Movistar pide postergar proyecto para eliminar el roaming con Argentina
“Distraer recursos humanos, técnicos y financieros (…) sería, a lo menos, inoportuno”, dijo.
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Movistar solicitó al gobierno postergar el proyecto normativo para ponerle fin al roaming internacional entre Chile y Argentina a partir de mayo de este 2020.
A principios de este mes, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) lanzó a consulta pública el marco legal del proyecto, el cual indica que las compañías de telefonía celular, incluidos los móviles virtuales (OMV), deberán cobrar los servicios de voz, mensajería y datos como si fueran locales cuando los chilenos se encuentren en el país vecino de manera transitoria; es decir, por un periodo no mayor a 90 días seguidos ó 120 días discontinuos del mismo año, a menos que la compañía llegue a otro acuerdo con el usuario.
En su respuesta a la consulta, Movistar apuntó a la emergencia sanitaria. Recordó que diversas medidas de excepción como toque de queda, cuarentena, aislamiento de comunidades, cierre de fronteras, restricciones de desplazamiento, entre otras, que han limitado de manera importante las capacidades operativas de países y empresas.
Según la operadora, el sector telecomunicaciones no ha estado exento a los impactos y hace esfuerzos por mantener operativas sus redes y servicios. “En este escenario de crisis mundial, resultaría altamente inconveniente iniciar la implementación de un nuevo marco regulatorio para el servicio de roaming internacional, servicio que, por lo demás, carece de toda prioridad en un minuto en el cual los países han cerrado total o parcialmente sus fronteras y no se vislumbra que ellas se vuelvan a abrir, al menos en el corto plazo”, dijo la empresa.
A su juicio, “distraer recursos humanos, técnicos y financieros que hoy pueden ser de mucho mayor utilidad y valor para sostener la conectividad y la calidad del servicio para los usuarios nacionales, sería, a lo menos inoportuno e imprudente”.
Dado esto, la compañía dijo: “Se requiere y se solicita flexibilidad en la implementación de nuevas obligaciones regulatorias, postergando su aplicación tanto como sea necesario, para focalizar los esfuerzos del gobierno y de privados en las prioridades y urgencias del momento actual”.