Activa en propuestas de solución para los problemas que afectan a la salud está la dra. Paula Daza, desde su cargo de directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo (CIPS-UDD). La exsubsecretaria del Minsal en el gobierno anterior formuló propuestas de políticas sectoriales el 7 de agosto pasado en la comisión de Salud del Senado, dentro de la discusión de la ley corta que busca establecer un marco normativo para concretar el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores de las isapres, iniciativa que incluye un plan para potenciar Fonasa.
Y si bien sus primeros análisis se han centrado en el seguro público -insistiendo en la conveniencia de abordar su fortalecimiento en un proyecto separado-, Daza ha seguido al detalle la evolución de la crisis de las isapres, agravada el jueves pasado con el fallo de la Tercera Sala por la prima GES que anuló las alzas aplicadas en octubre pasado, abriendo un nuevo flanco de caída de ingresos y riesgo de colapso en el sistema privado.
“Probablemente ya el próximo mes, las isapres tendrán que empezar a aplicar la prima GES con el incremento ajustado de acuerdo al fallo. Eso puede significar un desajuste financiero por el cual, dada la situación de las isapres, algunas podrían caer en insolvencia en el corto plazo. Entonces, hoy sí estamos contra el tiempo, ya no solo por el fallo por tabla de factores, sino que por el último fallo del GES”, advierte.
-¿Cómo evalúa los impactos del GES?
-El fallo congela el alza del precio GES actual. Así, algunas isapres deben bajar el precio de acuerdo al marco vigente en 2019, lo que significa que aquellas que subieron más en la situación presente probablemente sean las más afectadas. Estamos hablando de Consalud, de Cruz Blanca y, probablemente, de Nueva Masvida, las tres isapres que podrían tener un mayor riesgo de insolvencia financiera.
-¿Qué exigencia impone la sentencia por prima GES a la discusión de la ley corta?
- El trabajo que se está haciendo en la Comisión de Salud es ahora, más que nunca, de una urgencia máxima. Aquí hay dos temas: el segundo fallo de la Corte Suprema por tabla de factores -ahí se está analizando el stock que hay que devolver y cómo se sostienen las isapres con los nuevos flujos hacia adelante- y ver cómo se incorpora el análisis del tema GES. Ambos son fundamentales para la sostenibilidad del sistema asegurador privado de salud.
- ¿Cuál es el margen de aguante del sistema?
- El sistema de salud está en una situación crítica que puede ser grave para las personas, sobre todo para aquellas que se están atendiendo en el sector privado por patologías de alto costo. Es demasiado urgente dar respuestas que se implementen lo antes posible para dar certezas en el corto plazo y espero que así ocurra. Todo va a depender de la propuesta que haga el comité técnico que está trabajando en la Comisión de Salud del Senado. Pero todavía no tenemos el resultado y, por lo tanto, no podemos estar tranquilos dada la incertidumbre que existe. El riesgo de insolvencia para algunas isapres todavía es una puerta abierta.
-¿Comparte las advertencias respecto del golpe para el sector prestador privado?
-Por supuesto, significaría un impacto muy importante para el sistema de salud prestador privado, no solo clínicas, sino también centros médicos y también los ingresos de muchos profesionales de salud.
- ¿De qué forma debe enfocar el fallo GES el comité técnico creado en la Comisión de Salud del Senado?
-El comité técnico está trabajando en una propuesta en relación a la tabla de factores en relación al segundo fallo y en esa misma discusión debiera incorporarse cómo se va a seguir hacia futuro el aumento del precio GES, respecto de lo cual sería bueno que ellos pudiera elaborar una propuesta en relación a este tema.
-¿Cómo evalúa la labor que ha realizado la Comisión de Salud del Senado y sus posibilidades de dar una salida a la crisis de las isapres?
- Por los antecedentes que tengo, el comité técnico está trabajando para dar solvencia al sistema y que éste pueda mantenerse en el tiempo mientras se hace la reforma de salud que requiere el sector privado, para lo cual tiene que haber voluntad política desde el Congreso. El mismo presidente de la Comisión de Salud del Senado Juan Luis Castro planteó que va a pedir al comité prolongar su trabajo en relación a este fallo. Creo que hay una buena disposición a solucionar, esperemos, este problema.
Las vías de implementación del fallo
-El fallo radicó en la Superintendencia de Salud la atribución de definir las eventuales devoluciones ¿cómo debe implementarlo?
- Esperemos que la decisión del superintendente no implique un mayor riesgo financiero, porque ahí puede producirse una lápida para el sistema privado.
-¿Qué le parece que el superintendente Victor Torres haya señalado que las devoluciones no serán masivas, sino “caso a caso”?
-Lo más prudente, lógico y adecuado, es que esa parte de la resolución sea enfocada de una manera particular. Probablemente, eso disminuya el riesgo financiero del sistema, porque si la devolución se hacía de manera general, ahí no habría forma de que las isapres pudieran subsistir.
-En los primeros análisis de la sentencia se ha criticado el establecimiento de valores de referencia para las primas GES, ¿lo comparte?
-Me parece tremendamente preocupante que hoy la Corte Suprema esté involucrándose en la política de fijación de precios y de salud pública, dos temas que le corresponden al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Sabemos que probablemente existen causas de largo aliento, pero me preocupa que eso ocurra en un país donde cada uno de los poderes tiene muy claro cuáles son sus atribuciones.
“En la ley corta debieran separarse los temas de las isapres del tema de Fonasa”
Junto a su llamado de alerta en relación a la gravedad de la crisis del sector y el sentido de urgencia con que debe operar la Comisión de Salud del Senado y el Comité Técnico en el diseño de la ley corta, la dr. Paula Daza ve en esta coyuntura “una gran oportunidad, en un momento inmejorable para lograr un cambio de verdad en el sistema de salud, tanto en el sector privado como en el público”.
En esta perspectiva, el análisis del Centro de Políticas Públicas en Salud de la UDD al proyecto de ley corta cuestiona el diseño Ejecutivo que incorporó una propuesta para Fonasa centrada en una nueva Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) para las personas que opten por la Modalidad de Libre Elección (MLE), en un contexto donde aumenta la migración de exafiliados de las isapres. “En la ley corta debiera separarse el tema de las isapres del tema de la MCC de Fonasa, que requiere cambios relevantes que debieran discutirse en un proyecto distinto”, sostiene.
-Uno de los principales cuestionamientos a la MCC apuntan a los costos estimados para la prima plana complementaria que deberán pagar los beneficiarios. ¿cuál es su análisis?
-De acuerdo a nuestros datos, la evaluación financiera del seguro complementario de salud en el proyecto de MCC está subestimada, producto de que se ha hecho a partir de los análisis de las personas que históricamente se han traspasado a Fonasa, que generalmente son las más jóvenes. Pero al ver las personas que hoy están quedando en las isapres y que podrían irse a Fonasa, éstas tienen mayor riesgo sanitario, por lo tanto el impacto financiero en Fonasa sería mucho mayor. Creemos que la propuesta de MCC no es viable desde el punto de vista financiero y debe modificarse.
-¿Qué otros aspectos cuestiona de la propuesta?
-Por otro lado, no sabemos quienes son aquellos prestadores privados con los que se van a hacer convenios. Y otra cosa muy importante que no está incluida en este proyecto es que hoy existe un 30% de prestaciones incluidas en las isapres que no están en Fonasa y, por lo tanto, ese costo aumenta.
-¿Qué elementos valora de la iniciativa?
-Rescatamos el espíritu de avanzar en la cobertura de Fonasa. El proyecto de cobertura complementaria tiene algunos elementos que nos parecen positivos en el sentido de incluir la posibilidad de tener convenios con prestadores privados. Desde el punto de vista sanitario, consideramos positiva la creación de redes de libre elección, con un vínculo importante con redes privadas y pagos que incentiven la eficiencia del gasto compartiendo riesgo.
-¿Cuáles son los ejes de la propuesta del Centro de Políticas Públicas en Salud en la UDD?
-Nos parece importante avanzar en un proyecto de ley que permita a los usuarios de Fonasa tener una cobertura universal oportuna. Nosotros hemos planteado seis puntos que -mediante la discusión por separado de esta ley corta- mejore el acceso a la salud de los beneficiarios de Fonasa. El objetivo es que éstos puedan salir de las listas de espera en aquellas situaciones que significan una situación financiera catastrófica para la familia o tenga consecuencias graves para el paciente, ya sea en la calidad de vida o en el impacto futuro sobre la salud con un copago que sea proporcional a su peso familiar. El modelo de seguro catastrófico –donde es Fonasa quien financia, no un seguro complementario- permitiría destrabar el manejo de la listas de espera.
Por otro lado, tomar aquellos elementos de la modalidad de cobertura complementaria que son viables y poder fusionarlos con el proyecto de ley de seguro catastrófico que está en comisión mixta, probablemente sea una iniciativa que se podría sacar de manera urgente y, de esa manera, poder responder a las necesidades de las listas de espera.
Un segundo punto es avanzar en forma paralela en el tema de la contraloría y los mecanismos de licencias médicas -uno de los grandes dolores del sistema de salud-, reformulando el sistema completo y adecuándolo a estándares internacionales. Y analizar si es necesario mantenerlo o no bajo la misma potestad o llevarlo al ámbito del trabajo.
Otro punto muy importante para el sector público, y para Fonasa particularmente, es elaborar un plan de salud universal con garantías de acceso, oportunidad y protección financiera, tanto para el sector privado como público. Al respecto tenemos un consenso transversal y hoy está incluido en algunos proyectos de ley como el de las isapres y la reforma de Fonasa. Para que ello ocurra es fundamental reforzar la gobernanza de Fonasa a través de diferentes herramientas, por ejemplo, definir que sea un organismo colegiado para darle independencia, darle autonomía de gestión para que poder garantizar el espacio en la gestión y que tenga rendición de cuentas.
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