Si bien las posiciones se mantenían distantes entre el gobierno y los parlamentarios en la comisión mixta por el proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios básicos durante la pandemia, este lunes en una nueva sesión que se extendió por más de siete horas se comenzaron a fraguar los primeros puntos de acuerdo, despejando al menos las principales dudas del sector eléctrico.
Em esa línea, se descartó intervenir en la cadena de pagos, desestimando la idea donde se sugería que la menor recaudación de estos meses debería ser asumida por los tres segmentos del negocio (generación, transmisión y distribución).
Solo se hará una excepción en el caso de las cooperativas eléctricas, dado que éstas no pagarán a transmisores ni generadores por tres meses, si no lo harán luego en 12 cuotas. La medida aplica sólo a las cooperativas, ya que no hubo acuerdo en incluir a empresas que no tuviesen este formato a pesar de tener características similares.
Así, según trascendió, para el gobierno el texto sería muy parecido al acuerdo alcanzado el 27 de marzo con las empresas, ya que además se mantiene su objetivo principal de estar enfocado en los más vulnerables. El jueves fue el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, quien mostró su oposición a la indicación parlamentaria que buscaba que se compartieran los costos que implica la medida en los tres segmentos, advirtiendo que esto pondría en riesgo el flujo de la cadena de pago, sobre todo de las compañías de generación que están renovando la matriz. En esa cita, sostuvo que sólo las distribuidoras deberían asumir el costo.
Acuerdo en telecomunicaciones
Sin embargo, el primer consenso que logró la comisión mixta durante la jornada fue en materia de telecomunicaciones. Tal como había comprometido en la sesión del viernes, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, presentó una versión mejorada del plan solidario de telecomunicaciones (internet y telefonía fija y móvil), que incluye planes especiales para estudiantes y establecimientos educacionales de enseñanza parvularia, básica, media y superior que pertenezcan al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares.
Además, sugirió que las empresas proveedoras deberán ofrecer a las instituciones de educación o sostenedores planes especiales de datos para que puedan focalizar el acceso universal de prestaciones de educación a sus alumnos. Estas se deberán informar al Ministerio de Educación.
La indicación fue bien recibida por la instancia, que la aprobó unánimemente.
La senadora Yasna Provoste explicó que uno de los temas que se habían planteado en el proyecto original era establecer una categorización de estudiantes, es decir, aquellos que tenían la gratuidad de la educación superior o eran objeto de la subvención escolar preferencial, etc. Pero "en las conversaciones con la cartera señalaron las dificultades que eso podía tener y en general la propuesta que hace el ministerio y que se recoge en este acuerdo es más amplia que la que habíamos propuesto inicialmente", dijo.
Coincidió en este punto la diputada Joanna Pérez quien indicó que la propuesta "viene a mejorar más el proyecto", incorporando a los estudiantes en planes de conectividad.
Multas al sector sanitario
Para redactar el texto relativo a las multas, la comisión invitó a los superintendentes del sector sanitario y eléctrico para conocer su visión al respecto. En ese sentido, el superintendente de Servicios Sanitarios (SISS), Jorge Rivas, señaló que debido a la existencia de empresas de diversos tamaños en el sector -varias de ellas de menos de 12 mil clientes- su organismo establece multas (de acuerdo a motivos y tamaños de empresas) que cuentan con un piso bajo y techos altos.
Actualmente las multas van desde $ 1 millón hasta más de $ 600 millones. Sin embargo, la propuesta sugerida por la autoridad para las sanitarias que incumplan con la normativa es un poco más baja, y parte en las 10 UTM ($ 500 mil aproximadamente) hasta las 2.000 UTM (unos $ 100 millones).
Puntos pendientes
Aunque la intención era despachar ayer el articulado, los parlamentarios decidieron finalmente continuar este martes la discusión a partir de las 10.30 horas para su despacho a la Sala.
Los puntos pendientes son el límite de consumo de agua para aquellas personas que accedan al beneficio, si se va a excluir o no algunas empresas sanitarias (las pequeñas), la referencia normativa respecto del recálculo de tarifa particularmente en el gas de red, y la redacción y el tiempo de aplicación del artículo primero transitorio que hace referencia a la reposición de los cortes.
Respecto a poner un límite al consumo del agua, se armó un intenso debate en torno a la indicación presentada por los parlamentarios de establecer el fijar el beneficio de no pago en los primeros 15 m3, donde el consumo extra quedará fuera de la prórroga de pago.
Rivas recalcó la importancia de dar una señal en torno a la sequía y dijo que por ello es necesario establecer un límite. Explicó que un consumo de 15 m3 abarca al menos al 60% de la población, por lo que es bastante amplio. Y, de existir particularidades, se podría ver caso a caso, tal vez aumentado 4 m3 por persona, en caso de ser un hogar numeroso.
"Este 2020 ya está siendo más extremo (en la sequía) que el 2019. Tenemos un problema de gobernanza que se arrastra desde hace años. Mi sector está en riesgo", dijo, agregando que es necesario compatibilizar la necesidad de agua en medio de la pandemia pero también el cuidado del recurso.
Además, reconoció que no estábamos lejos de un racionamiento de agua y que en breve tendrán que lanzar campañas de ahorro para pasar el verano. "En la zona central y la cuarta región la situación está muy difícil", sentenció.
Esta opinión causó opiniones encontradas entre los miembros de la instancia donde en dos votaciones de este punto hubo empate con cuatro apoyos, cuatro rechazos y dos abstenciones. Al constatar que los parlamentarios no cedieron en sus posiciones, se optó por realizar este proceso hoy por tercera vez.
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