El escándalo de corrupción en Odebrecht, reconocido por la propia constructora brasileña ante la justicia de Estados Unidos, abrió en 2016 la caja de Pandora y desencadenó un efecto dominó en la región: se iniciaron investigaciones judiciales que han llevado tras las rejas a funcionarios de Brasil, Colombia y Perú. Existen sospechosos en Argentina y Ecuador, y Venezuela se ubica como el segundo país con la mayor suma de sobornos a miembros del gobierno.
Sin embargo ayer, el caso tomó un nuevo giro y dejó como cara más visible al expresidente peruano, Alan García.
El exmandatario falleció en un hospital de Lima tras dispararse en la cabeza, minutos después de que fiscales y policías llegaran a su residencia para detenerlo -de forma preliminar por diez días- por las indagatorias en su contra, por presuntamente recibir aportes de la empresa brasileña para su campaña electoral de 2006 y por aceptar sobornos a cambio de la licitación de la línea 1 del metro de Lima.
Así, las develaciones de Marcelo Odebrecht, quien dio a conocer los supuestos nexos de importantes políticos latinoamericanos con el escándalo de corrupción transnacional más grande de la historia, se cobra su primera víctima de alto perfil.
Legalmente, los supuestos actos de corrupción ocurridos durante el mandato del líder aprista seguirán siendo investigados, pues involucran a al menos ocho personas más. La muerte del exmandatario -quien no tendrá un funeral de Estado por pedido de sus familiares- sólo archiva las imputaciones en su contra y deja sin efecto acciones en contra de sus bienes.
Razones de la detención
García, de 69 años, se había convertido en uno de los políticos más conocidos de la nación andina. Su capacidad de oratoria, que lo llevó a apodarse “el Kennedy de América Latina”, le permitió liderar el Ejecutivo en dos oportunidades (de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011), a pesar de que su primera gestión estuvo marcada por el desastre económico, la hiperinflación, el conflicto social y el implacable ascenso del movimiento guerrillero Sendero Luminoso.
A su salida del Palacio de Miraflores quedó atrapado en el escándalo Odebrecht, que comenzó en Brasil y se ha extendido por toda América Latina.
Era señalado, más no había condena ni juicio pendiente, por lavado de activos y colusión agravada; una acusación que siempre negó. Y, aunque en noviembre había buscado refugio en la embajada de Uruguay en su país -que fue rechazado-, recién el martes aseguró que no se asilaría ni escondería.
Y es que el domingo, el exjefe de Estado había quedado de nuevo cercado por el escándalo, luego de que se revelara que su exsecretario presidencial y amigo cercano, Luis Nava Guibert, y el hijo de éste, José Antonio Nava Mendieta, recibieron más de US$ 4 millones durante su segundo gobierno.
García acusó “de asesinato moral” a quienes atacan a los implicados. “¿Cuáles son los elementos que me vinculan a esos hechos? Sería un abuso más”, dijo. “Tengo impedimento de salida del país desde hace cuatro meses. No tengo nada más que lo que procede de mi sueldo, mis conferencias, mis libros y mi pensión”, explicó.
Ya en febrero, el exmandatario había declarado ante la fiscalía, en carácter de testigo, negando las acusaciones. Dijo: “A mí no me metan en la pandilla de los expresidentes”.
Pandilla de expresidentes
Esa “pandilla” a la que se refirió comprende los últimos cincos presidentes peruanos, quienes ya han cumplido condena en prisión por corrupción o están bajo investigación.
Desde el gobierno de Alejandro Toledo en 2001, hasta el de Pedro Pablo Kuczynski en 2016, todos los jefes de Estado están señalados por vínculos con Odebrecht.
Toledo es acusado de tráfico de influencias y lavado de activos, luego de que recibiera alrededor de US$ 20 millones para favorecer a la firma brasileña en la concesión de la autopista Interoceánica Sur. Sobre él pesa un pedido de extradición desde EEUU, donde se encuentra prófugo.
Su sucesor, Ollanta Humala (2011-2016), está en espera de juicio en Lima. Al igual que su esposa Nadine Heredia, estuvo en prisión preventiva hasta mayo de 2018, acusado de recibir aportes de Odebrecht y de otros actores, como Venezuela, para la campaña electoral que lo llevó al poder en 2011.
En tanto, Pedro Pablo Kuczynski -quien apenas logró gobernar por 20 meses-, pasó a ser detenido el viernes por petición de un equipo de investigadores de la Fiscalía debido a delitos supuestamente cometidos durante su etapa como ministro de Toledo, al otorgar dos concesiones al gigante brasileño: la carretera Interoceánica Sur y el proyecto de irrigación e hidroeléctrico Olmos. También se le imputa blanqueo de capitales en perjuicio del Estado.
Otros líderes políticos, como Keiko Fujimori, están bajo la lupa de la justicia acusados de recibir dinero de la constructora.
Contagio regional
Según declaraciones de Marcelo Odebrecht, desde 2001 se habrían destinado casi US$ 800 millones en coimas, asociados a más de 100 proyectos en 12 naciones. Ello no contabilizaría el total de los países donde opera la compañía.
Por ejemplo, sólo en Venezuela, la firma brasileña pagó más de 630 millones de reales (US$ 173 millones) en sobornos y aportes ilegales para campañas electorales de actores políticos del chavismo y de la oposición entre 2006 y 2014.
Según información que surge de una investigación de la Procuraduría General de Venezuela, cuando el organismo se encontraba bajo el mando de la fiscal Luisa Ortega Díaz -quien huyó del país en 2017-, sólo la campaña de Nicolás Maduro en 2013 recibió más de US$ 30 millones.
En Colombia, el exsenador Otto Bula declaró en febrero de 2017, haber recibido US$ 4,6 millones en sobornos y haber destinado US$ 1 millón a la campaña de Juan Manuel Santos. En Brasil se habrían pagaron alrededor de US$ 329 millones y en Argentina US$ 35 millones.
Los peruanos involucrados en el caso Lava Jato
En diciembre de 2016, Odebrecht reconoció haber pagado más de US$ 29 millones en sobornos a funcionarios públicos, empresarios y políticos peruanos, además de realizar aportes a campañas electorales. Desde entonces, hay 38 pesquisas abiertas y más de 250 investigados. Estos son sólo los políticos más visibles señalados en el escándalo.
La batalla política y legal que se enciende para Martín Vizcarra
El presidente peruano, Martín Vizcarra, aseguró a su llegada al poder -tras la salida abrupta de Pedro Pablo Kuczynski-, que haría una limpieza en materia de corrupción. Pero, la muerte de Alan García y la delicada situación de Pedro Pablo Kuczynski despertó dudas de si su afán por cumplir la promesa ha llevado a jueces y fiscales a cometer excesos.
La Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima abrió una investigación preliminar contra los fiscales encargados del allanamiento al líder del aprista, por presuntas infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones.
Así las cosas, su muerte podría encender, mucho más, un debate abierto surgido tras la detención de Keiko Fujimori y de PPK: ¿fiscales y jueces actúan imparcialmente y de acuerdo a derecho, o llevan adelante una persecución política con respectivos excesos?
Para analistas, se desatará una feroz polarización entre quienes apoyan o atacan a fiscales y jueces. Ello podría llevar a que el comportamiento de los involucrados en las solicitudes de detenciones preliminares y preventivas varien. De hecho, la solicitud de arresto domiciliario para PPK puede ser consecuencia de lo ocurrido con García, y el temor a que fallezca por problemas de salud.
Los acusados e investigados utilizarán estos hechos para tratar de sustentar una persecución política o "excesos" judiciales. Las decisiones podrían empezar a ser sometidas a intensos debates; y la batalla mediática y política será mucho más intensa contra fiscales y contra el mismo gobierno, a quién algunos señalan como inspirador de la persecución para levantar su aprobación en las encuestas.
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