Si en 2012 la tramitación de una instalación de antena de telecomunicaciones tardaba en promedio 334 días corridos, en 2021 la cifra subió a 409, según el informe preliminar presentado por Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) a la industria. Antes de dejar La Moneda, el gobierno del Presidente Piñera encargó una revisión sobre la permisología en Chile de todos los sectores, incluido el rubro telecomunicaciones, que durante años ha sido la principal piedra de tope para el desarrollo de nueva infraestructura.
A inicios de julio, la Comisión publicó que la tramitación de permisos para invertir en el país supera la norma legal y hay proyectos -como las desaladoras- que incluso alcanzan los 11 años. En el sector de las telecomunicaciones en la última década subió un 18,3% este indicador, un cifra que desde el gremio que reúne a los desarrolladores de torres consideran “desproporcionado” con la meta que se propone el Gobierno de triplicar el actual tendido de cara al 5G.
“Los plazos son desproporcionados y ralentizan la inversión y, por ende, la productividad. Sobre todo considerando que son un habilitante para reducir la brecha digital” dijo Daniela Castillo, vicepresidenta de la Cámara de Infraestructura Digital (Idicam). La representante gremial indicó que “actualmente, las antenas pueden instalarse en lugares diversos -por ejemplo, en sitios indoor como hospitales, universidades y Metro, o en postes de baja altura-, que cumplen otros propósitos fundamentales como sostener luminarias peatonales o cámaras de seguridad”, marco en el cual subrayó que “la ley de antenas tuvo un contexto y es probable que hoy se haga necesario revisarla, de cara al presente y, sobre todo, al futuro de las telecomunicaciones”.
Foto: Agencia Uno
Los resultados
El informe preliminar fue expuesto a toda la industria en junio, pero la CNEP adelantó que en agosto estarán los resultados completos. Sin embargo, los hallazgos apuntan que los tiempos superan el rango establecido por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). La Comisión dijo que “además, superan los plazos de permisos otorgados por la Dirección de Obras Municipales (DOM) para proyectos de mayor complejidad. Por ejemplo, el permiso de edificación demora, en promedio, 127 y 126 días de tramitación si cuenta o no con informe de revisor independiente, respectivamente”.
Sobre la situación dentro de las municipalidades, la CNEP consultó cuál era la principal razón de demora a las DOM y reportan que dentro de las causas se encuentra la oposición ciudadana a la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. “Del análisis de recursos de protección interpuestos contra torres desde el inicio de la ‘Ley de Antenas’, se concluye que las tres categorías señaladas como más vulneradas corresponden al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (85%) y el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica (80%). Ello revela una particular preocupación por el efecto de dicha infraestructura sobre la salud”, manifestó.
No obstante, la misma Comisión revisó los antecedentes para respaldar la preocupación y su resultado fue que no existe evidencia “concluyente” que demuestre efectos adversos de la exposición de ondas electromagnéticas sobre la salud, cuando los niveles se encuentran bajo los estándares establecidos por los estándares. Y sostuvo que la comunicación entre Subtel y los ministerios de Salud y Medio Ambiente son “deficientes”.
Las acciones en curso
En relación a la estrategia de la autoridad, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, indicó que “estamos trabajando en un proyecto que nos permita impulsar un cambio al régimen concesional, y también estamos impulsando modificaciones a la Ley de Torres para agilizar el despliegue de infraestructura. Por otro lado, la modificación a la norma de emisiones ha sido trabajada entre la Subtel y los ministerios del Medio Ambiente, y Salud”. Además, puntualizó que el Ministerio de Economía está llevando a cabo “la optimización de trámites para reducir tiempos de espera”.
En relación a los efectos negativos que acusan las empresas, Araya señaló que “entendemos que en algunas circunstancias nos enfrentamos a un sistema que dificulta el desarrollo de iniciativas con mayor celeridad, pero donde también las comunidades muchas veces se oponen a los diferentes proyectos. Sin embargo, las industrias deben incorporar en su planificación estos riesgos”.
Los efectos en el despliegue
El gerente general de la empresa constructora de antenas AJ Ingenieros, Francisco Briceño, explicó que “en locaciones urbanas, pese a contar con el debido permiso de instalación de la torre, es muy frecuente encontrarse que grupos de vecinos se organicen para oponerse a la construcción de ésta, lo cual y a través de diferentes medios de presión, ralentizan aún más el tiempo de ejecución del proyecto”.
Y el problema de fondo es que Chile está transitando a una nueva generación tecnológica, 5G, que requiere una gran capilaridad de antenas con harta potencia que sea efectivo. Por ende, una de las consecuencias, según puntualiza Briceño, es que ante la necesidad de mayor número de torres los concesionarios optan principalmente por reforzar y no reemplazar la estructura. “Una nueva estructura tendría una mayor vida útil, también más capacidad estructural y en ocasiones, es económicamente más conveniente que un proyecto de refuerzo”, apuntó.
Comisión apuntó a “equilibrar” el anteproyecto de emisión radioeléctrica en antenas del Gobierno
Uno de los frentes de análisis de la Comisión fue el anteproyecto del Ministerio de Medio Ambiente que prevé disminuir la potencia de las antenas para prevenir el daño en la salud de las personas.
Los operadores advirtieron durante la consulta que al disminuir la capacidad el 5G se verá perjudicado. “El anteproyecto de la norma de MMA (en elaboración) restringiría los límites actuales de emisión. En áreas urbanas, se reduce, a lo menos, en un 90%, mientras que áreas sensibles esta disminución sería de un 42%”, calculó la Comisión.
E incluso, expresó que ante el cambio en los estándares es relevante “evaluar el impacto de la medida, entendiendo que el objetivo de la norma busca equilibrar la salud de la población, el medio ambiente y la conectividad”.
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