Nueva Zelanda tiene un pobre historial en materia de seguridad laboral en comparación con países desarrollados similares. A pesar de que la reforma contó anteriormente un amplio apoyo, el gobierno del Partido Nacional de centroderecha está encontrando oposición a sus cambios a las leyes de salud y seguridad actualmente en el Parlamento. La aprobación de la ley se ha retrasado debido a negociaciones en curso entre el Partido Nacional y algunos de sus socios de la coalición, aunque es probable que la legislación se apruebe pronto. Sin embargo, las regulaciones que acompañan a la nueva propuesta de Salud y Seguridad en el Trabajo aún no se han finalizado, lo que conducirá a la incertidumbre regulatoria en ciertas industrias.
El gobierno se comprometió a reformar las leyes de salud y seguridad de Nueva Zelanda tras el desastre de la mina de Pike River, en noviembre de 2010, cuando 29 personas murieron a raíz de un acci-
dente de trabajo. De acuerdo con un documento de 2013 encargado por el Grupo de Trabajo Independiente sobre Salud y Seguridad Laboral (que fue establecido por el gobierno en 2012), la tasa de accidentes laborales mortales de Nueva Zelanda fue de 4,2 muertes por cada 100.000 personas en el período 2005-2008, el doble que la de Reino Unido, el mejor desempeño de los nueve países de la OCDE estudiados, y muy por encima de la de Australia (que tenía una tasa de 2,7). El gobierno ha establecido el objetivo de reducir la tasa de accidentes laborales y lesiones graves en al menos 25% a 2020.
Reglamento para el siglo XXI
Las cinco primeras partes del proyecto de Ley de Salud y Seguridad, una versión modificada de la Ley de Seguridad y Salud Laboral australiana, se convertirán en la nueva Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo de Nueva Zelanda, la que el gobierno espera implementar en 2016. La legislación propuesta actualiza la ley de 1992 en un intento por reflejar los acuerdos laborales modernos mediante la ampliación de la definición de empleado y empleador. El primero se ha ampliado para incluir a todos aquellos que realizan un trabajo en cualquier capacidad (como los empleados, contratistas y trabajadores en prácticas), mientras que el segundo se define como "Personas que Dirigen una Actividad o Empresa (PCBU, su sigla en inglés)". De acuerdo con el proyecto de ley, un PCBU debe garantizar, en la medida que sea posible, que nadie sea puesto en riesgo por el trabajo que realiza, con todos los trabajadores disfrutando del mismo nivel de protección independientemente de su relación contractual. El proyecto de ley también propone penas más duras en caso de incumplimiento de la legislación actual.
El proyecto de Ley de Salud y Seguridad también busca mejorar la seguridad en el trabajo mediante el aumento del compromiso y la participación de los empleados en la toma de decisiones en temas de salud y seguridad. Con este fin, el proyecto de ley original (que recibió el apoyo unánime cuando se introdujo en marzo de 2014) dio a todos los trabajadores el derecho de elegir un representante de salud y seguridad en su lugar de trabajo. Sin embargo, en lo que fue sin duda la enmienda más controversial introducida recientemente, el proyecto de ley actualmente en el Parlamento propone que las empresas con menos de 20 empleados estarán exentas de este requisito si se solicita, a menos que trabajen en una industria considerada de "alto riesgo". De acuerdo con el opositor Partido Laborista, esto se traducirá en 300.000 trabajadores a los que se les niegue el derecho a elegir a un representante.
Sin apoyo
Como resultado a los cambios de los comités seleccionados, el Partido Laborista, el partido Nueva Zelanda Primero y el Partido Verde han retirado su respaldo al proyecto de ley. El Partido Laborista afirma en el informe del comité de selección que las enmiendas "diluyen sustancialmente el proyecto de ley" y "supone un duro golpe a la perspectiva de la reforma de salud y seguridad de alta calidad". El partido afirma que el Partido Nacional ha cedido a la presión de los empleadores que representan a la comunidad de pequeñas empresas, que han expresado su preocupación por el costo potencial y el impacto operacional de la nueva legislación. Sin embargo, el ministro de Relaciones Laborales y Seguridad, Michael Woodhouse, afirma que el proyecto logra el equilibrio adecuado entre seguridad y burocracia innecesaria. Sostiene que 75% de los trabajadores todavía tendrá derecho a elegir a un representante y que la exención no pondría en peligro el objetivo general del proyecto de mejorar la salud y la seguridad en el trabajo.
El Partido Nacional también ha sido objeto de críticas por su propuesta de definición de las industrias de "alto riesgo". Bajo los criterios propuestos, una industria de "alto riesgo" es la que conlleva el peligro de un evento catastrófico que puede causar múltiples muertes, tiene una tasa de mortalidad superior a 25 muertes por cada 100.000 trabajadores, o una tasa de lesiones graves por encima de 25 por cada 1.000 trabajadores. La aplicación de estos criterios a la Clasificación Industrial Estándar de Australia y Nueva Zelanda desarrollada por la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) y Estadísticas de Nueva Zelanda significaría que 57 industrias serían clasificadas como de "alto riesgo".
La combinación de estos criterios de riesgo y los sectores industriales usados ha provocado controversia. Por ejemplo, el sector lácteo, pilar de la economía, suma un elevado número de muertes en términos absolutos, pero esto refleja en parte el gran número de personas empleadas en el sector. Con 16 fallecidos por cada 100.000 trabajadores, su tasa de mortalidad es inferior al umbral propuesto, por lo que no está clasificado como de alto riesgo. La cría de ganado ovino y bovino tampoco está clasificada como de alto riesgo. Por otro lado, las actividades inocuas como la cría de perros o de gusanos serían clasificados como de alto riesgo en el marco del nuevo proyecto, ya que están agrupadas con otras operaciones agrícolas mucho más riesgosas en la categoría "otra ganadería". Estas anomalías han sido ampliamente cuestionadas en los medios y descritas como "ridículas" por parte del líder laborista, Andrew Little.
Denuncia presiones
Woodhouse sostiene que actividades como la cría de gusanos se eliminarán de la categoría de alto riesgo, como parte de un proceso de consulta sobre las regulaciones específicas de la industria. Sin embargo, los partidos de la oposición sostienen que estos problemas obvios deberán abordarse antes de que se apruebe la ley. El debate sobre las anomalías en la clasificación de riesgo de las actividades ha dejado al Partido Nacional expuesto a acusaciones de que ha sucumbido a la presión de los agricultores (una afirmación negada por Woodhouse). Por otra parte, existe el riesgo de que el enfoque de los medios en este tema específico socave el apoyo público al proyecto de ley, eclipsando otras medidas importantes.
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