la próxima facturación desde su dictación.

Criticó que “no basta con señalar que se ha dado cumplimiento al fallo mediante la contratación de una economista" que goza de gran prestigio y de méritos suficientes”.  Esto, pues el banco estatal comunicó que fichó el 23 de mayo los servicios de Butelmann Consultores, firma liderada por la economista y exministra del TDLC, Andrea Butelmann, para que lleve a cabo un informe sobre tarifas por el servicio de recepción de transferencias electrónicas que el banco provee a los bancos comerciales.

Itaú remarcó que “los bancos no son buzones de la decisión que adopte BancoEstado, sino que por el contrario, estas tarifas deben obedecer a criterios no arbitrarios, ni discriminatorios, y además deben ser iguales para todos los bancos, debiendo justificarse detalladamente cómo llegan a ellas y el sustento de las mismas”. 

Otro reparo que manifestó la entidad financiera es que un cumplimiento “de buena fe de la sentencia” por parte de BancoEstado es que “debió haber suspendido el cobro de las tarifas controvertidas hasta que fueran correctamente determinadas. En cualquier caso, las tarifas al menos debieron ajustarse, momentáneamente, a la tarifa que se cobraban todos los bancos entre sí, con excepción del BancoEstado y después ajustar a la baja según la tarifa eficiente que se fije en el proceso”. 

La invitación de Itaú

Previamente al ingreso del escrito al TDLC, el gerente corporativo legal de Itaú Corpbanca, Cristián Toro, le envió una carta el 2 de mayo al en ese entonces vicepresidente de BancoEstado, Juan Cooper, con la intención de concretar una reunión destinada a iniciar un proceso de determinación de tarifas conforme a los criterios zanjados por la Corte Suprema.

Debido a que Itaú pagó las facturas por las antiguas tarifas que tenía BancoEstado y que fueron declaradas como ilegales “a fin de no causar mayores inconvenientes”, el banco designó al gerente de Operaciones Financieras, Aldo Cornejo, para la coordinación de los procesos de facturación y la emisión de los documentos tributarios y contable”. 

Casi un mes después, BancoEstado respondió a Itaú. La fiscal de la compañía estatal, Isabel Margarita Cabello, aseguró que “BancoEstado está trabajando responsable y diligentemente en el levantamiento y actualización de toda la información necesaria para implementarlo a la brevedad posible”.

Afirmó que “una vez hecho aquello, y realizado el estudio técnico que hemos encargado, BancoEstado pondrá en conocimiento de los bancos las tarifas igualitarias y no discriminatorias que se determinen aplicar por el servicio de recepción de transferencias electrónicas de fondos, las cuales le han de permitir salvaguardar sus costos y obtener una adecuada retribución, conforme los estándares exigidos por nuestra Ley”. 

Cabello garantizó que tienen “la mejor disposición” en orden a reunirse con los representantes del ltaú, “para formalizar la aplicación de estas tarifas, mediante la suscripción de un contrato bilateral, cuyo contenido y alcance será el mismo para todos los bancos”, todo ello luego de que sean informadas las tarifas que emanen del proceso de autorregulación. 

La defensa 

BancoEstado salió a defenderse ante el TDLC y señaló a través de un escrito presentado el 13 de julio que “la autorregulación de tarifas no es un acto inmediato y que se realice sin mayor análisis ni estudio al respecto, sino que es en sí mismo un proceso, el que requiere de un análisis serio y acabado, junto con consideraciones de modelos de cumplimiento, aspectos económicos, comerciales, financieros, entre otros, razón por la cual comprende más consideraciones que la sola fijación, a ciegas, de una tarifa”.

El banco presidido por Jessica López recordó al Tribunal que los procesos de autorregulación no son sencillos y “se ha requerido un tiempo razonable para poder llevar a cabo dicho cometido, tal como ocurrió en la causa de Transbank”.