Por más de una década, el gobierno chino se ha comprometido a hacer que su monopólico sector eléctrico sea más transparente y competitivo. Pese a que una ronda de reformas inyectó competencia en la industria eléctrica, también afianzó el monopolio de las empresas. Mayores acciones tendientes a separar la transmisión y la distribución y liberalizar los precios para el usuario final se estancaron a la luz de la oposición. Sin embargo, se está iniciando una nueva ronda de reformas.
En 2002 el gobierno desmanteló a State Power Corporation y creó cinco compañías de generación y dos monopolios de distribución. La competencia entre las "cinco grandes" generadoras estatales –Huaneng, Datang, Huadian, Guodian y China Power Investment Corp– provocó un alza significativa en la capacidad instalada, desde menos de 400 gigawatts en 2002 a más de 1.250 gigawatts en 2013. Pero la influencia de los dos monopolios estatales de distribución –especialmente State Grid Corp, la mayor utility del mundo– se multiplicó.
State Grid opera cinco de las seis redes eléctricas regionales; su socio más pequeño, China Southern Power Grid, maneja la transmisión y distribución en cinco provincias sureñas. Con el tiempo, State Grid expandió su propiedad de líneas de transmisión de larga distancia a utilities de ciudades y a activos de generación, afianzándose en la cadena de suministro de energía. Los esfuerzos por conectar más energía renovable al sistema (sin traspasar todo el costo a los consumidores) e introducir precios más transparentes y comerciales sufrieron.
Impulso reformista
La agenda de reformas que quedó inconclusa desde 2002 ganó impulso recientemente. Los líderes actuales de China han hecho público que están comprometidos con reformar al sector eléctrico. Las razones de su frustración son conocidas. Los precios establecidos administrativamente desalientan el desarrollo de energía renovable, alentando en cambio la dependencia de las plantas de energía a carbón, que contribuyen en gran medida a la contaminación. Las empresas de transmisión prefieren el carbón porque es más barato, ya que las ganancias de estas firmas, el principal barómetro de su éxito ante las autoridades, están determinadas por la diferencia entre los precios al usuario final y las tarifas pagadas a las generadoras.
Ambos son establecidos por la Comisión Estatal de Desarrollo y Reforma, el principal órgano de planificación económica de China. Entretanto, el gobierno ha elevado las tarifas de distribución de la energía eólica y solar. Los subsidios que debían persuadir a la red a conectar más instalaciones eólicas y solares no han sido efectivos, ya que la entrega de fondos puede tomar hasta un año.
Sin embargo, los cálculos del gobierno están cambiando. Enfrentar la degradación ambiental se está convirtiendo en una prioridad urgente, y habiéndose comprometido a permitir a los mercados jugar un mayor rol en la economía, la administración se está moviendo a reformar los precios determinados por el Estado. Está cada vez más dispuesto a elevar los costos a los usuarios finales y promover la energía renovable para apoyar las metas de reducir las emisiones de carbono. A eso se suma la meta de reformar a las empresas estatales para hacerlas más eficientes.
Sus posibilidades de alcanzar estos objetivos se han reforzado por las investigaciones anti corrupción lanzadas por el presidente Xi Jinping, que han apuntado a muchos de los intereses particulares que se oponían a las reformas energéticas.
¿Cuál es el plan?
En meses recientes, la comisión hizo circular un borrador que delineaba una agenda de reforma actualizada, luego de que Xi enfatizara la necesidad de lograr avances para fines de 2014. La propuesta apunta a mejorar la integración de la energía renovable en la red. La participación del carbón en la generación eléctrica caerá de dos tercios a sólo la mitad para 2020. El plan también introduciría precios comerciales más transparentes; impulsaría programas piloto que separarían la transmisión y la distribución; intentaría atraer inversión privada en la distribución; y experimentaría con las compras de electricidad directa por parte de usuarios industriales. Las discusiones han sido intensas, pero la intención del gobierno de avanzar es clara. A principios de noviembre la comisión también anunció el lanzamiento de un programa piloto en Shenzen, que comenzará el 1 de enero de 2015 y operará hasta 2017.
El programa entrega un indicativo de las políticas preferentes del gobierno. Experimentará con tarifas de transmisión y distribución independientes. Asimismo, los gobiernos locales establecerán un costo de transmisión y distribución "permisible", basado en la depreciación estimada de los activos de transmisión, los costos de mantención y administración.
Resolver esto será difícil, dado que las empresas de energía son reacias a revelar sus costos, pero el plan piloto estipula que los operadores deben entregarse a un mayor escrutinio de sus activos e ingresos. Más aún, la elección de Shenzen tiene la ventaja de que la ciudad está bajo la jurisdicción de China Southern Grid, una entidad menos poderosa que State Grid.
Al separar los ingresos y ganancias de las empresas de la cadena de valor, la prueba es un primer paso para crear una fórmula transparente para manejar los costos de transmisión. Esto también debería permitir que el gobierno diseñe una estructura tarifaria que incentive la conexión de renovables a la red.
Un barómetro importante de cuán rápido progresarán las reformas -y si el gobierno está ganando la batalla a los intereses particulares- en el sector será cuán rápido se extiende el piloto a otras provincias. Si esto pasa a principios de 2015, sugerirá que el nuevo modelo de precio está tomando impulso.
En el debate yace subyacente también la pregunta sobre el destino de State Grid. La empresa enfrentará una disminución de su poder y podría ser obligada a vender algunos activos. Eventualmente, podría incluso abrirse a inversionistas privados y extranjeros.