El Gobierno
argentino rompió hoy el diálogo para superar el conflicto con el campo,
ofendido por la "fenomenal agresión" del sector a la investidura de
la jefa del Estado, Cristina Fernández, durante la masiva protesta del domingo.
Dos ministros acusaron, además, a los dirigentes agropecuarios de cobijar un
acto opositor y de poner condiciones inaceptables para negociar una salida al conflicto,
que hoy cumple 75 días con el consiguiente impacto negativo en la economía.
"Esto es una enorme equivocación", aseguró el presidente de la Sociedad Rural,
Luciano Miguens, para quien la ruptura del diálogo causa "un daño
enorme" al país.
"No somos la oposición", subrayó Miguens, el único dirigente rural
que no ha sido blanco de la áspera reacción oficial a la protesta del domingo,
que reunió a por lo menos 200.000 personas en la ciudad de Rosario, a 300 kilómetros de
Buenos Aires.
El dirigente reiteró que el campo busca una fórmula de conciliación ante el
aumento de los impuestos a la exportación de granos, dispuesto el 11 de marzo
pasado, lo que desató huelgas y protestas contra esa medida y otras
regulaciones gubernamentales.
Algunos diarios de Buenos Aires consideraron hoy que Cristina Fernández, quien
lleva cinco meses y medio de gestión, sufrió el domingo la mayor manifestación
de protesta desde el restablecimiento de la democracia, en 1983.
El jefe del Gabinete, Alberto Fernández, sostuvo que el discurso que primó
durante el masivo acto de Rosario "rompe toda lógica de diálogo".
"Todos los discursos fueron con frases enormes, con conceptos tremendos, y
esta idea permanente de que si no se hace lo que el campo quiere, no hay
posibilidad de encontrar una solución", remarcó en declaraciones a radios
locales.
El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, opinó, a su vez, que los discursos
de los dirigentes del campo, "salvo el de Miguens", fueron "de
agresión fenomenal" a la jefa del Estado.
Dijo que los dirigentes del sector agropecuario pusieron en duda "la
legitimidad" del Gobierno de Cristina Fernández, entre otras cosas
"inaceptables" de las que culpó, sobre todo, a Eduardo Buzzi, líder
de la Federación
Agraria, la más combativa de las cuatro asociaciones en
conflicto.
Aníbal Fernández reiteró que el Gobierno no está dispuesto a cambiar su
política impositiva y apuntó que el sector rural debió manejar sus protestas
"con prudencia", en alusión a la participación de jefes de los
principales partidos políticos de la oposición en la masiva manifestación de
protesta.
Los dirigentes agropecuarios impidieron a los políticos subirse al palco desde
donde hablaron a la multitud reunida en Rosario, que contrastó con las 20.000
personas que acudieron el domingo al acto de Cristina Fernández, en la norteña
ciudad de Salta, con motivo del aniversario del 25 de mayo 1810, antecedente de
la independencia argentina.
"Cada vez se va dificultando más el diálogo: se habla ahora de ofensas,
¿pero qué esperaban, que la gente aplaudiera al Gobierno?", remarcó
Miguens a radios y canales de televisión.
El presidente de Sociedad Rural insistió en que el campo no busca imponer su
rechazo a las políticas del Gobierno, sino "negociar una solución"
que concilie las posiciones de las partes en conflicto.
Pero Alfredo De Angeli, dirigente de la Federación Agraria,
reiteró hoy que si no se "baja el famoso decreto" que aumentó los
impuestos, "habrá que hacer acciones" de fuerza como las efectuadas
desde marzo, que incluyeron huelgas comerciales y bloqueos de carreteras.
El conflicto impacta en el mercado de capitales, donde el precio de los bonos
públicos cayó en picada a los niveles de hace tres años, y afecta a la
industria frigorífica y láctea por las trabas a la exportación de carne vacuna
y las protestas de los productores de leche.
Se calcula que el Banco Central ha vendido unos US$ 2.000 millones para
impedir que subiera el precio del billete estadounidense y los expertos
coinciden en que las consultoras privadas revisan a la baja su pauta de
crecimiento económico de este año, que situaban en por lo menos un 7%.