La cautela ha sido la tónica entre los senadores en los últimos días, de cara a la entrega de las indicaciones del Ejecutivo al proyecto de ley corta de isapres, cuya difusión está prevista para este viernes, marcando la recta final de su tramitación en la Cámara Alta, luego de su ingreso en mayo para establecer un marco de aplicación al fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores.
No obstante, algunos parlamentarios han fijado posiciones en relación al diseño de esta iniciativa, con opiniones que tienen como principal referente las conclusiones del informe de la comisión técnica convocada por ellos y que junto con una propuesta de cumplimiento de la sentencia que apunta a mantener la viabilidad financiera de la industria –con propuestas como un plazo de 10 años para concretar la devolución de los cobros en exceso a los afiliados– calculó que el monto que adeudan las aseguradoras por este concepto asciende a US$ 451 millones.
Esa cifra es sustancialmente inferior a los US$ 1.400 millones que estimó la Superintendencia de Salud al momento del envío del proyecto de ley corta, abriendo un fuerte debate entre los parlamentarios, cuyas visiones se dividen entre quienes consideran que la fórmula elaborada por el comité es la mejor vía para impedir un colapso del sistema, y los que consideran que fue estructurada en función de la conveniencia de las isapres.
Perdonazo a la industria
En línea con este último grupo, el senador Iván Flores (DC) asevera que “la opinión pública ha quedado sorprendida con el informe de la comisión mandatada para buscar soluciones y dar cumplimiento a los fallos de la Corte Suprema (Tabla de Factores y prima GES), ya que fue leído como un evidente “perdonazo” a la industria y todo indica que así es". Desde este análisis, Flores califica la propuesta como "el traje a la medida más impactante de los últimos tiempos”, subrayando la necesidad de que las indicaciones del Ejecutivo guarden distancia de esas recomendaciones.
Sostenibilidad del sistema
Por el contrario, el senador Sergio Gahona (UDI) manifestó su “confianza en que enviará al Senado una propuesta que, tal como la que conocimos por parte de los expertos, logre implementar los fallos sin poner en riesgo la salud de la población. Ha quedado demostrado en la discusión que el proyecto tal como está, no cumple con la finalidad de dar sostenibilidad financiera al sistema, por lo que requiere cambios profundos”.
De lo contrario, advierte Gahona, “si la propuesta del Gobierno no resguarda el cuidado de los afiliados, se pone en riesgo la salud de 3 millones de personas; la adopción de estas medidas apremia y esperamos que el Ejecutivo cumpla con sus compromisos dentro del plazo, enviando propuestas que permitan concitar los apoyos necesarios, los que sólo serán posibles si se aseguran la continuidad de tratamientos y coberturas, y la sostenibilidad del sistema”.
En la misma línea, el senador Francisco Chahuán (RN) instó al Gobierno a que en sus indicaciones “se tome en cuenta el trabajo desplegado por el comité de expertos, como también el trabajo que está desempeñando ahora el Comité para la Reforma, en la que hay vínculos en términos de flujos de información con el Ejecutivo y es parte de la tarea que se ha instaurado desde la Comisión de Salud del Senado”.
Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS) ha enfatizado que el proyecto de ley corta no será “un salvavidas” para las isapres, ni tampoco una reforma superficial que no se haga cargo de los problemas que arrastra el sistema asegurador privado de salud. “La ley corta no va a ser una cirugía estética. No debe ser solo la interpretación de fallos judiciales desde el punto de vista de la arquitectura legislativa que le permita navegar a las isapres, sino que tiene que ser una oportunidad para que se avance en una mejora en la seguridad social, porque el modelo de las isapres tiene un agotamiento”, indicó ayer a Radio Pauta.
Al profundizar en sus argumentos, el senador Flores cuestionó el cálculo de las devoluciones a los afiliados que entregó el informe técnico entregado el mes pasado. "Es sorprendente, por decir lo menos, que los expertos miembros de la Comisión Técnica, hayan logrado rebajar, casi por arte de magia, la deuda de las isapres desde US$ 1.400 millones, estimados por la Superintendencia de Salud, a sólo US$ 451 millones; ¿cómo es posible rebajar en casi US$ 1.000 millones la deuda de las isapres?”, indicó.
Respecto a la discrepancia en relación a estas cifras, el parlamentario dijo que “algunos voceros comprometidos con el negocio de la salud trataron de instalar que el problema era el cálculo del regulador, apuntando a la Superintendencia. Pero, lo concreto, es que la única estimación posible de la deuda, que cumple con los criterios establecidos por el fallo de la Corte Suprema y con la normativa legal vigente, es la de US$ 1.400 millones calculada por la SIS. Entonces, ¿es esto un “perdonazo”?, en rigor, claro que sí, porque cada una de las propuestas son un salvataje financiero hecho a la medida para las isapres".
Por el contrario, el senador Chahuán defendió la fórmula aplicada por el comité técnico, uno de cuyos fundamentos es aplicar el concepto de riesgo compartido propio del funcionamiento de los sistemas de aseguramiento, punto que es cuestionado por quienes se oponen a establecer un monto de devoluciones menor al fijado por la Superintendencia de Salud. “Creemos que la mutualización del riesgo es uno de los elementos que son clave para entender básicamente cómo funcionan los sistemas de seguros y particularmente el seguro de salud, tanto público como también privado. Y en ese contexto, los grandes números permiten justamente la mutualización del riesgo”, argumentó el parlamentario RN.
Plazos propuestos
Flores también cuestionó los plazos propuestos para que las isapres completen el pago de la deuda, y que “estos pueden ser devueltos a las personas en prestaciones y coberturas en el cómodo plazo de una década”. Además, puso en tela de juicio los mecanismos de compensación financiera que proponen permitir alzas en los precios base de los planes de salud. “El informe propone que para disminuir el impacto de la pérdida de ingresos que tendrá la industria al aplicar las sentencias de la Corte Suprema, es vital que las aseguradoras puedan realizar tres nuevas alzas a los contratos de salud de sus afiliados y afiliadas”, resaltó.
Separación del proyecto de Fonasa
En otro de los puntos centrales del proyecto de ley corta referido a la incorporación de una reforma a Fonasa que crea una “Modalidad de Cobertura Complementaria” (MCC), el senador Chahuán reiteró la conveniencia de separar este capítulo de la discusión del marco para las isapres.
“Hay que distinguir el proyecto en dos, vale decir, lo que es fortalecimiento de Fonasa para administrar de mejor manera la lista de espera, como también, por otra parte, ser capaces de viabilizar la provisión mixta en salud, el derecho a elegir de todos los chilenos respecto de cuál es el sistema de salud que quieran”, señaló.
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