Ecuador se ha convertido en el segundo país de Latinoamérica sujeto a una demanda presentada por los denominados holdouts, tenedores de bonos no reestructurados. GMO Trust, una firma de inversiones basada en Boston, demandó el 12 de diciembre a la República de Ecuador ante una Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan) por el impago de bonos extranjeros con fecha de diciembre de 2008. El caso podría complicar los esfuerzos del país de conseguir financiamiento externo adicional en 2015, en momentos en que la caída en los precios del petróleo está afectando los ingresos fiscales.
Desoyendo a sus asesores legales, el presidente de izquierda Rafael Correa, en diciembre de 2008 siguió adelante con su muy anticipada amenaza y declaró la mayor parte de la deuda soberana del país por
US$ 3.800 millones "ilegítima" e "ilegal", suspendiendo el pago de US$ 3.200 millones en bonos con vencimiento en 2012 y 2030. Ecuador se mantuvo al día en US$ 600 millones en bonos con fecha de 2015 en los que el propio Correa había participado en estructurar cuando se desempeñó como ministro de Hacienda en 2005.
En 2009 el gobierno recompró cerca de 91% de los bonos impagos en efectivo a un fuerte descuento de 35% de su valor de carátula. Correa celebró esta maniobra como una victoria, ya que redujo los costos financieros del país. Sin embargo, los críticos destacaron que, en 2009, en el punto más álgido de la crisis financiera, Ecuador gastó más de lo que habría tenido que desembolsar en los pagos de los cupones, comprometiendo fondos que probablemente habrían estado mejor usados en apoyar a la economía interna. El default también empujó a Ecuador a una fuerte dependencia de China como fuente de préstamos, a tasas de interés comparativamente altas de cerca de 6%.
Regreso a los mercados
Desde 2013, en un esfuerzo por recuperar el acceso a los mercados financieros internacionales, Correa instruyó discretamente a sus representantes para que se contactaran con los tenedores de los bonos que no participaron en el canje de 2009, acordando eventualmente recomprar los bonos a tasas más altas que el 35% ofrecido en 2009. En mayo de 2014 Ecuador llegó a un acuerdo con la firma de Nueva York Greylock Capital Management para recomprar el 80% de los bonos impagos restantes. El gobierno también reanudó las consultas del Artículo IV con el FMI, que se habían suspendido en 2007. Ese fue el preludio para una nueva emisión, en junio, de US$ 2.000 millones en bonos a diez años (a una tasa de interés de 7,95%), la primera emisión soberana desde el default de 2008. El gobierno aseguró que la oferta fue dos veces sobresuscrita.
El caso GMO
GMO, que rechazó la oferta de recompra de 2014, dice que mantiene más de 25% del principal vigente en los bonos de 2030 restantes aún en default desde 2008. Estima el valor de carátula de estos bonos en
US$ 15,9 millones. Además, dado que no se ha realizado ningún pago de intereses desde febrero de 2009, bajo los términos del contrato original se ha producido una denominada Fecha de Restablecimiento de Principio. Esto le da derecho al tenedor del bono al pago de la totalidad del principal, más intereses, más un monto adicional de bonos equivalentes a 10% de sus posiciones. GMO, por lo tanto, calcula su reclamo agregado en US$ 17,5 millones, más intereses desde febrero de 2009 y cualquier daño legal en futuros juicios.
En su presentación, GMO afirmó: "A diferencia de otros reconocidos defaults soberanos, Ecuador no fue motivado por una crisis económica nacional o de deuda. En forma reveladora, a pesar de la referida inmoralidad e ilegalidad de la totalidad de su stock de deuda, Ecuador siguió pagando las emisiones restantes aparte de los US$ 3.200 millones en bonos impagos a 2030 y 2012". "Ecuador no ha hecho ningún intento por negar o justificar su default", agregó el reclamo. Enfatizó que la mayoría de sus posiciones están conformadas por bonos adquiridos en 2000 (los bonos fueron emitidos el 23 de agosto de 2000), lo que puede ser un esfuerzo por anticiparse a acusaciones de Correa de que está actuando como un "fondo buitre" (un especulador financiero que compra deuda en problemas).
GMO también alega que bajo los documentos que regulan la emisión de los bonos, cualquier acción legal puede ser emprendida en los tribunales federales o estaduales de la Ciudad de Nueva York; y que Ecuador perdió su inmunidad soberana. Acusa a Ecuador de tratar de presionar a los tenedores de 25% o más de los bonos impagos vigentes para que no buscaran acelerar el pago del principal y establecer acciones colectivas. GMO también envió una carta a un fideicomiso de los bonos en octubre, instruyendo que declare el monto del principal como "debido y pagable". Correa aún no ha comentado sobre la demanda.
Nuevas demandas
Ahora existe la posibilidad de que otros holdouts busquen presentar acciones similares. Aunque la cantidad total en cuestión parece relativamente pequeña (cerca de US$ 45 millones en el principal vigente), el precedente legal podría ser dañino para Ecuador. Más aún, Correa, que ha usado el default para su beneficio político, probablemente no va a querer retroceder. Otras partes podrían verse afectadas. Dada la cláusula de renegociación en los bonos emitidos en junio de 2014, Ecuador y los nuevos tenedores de bono disfrutarían de mayor protección de los tribunales que los actuales bonistas argentinos involucrados en un caso similar presentado por holdouts en el mismo tribunal de EEUU. Este, sin embargo, no es el caso para los tenedores de bonos emitidos en 2005 que se cumplen en 2015.
La demanda también podría resultar en un incremento de los costos de financiamiento para Ecuador en un momento delicado, cuando la caída en los precios del petróleo ha erosionado los ingresos fiscales. Los ingresos por exportaciones petroleras representan más de un tercio de los ingresos fiscales. A pesar de los préstamos chinos, y el acceso a fuentes multilaterales, Ecuador ha dado señales de que pretende regresar a los mercados internacionales de capitales en 2015, sin importar la posibilidad de mayores tasas de interés en EEUU. La Economist Intelligence Unit recientemente incrementó su pronóstico para el déficit del sector público no financiero en 2015 a 6% del PIB por los menores precios del petróleo. Las finanzas públicas estarán sujetas a mayor presión si Ecuador no logra cumplir sus necesidades de financiamiento totales, estimadas en más de US$ 11.000 millones.
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