La presidenta, Dilma Rousseff, enfrenta sustanciales retos domésticos y externos en el comienzo de su segundo período presidencial. El nombramiento de un conservador Ministro de Hacienda ha ayudado a levantar la confianza, pero el proceso de ajuste podrías estar cargado de dificultades y es incierto por cuánto tiempo la presidenta va a perseverar en más políticas económicas ortodoxas.
En el frente externo, el continuo declive en los precios del petróleo, que bajo diferentes condiciones podría haber sido beneficioso para Brasil (a pesar de sus enormes reservas, el país es todavía un importador neto de petróleo), ha hecho surgir la sombra de contagio a los mercados emergentes. En semanas recientes, el real ha sufrido por el fuerte aumento de la aversión al riesgo de los inversionistas ligado a los temores a un colapso financiero ruso. El contagio podría golpear a los flujos de capital a los mercados emergentes, complicando la capacidad de Brasil de financiar un gran déficit de cuenta corriente, actualmente de alrededor de 4% del PIB.
Una difícil tarea
En el plano doméstico, Brasil enfrenta un desalentador panorama fiscal, presiones inflacionarias y dificultades para restaurar el crecimiento económico, junto a un gran escándalo de corrupción en la compañía estatal de petróleo, Petrobras. Los resultados fiscales para noviembre trajeron el peor desempeño desde que se comenzó a registrar en 1997. El gobierno central, el Banco Central de Brasil y el sistema de seguridad social, registraron un déficit de 6.700 millones de reales (US$ 2.500 millones), elevando el déficit primario de los primeros once meses de 2014 a 18.300 millones de reales, o 0,4% del PIB. Con esos resultados, lograr el reciente objetivo de 10 millones de reales en superávit primario -como se señala en un reporte preparado para el congreso en noviembre- es ahora virtualmente imposible. Determinar el desempeño fiscal de 2014 será clave para definir el tamaño del ajuste que el nuevo equipo económico debe implementar.
En un reciente discurso, el ministro de Hacienda, Joaquim Levy, reconoció que tiene por delante una tarea difícil. No sólo va a necesitar encontrar medidas tributarias y de gastos para alcanzar la tasa de superávit primario de 1,2% del PIB este año, sino que también enfrentará el desafío adicional de lidiar con 37 millones de reales en gastos incurridos -los denominados "gastos por pagar" (deuda flotante)- cuyo pago fue aplazado por gobierno a 2015. La práctica de aplazar un pago desde un año al siguiente ha sido común durante los últimos cuatro años como una estrategia para enmascarar los deteriorados resultados fiscales y alcanzar los objetivos establecidos.
Aunque Levy no ha reconocido explícitamente esto como un problema, habló extensamente sobre la necesidad de mayor transparencia y aclarar las reglas que guían la política fiscal. Evidentemente, el mensaje entre líneas es que los trucos de contabilidad y otras medidas que buscan distorsionar los indicadores fiscales no serán tolerados. Esto ha complacido al mercado, aunque persisten dudas sobré cómo exactamente se implementará el ajuste fiscal. El ministro se ha abstenido de entregar detalles de las medidas específicas, los recortes de gasto afectarán las transferencias sociales como los beneficios por desempleo, y las alzas de impuestos posiblemente involucren el regreso de la Contribuição e Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), un impuesto directo al consumo de combustible que podría impactar tanto en la inflación como en la renta disponible en los hogares.
Levy tampoco ha rehuido expresar su punto de vista en el controversial rol de los bancos públicos. En su discurso de aceptación, apuntó que el crédito público debe ser contenido y que las transferencia del Tesoro al Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deben terminar. Además, insistió que otras transferencia del Tesoro, como las que apoyan a las compañías eléctricas afectadas por el populista congelamiento de tarifas por parte del Gobierno en 2013, deberán reducirse y la tarifa restablecida a niveles que reflejen las condiciones de oferta y demanda. Ese incremento de la tarifa ya comenzó y debería ejercer importantes presiones inflacionarias en los próximos meses, evitando que la tasa anual de inflación caiga bajo el tope de la meta de 6,5%. Siendo un experimentado político, Levy es consciente de que la medida de rebalancear la economía es impopular y esta es probablemente la razón del tono cauteloso adoptado en su último discurso y la escasez de detalles sobre lo que se viene.
¿Dilma mantiene el curso?
A pesar de la cautela, el nuevo ministro hizo declaraciones en contra del uso de los bancos públicos para financiar a los denominados "campeones nacionales", grandes compañías con estrechos vínculos con el gobierno, una crítica directa a las políticas de los últimos cuatro años del equipo económico de Rousseff. Adicionalmente, insistió en la necesidad de apertura de la economía y de la eliminación de las dañinas medidas de proteccionismo, también adoptadas durante el primer período de Rousseff. El discurso de aceptación de Levy apuntaba a que, por ahora, él tendrá la última palabra respecto de la economía. Hasta dónde será capaz de ir en el camino del ajuste y cuánto tiempo se mantendrá como ministro, son cuestiones diferentes. Los mercados todavía tienen que estar convencidos de que Rousseff ha hecho realmente un cambio radical hacia una mayor ortodoxia en la formulación de políticas.