Superintendente de Salud refutó alerta sobre un inminente colapso de las isapres

“Si el proyecto se aprueba cómo está ahora, en mayo, en septiembre no hay sistema isapre”. Las declaraciones formuladas este martes por el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon, frente a las máximas autoridades del sector en la Comisión de Salud del Senado, marcaron ayer la segunda jornada de análisis del proyecto de ley corta enviado por el Ejecutivo para dar cumplimiento el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores en la misma instancia parlamentaria.

El timonel de las aseguradoras privadas de salud volvió a argumentar respecto que la implementación de las fórmulas de devolución de cobros en exceso a los afiliados y rebaja de precios a futuro por efecto de la sentencia del máximo tribunal, implicaría una caída del sistema antes de cuatro meses. “Si el proyecto, tal como está presentado al día de hoy, sale el mes de mayo, el superintendente está obligado a tener la circular en junio, y esa circular por el artículo transitorio, indica que al mes subsiguiente se tiene que producir la adecuación", aseveró.

Reiterando los cálculos al respecto dados a conocer este martes, Simon indicó que el efecto de la implementación de la tabla de factores vigente desde abril de 2020 a todo el universo de contratos se traduciría en una disminución inmediata de 10% en los ingresos mensuales futuros de la industria, equivalente a “una caída de $31 mil millones del sistema, lo cual quiere decir que de forma inmediata ya no cuenta con los recursos para cubrir los beneficios que tiene pactados con las personas y, por tanto, ya queda en una condición de no poder seguir operando".

Esto, en paralelo a la exigencia del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema en orden a restituir los cobros realizados por encima de los parámetros establecidos en la actual tabla de factores, devoluciones que el propio Gobierno estima en niveles de $ 1,12 billones (unos US$ 1.400 millones). 

En respuesta, el Gobierno nuevamente cuestionó las afirmaciones sobre un inminente colapso de la industria. "No comparto el hecho que se diga que una isapre va a quebrar sesenta días después de la implementación de este proyecto de ley si fuera ley de la República", señaló al respecto el Superintendente de Salud, Víctor Torres.

La autoridad detalló que el propio mecanismo vigente para abordar una crisis financiera de las isapres otorga plazos sustancialmente más largos antes llegar a una situación de quiebra. La autoridad explicó que la legislación actual establece que ante una vulneración de los límites máximos establecidos para los indicadores de patrimonio liquidez y garantía, la propia superintendencia aplica un plan de ajuste de contingencia para tratar que la aseguradora salga del estado de insolvencia y mantenga la continuidad de las coberturas, proceso que se extiende por un plazo de 180 días.

Torres agregó que si la crisis persiste, a continuación se inicia una fase de administración provisional por otros 60 días en los cuales se da otra oportunidad para resolver la situación de esa isapre. “Si alguna cayera en insolvencia porque cae por debajo de los indicadores, lo que ocurre no es la quiebra inmediata, sino el proceso que hemos descrito. O sea, estamos hablando de una cantidad de tiempo importante antes de que pudiera caer en quiebra". Además, puntualizó que la situación no es la misma entre las distintas isapres por lo que "hay que ser bastante cauteloso con los juicios sobre esta materia".

En la sesión, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, reiteró su emplazamiento a la industria en orden a entregar una propuesta concreta para implementar el fallo de la Corte Suprema.

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