El gobierno peruano inicia 2015 afrontando una economía porfiadamente estancada, escándalos de corrupción en aumento, persistente criminalidad y partidos de oposición cada vez más combativos que van a apuntar a la administración del presidente Ollanta Humala, poniendo a prueba su capacidad de afirmarse de cara a las elecciones generales de 2016.
Humala firmó una ley para reducir los impuestos personales y corporativos a la renta en el último día de 2014, en un esfuerzo por destrabar el crecimiento en el año que comienza, que el gobierno estima será mayor a 5% en 2015 (la Economist Itelligence Unit pronostica una expansión de 4,5%).
Lograr que la economía crezca fuertemente no será fácil, a pesar de las medidas para estimular la actividad, que incluyen la reforma tributaria. La meta de 5% está basada en un mayor gasto público, particularmente más de US$ 10 mil millones en proyectos de infraestructura que deberán ser puestos en marcha en 2015 y aumentar la producción minera. Se espera que cada uno agregue un punto porcentual al crecimiento.
La inversión pública va a crecer, pero la producción minera permanece incierta debido al retraso en el inicio de nuevos proyectos y precios débiles. La producción de cobre, el principal producto de exportación de Perú, aumentó 1,6% en el año a noviembre. Se pronosticaba un aumento a tasas de dos dígitos para el año. La canadiense Hudbay pospuso el inicio de su mina de cobre Constancia de una producción de 82.000 toneladas anuales y US$ 1.800 millones en inversión hasta el segundo semestre de 2015, en lugar de comienzos de año, y la china MMG Limited anunció que la producción en la mina de cobre Las Bambas de 400.000 toneladas anuales y US$ 6 mil millones no va a comenzar hasta bien entrado 2016, en vez de este año. Anglo American anunció ya en diciembre que van a regresar el depósito de cobre Michiguillay al Estado. La inversión en el proyecto había sido estimada en US$ 1.000 millones.
El gobierno de Humala también va a tener que lidiar con los nuevas autoridades electas, quienes asumieron el 1 de enero y que se oponen a los proyectos clave en minería. Alcaldes de distrito de la provincia de Islay, en Arequipa, quieren que el Estado cancele el proyecto cuprífero Tía María de US$ 1.700 millones desarrollado por la estadounidense Southern Copper Corporation. En la ciudad de Cañaris, en la región montañosa del norte, el nuevo alcalde se opone al desarrollo de la mina de cobre de la canadiense Candente Copper de US$ 1.200 millones.
Otro factor que conspira contra las proyecciones de crecimiento del gobierno son los descenso en los precios del cobre y oro. Este último es la segunda exportación de Perú. El precio del cobre cayó 14% en 2014 y el precio del oro se desplomó incluso más, un 40%. Esta tendencia probablemente continuará.
Estancamiento legislativo
La reforma tributaria fue uno de las numerosas iniciativas que la administración de Humala logró impulsar en el Congreso en 2014, pero trabajar con los partidos de la oposición así como con la cada vez más fragmentada coalición Gana Perú, será mucho más duro durante el resto del período presidencial. El partido del presidente tiene sólo 35 miembros en el Congreso unicameral de 130 miembros, bajo los 47 cuando asumió el cargo en julio de 2011.
Un indicativo del tenso clima político podría venir tempranamente en 2015, con grupos opositores trabajando para juntar 78 firmas (una mayoría de dos tercios) y así forzar una sesión especial en rechazo de la reforma laboral. El Congreso aprobó en diciembre un nuevo régimen laborar para los trabajadores de entre 18 y 24 años, que proporciona oportunidades de capacitación, pero elimina algunos beneficios, como seguros de vida y partición en las utilidades. Casi todos los partidos votaron a favor, pero la mayoría cambió de posición y quieren que la ley sea revocada. Humala y su gabinete continúan defendiendo la ley, y su derogación aislaría políticamente aún más la administración. La agenda política del gobierno para 2015, incluyendo reformas estatales adicionales para eliminar la burocracia, podría ser descarrilada si el Congreso revoca la ley.
Los candidatos que se preparan para la carrera presidencial de 2016 van a levantar la voz contra el gobierno de Humala durante el próximo año. La elección de autoridades tiene ya a 20 partidos nacionales registrados para competir en 2016.
Escándalos de corrupción
El Congreso creó una comisión especial a fines de 2014, que comenzará a trabajar en enero de 2015, para investigar denuncias de corrupción contra Martín Belaúnde, un empresario que manejó la primera campaña de Humala en 2006 y que se mantuvo cercano al presidente y a la primera dama, Nadine Heredia, hasta mayo, cuando el alegato salió a la luz. Belaúnde llegó a Bolivia en los últimos días de 2014 pidiendo asilo político. Una corrupción generalizada y la incapacidad de la administración para lidiar con ella podrían debilitar la aprobación del presidente. Humala terminó el año con menos de 30% de apoyo, entre los más bajos de la región.
Los legisladores también van a votar en marzo el reporte final de la comisión especial que observó otro caso cercano al Ejecutivo. La comisión investigó la protección policial a la casa de un convicto condenado, Óscar López Meneses.
Este año continuarán además las investigaciones a eventuales casos de corrupción que involucra a los ex presidentes, Alejando Toledo (2001-2006) y Alan García (2006-2011), así como a otros dos altos funcionarios. Se espera que ambos postulen en 2016. El candidato favorito es una ex congresista, Keiko Fujimori, quien perdió ante Humala en 2011. Ella es la hija del ex presidente, Alberto Fujumori (1990-2000), quien actualmente cumple una sentencia de 25 años por corrupción y violación de los derechos humanos.
Preocupación por seguridad
Humala, un ex oficial de Ejército, anota su menor calificación en la opinión pública en el área de seguridad. En el sondeo final de 2014 de Ipsos Perú, 60% de los encuestados dijo que el crimen empeoró en 2014. Los votantes expresaron temor a asesinatos al estilo de los carteles, similares a los que ocurren en México, puedan repetirse en Perú. La mayoría de los peruanos encuestados dicen que no esperan que la seguridad mejore en 2015, culpando a la administración de Humala de carecer de voluntad política.
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