Si el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, recientemente tomó un desvío kafkiano atravesando el Tribunal Federal brasileño TF4. Allí, el 24 de enero, un panel de tres jueces ratificó la condena al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva por cargos de corrupción. La decisión cayó como una bomba sobre las elecciones presidenciales de Brasil. Pese a presidir dos legislaturas que incluso uno de sus ministros describe como las más corruptas de Brasil, el exlíder del Partido de los Trabajadores (PT) lidera las encuestas para ganar las elecciones de octubre. Pero la decisión del tribunal podría impedir presentarse al icono de la izquierda.
Dramas similares se repetirán por toda América Latina este año. Seis países -incluidos los de mayor población, Brasil, México y Colombia, más el régimen socialista de Venezuela- celebrarán elecciones presidenciales. No obstante, lejos de ser festejos de la democracia, los comicios supondrán el mayor test de la fortaleza de las democracias de la región desde las transiciones de la dictadura en la década de 1980.
Las elecciones se producen en un momento de ira popular por las investigaciones de corrupción. Éstas han hecho rendir cuentas a figuras antes intocables. Sólo en Brasil, el actual presidente, Michel Temer, cuatro expresidentes y 100 políticos federales están en prisión o bajo investigación. Pero las revelaciones sobre delitos financieros también han enfurecido a los ciudadanos, han minado su confianza en las instituciones y han desestabilizado sistemas políticos enteros, sin ofrecer soluciones para volver a juntar las piezas. Las campañas presidenciales de 2016 rehicieron la política estadounidense, y 2018 podría implicar lo mismo para Latinoamérica.
Aprovechando el clima de enfado, los populistas están al acecho. En Colombia, donde la corrupción es una de las primeras preocupaciones, los escándalos han desconcertado a unos votantes ya nerviosos por el acuerdo de paz alcanzado con los rebeldes marxistas el año pasado. Dos exlíderes de la guerrilla se presentarán incluso a presidente en junio, algo sin precedentes para un país que los ha combatido durante 50 años. El caos hiperinflacionista en la vecina Venezuela agrava la inestabilidad.
El siguiente en el calendario es México, donde el inconformista de izquierdas Andrés Manuel López Obrador, un nacionalista que quiere erradicar la corrupción pero que cree que Fidel Castro fue un héroe, lidera las encuestas para las elecciones de julio. La incertidumbre se ve agravada por el presidente estadounidense Donald Trump, que amenaza con construir un muro y poner fin al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA).
En Brasil, Jair Bolsonaro, un congresista de derechas y excapitán del ejército, sostiene que la posesión de armas debería ser algo normal y que la homosexualidad en los niños se puede evitar a base de golpes. Ocupa el segundo puesto en las encuestas haciendo campaña contra Lula.
Al final del año, dos de cada tres latinoamericanos, de países con un PIB de 4 billones de dólares, tendrán nuevos presidentes. Costa Rica y Paraguay celebran elecciones. Venezuela, que debe a los bonistas internacionales unos 60.000 millones de dólares, vivirá lo que promete ser una farsa electoral antes del 22 de abril. Incluso la Cuba comunista tendrá un nuevo presidente cuando Raúl Castro abandone el cargo el 19 de abril, y por primera vez en 60 años no será un Castro.
Paralelismos
Existen paralelismos con el reordenamiento político en los países desarrollados. Los partidos tradicionales se están hundiendo, personas externas están forzando el cambio y el enfado popular amenaza con reescribir el orden constitucional. Según la empresa demoscópica LatinoBarómetro, sólo el 53% de los latinoamericanos cree que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Sólo uno de cada siete confía en sus conciudadanos. Son las cifras más bajas en más de una década. Este desasosiego está presente en importantes democracias como Brasil o Colombia, y aún más en la autoritaria Cuba y en Venezuela.
Pero, pese a la tensión política y a que los inversores han cubierto sus apuestas, los dos últimos años han sido testigos de cierto giro en Latinoamérica. La región, que prácticamente definió el populismo, ha rechazado sus cantos de sirena incluso cuando EEUU y Europa parecían abrazarlos. Tras una década de gobierno, a menudo corrupto, de la izquierda, centristas pragmáticos subieron al poder en Brasil, Argentina, Chile y Perú. Con la ayuda de políticas más ortodoxas, las economías sudamericanas, perjudicadas por el final del boom de los precios de las materias primas, empezaron a recuperarse de largas recesiones. Los mercados lo celebraron. Entre finales de 2015 y 2017, el índice MSCI de acciones latinoamericanas subió más de un 50%.
Desde entonces, no obstante, el ambiente ha empeorado. El epicentro del pesimismo es la Operación Autolavado contra la corrupción en Brasil, por los sobornos en la petrolera estatal Petrobras. Impulsada por la presión de la sociedad civil y liderada por una judicatura independiente, la Operación Autolavado probablemente sea la mayor investigación por corrupción de la historia de Latinoamérica. También dio pie a otras investigaciones, en especial a Odebrecht. La constructora brasileña, con proyectos multimillonarios en Latinoamérica y África, estableció lo que el Departamento de Justicia de EEUU ha calificado como la mayor red mundial de sobornos. Desde entonces, se han presentado cargos por corrupción contra los expresidentes de Argentina y Panamá; dos expresidentes de Perú y el actual vicepresidente; el exvicepresidente de Ecuador; y ambos bandos en las elecciones de Colombia del año pasado.
Una excepción notable a este proceso es México, y no porque el Partido Revolucionario Institucional en el Gobierno esté limpio, sino porque el presidente Enrique Peña Nieto sólo ha hecho esfuerzos simbólicos para combatir la corrupción. En diciembre, la Cámara de Diputados, aprobó que los ciudadanos no puedan publicar acusaciones por corrupción en Internet si éstas pueden dañar la credibilidad del objetivo, aunque las acusaciones resulten ser ciertas. No cabe duda de que erradicar la corrupción beneficiaría a Latinoamérica. El secuestro del Estado y la corrupción van de la mano con el crimen violento, una lacra que tiene un coste para la región cercano al 3% del producto interior bruto, equivalente a 236.000 millones de dólares al año, según los cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Pero la purga ha tenido un coste. Los escándalos han congelado la inversión, han contenido la recuperación económica, han sacudido el orden político tradicional y han polarizado a unos electorados ya furiosos por la recesión y el cierre de servicios públicos. Las redes sociales han avivado el descontento. Según la consultora ComScore, en proporción, Latinoamérica pasa más tiempo en las redes sociales que ninguna otra región. En el extranjero, grupos solidarios internacionales se han movilizado en apoyo de figuras castigadas de la izquierda como Lula da Silva. Preocupa también, sobre todo en EEUU, que Rusia pueda sembrar cizaña tras la presunta interferencia en las elecciones presidenciales estadounidenses y en el referéndum de Cataluña.
Futuro de la democracia
A finales de 2018 la región sabrá si su campaña contra la corrupción es un signo de que las democracias se están fortaleciendo, o les ha asestado un golpe letal. La historia no sirve de consuelo. El proceso Manos Limpias que vivió Italia en los años 90 inspiró a los jueces y fiscales brasileños. Pero aunque ayudó a limpiar el Gobierno italiano, también elevó al populista Silvio Berlusconi. Los primeros indicios son premonitorios. En Honduras, ante las acusaciones de que importantes autoridades tienen vínculos con el tráfico de drogas, el expresidente Juan Orlando Hernández fue reinstaurado en el poder el año pasado para una segunda legislatura tras unas elecciones disputadas en las que se produjeron disturbios que dejaron más de 30 muertos.
Pero es demasiado pronto para saber qué podría ocurrir en otros países. Basándonos en las futuras tendencias a las que apuntan los mercados, puede no ser todo malo. Tras las fuertes caídas sufridas el año pasado, las bolsas latinoamericanas han subido con fuerza, apoyadas por un rally generalizado de los mercados emergentes, mientras que las divisas han repuntado.
En Brasil, pueden emerger candidatos más moderados a medida que se debilitan las figuras polarizantes de Lula da Silva y Bolsonaro. La tercera en las encuestas es Marina Silva, una defensora del medio ambiente que se presenta a sus terceras elecciones. Hay otras figuras como Geraldo Alckmin, un gobernador de centro derecha del estado de São Paulo, y Jaques Wagner, un exgobernador de Bahía de la izquierda. En México, las empresas han buscado consuelo en la trayectoria de López Obrador como alcalde de Ciudad de México. Al mismo tiempo, el candidato de centro derecha Ricardo Anaya le pisa los talones en las encuestas, y Trump ha suavizado sus declaraciones sobre el NAFTA.
Colombia puede virar a la izquierda, pero teniendo como vecino a Venezuela, es poco probable que escoja a un extremista. Todavía no se han anunciado los candidatos, pero las encuestas prácticamente las encabeza Sergio Fajardo, un exalcalde de la izquierda de Medellín, al que en cualquier otra parte se consideraría un socialdemócrata sensato.
El argumento optimista es que las elecciones de este año profundizarán la democracia en América Latina, permitiendo que continúe el proceso de extirpación de la corrupción liderado por Brasil. La visión optimista es que esta cirugía, aunque necesaria, puede matar al paciente.
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