El revuelo causado por las declaraciones de la ahora exministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, sobre la aplicación del fallo por tabla de factores en los planes de las isapres -especificando que la devolución a los afiliados de los cobros en exceso corresponderá solo a quienes llevaron su reclamo a la justicia-, no solo puso en pausa el trabajo legislativo de los proyectos para instruir el dictamen y sus consecuencias, sino que obligó a las partes a pedir una interpretación al máximo tribunal frente a este cambio de fondo en la noción vigente hasta ahora basada sobre el alcance general de la sentencia.
Así, la Superintendencia de Salud y un primer grupo de cuatro isapres, interpusieron recursos de aclaración ante la Tercera Sala para que ratifique cuál es, en definitiva, el ámbito de implementación del dictamen de noviembre pasado. “Resulta fundamental que se precise si la sentencia tiene efectos generales o particulares (…) para determinar el universo de afiliados a quienes alcanza el fallo”, apunta la superintendencia, formulando la pregunta clave para las autoridades y la industria, ya que es sobre la base de una interpretación general que el Ejecutivo calculó un universo de 725 mil contratos afectos y con devoluciones a nivel global por unos US$ 1.400 millones.
“Dificulto que la ministra Vivanco haya manifestado su interpretación de manera tan específica sin tener un sustento previo”, dijo Patricio Fernández.
“Si existe un actor parcialmente culpable de la situación riesgosa que está viviendo el sistema en su totalidad es la Superintendencia de Salud”, indicó Enrique Paris.
Desde su sitial al frente de la cartera de Justicia, el ministro Luis Cordero abordó este lunes en la Comisión de Salud del Senado el alcance del fallo a la luz de las actuaciones del máximo tribunal en materias del sistema isapre, afirmando que han venido apuntando en un sentido mucho más amplio que el de un mero contrato entre privados, considerando criterios de carácter general como el derecho a la salud. “La situación está en un contexto evolutivo de la jurisprudencia de la Corte Suprema, a partir de la cual es posible comprender la forma en que los conflictos de las isapres han sido llevados a los tribunales frente a la abrumadora cantidad de casos que ingresaron en 2022”.
De ahí, emplazó a quienes “se sorprendan del modo en que hoy la Corte esté resolviendo este tema, me parece que es no haber leído previamente los folios de la Suprema”.
Las interpretaciones
“Es innegable que, en principio, la redacción del fallo lleva a pensar que sí tiene efecto general. Pero, la única jurisprudencia en materia de isapres donde los recursos se resolvieron en términos de aplicación general data del alza del precio base, donde se estableció una innovación”, indicó el exsuperintendente de Salud, Patricio Fernández.
Y sobre esta base, sostiene que “se debe tener presente el llamado efecto relativo de la sentencia -un principio jurídico relevante reconocido en el artículo tercero del Código Civil-, que solo rige para el caso en estudio y no tiene fuerza obligatoria para otras situaciones”.
Fernández considera que las declaraciones de la ministra Vivanco revalidan este principio con su "interpretación respecto a que las devoluciones sean para aquellas personas que presentaron recursos -y cuyas sentencias aún no estaban a firme y ejecutoriadas- abriendo la posibilidad de una nueva interpretación que depende de la resolución que finalmente se emita respecto de las aclaraciones solicitadas”.
Sobre el revuelo causado por los juicios de la ahora exvocera, enfatiza: “Dificulto que la ministra haya manifestado su interpretación de manera tan específica sin tener un sustento previo o una idea de análisis, que probablemente sea compartida, al menos un ministro más, de la Tercera Sala”.
Por su parte, el exministro de Salud, Enrique Paris, describe el momento actual de esta discusión como “una nueva ley del péndulo donde vamos de un extremo a otro”. A su juicio, este proceso “partió desde posiciones muy dogmáticas, repitiendo hasta el cansancio que el fallo es lapidario y las isapres tenían que pagar según un determinado cálculo, y ahora estamos pasando a una etapa donde se dice que tienen derecho a recibir esta compensación solo aquellas personas que presentaron recursos. Incluso, hay quienes han llevado el argumento al extremo, afirmando que solo es válido para un reducido grupo de personas que inició el tema".
Y si bien señala no tener todavia un pronóstico definitivo respecto de cómo evolucionará el proceso, el actual presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (Ipsuss) valoró que "se haya abierto la discusión y que los parlamentarios escuchen una amplia gama de opiniones, por lo que, probablemente, la solución esté en un punto intermedio”.
La rol del regulador
“Si existe un actor parcialmente culpable de la situación riesgosa que está viviendo el sistema en su totalidad -porque si caen las isapres van a caer muchas clínicas- es la Superintendencia de Salud”, señaló Paris. Al enumerar las fallas en el manejo de la aplicación del fallo, sostuvo: “Nunca explicó como hizo el cálculo, asumió a tabla rasa que la devolución se aplicaba a 700 mil personas, lanzó esa bomba atómica de los US$ 1.400 millones, y nunca volvió a pedir aclaración, que ahora está pidiendo -y las isapres también-, pero es evidente que el superintendente se demoró muchísimo”.
Patricio Fernández también tiene una visión crítica del manejo de la Superintendencia de Salud en el manejo de la instrucción del dictamen por tabla de factores. “Se cometió un error estratégico y comunicacional al haber externalizado una interpretación a sabiendas de que podía generar un riesgo de caída del sistema, incluso antes de preparar e ingresar el proyecto de ley corta. Al menos, era esperable que, si generaba un daño importante, el tema iba a tener que revisarse de alguna forma, ya sea en sus criterios o metodología, o bien ver algún tipo de flexibilidad a través de la ley”, opinó.
Sobre el escenario que tiene por delante el organismo regulador, señala que la tarea más urgente es establecer un diseño comunicacional que corrija “la gran cantidad de información disímil que genera confusión a las personas y que probablemente las lleve a tomar decisiones complejas”.
Al respecto, pone como ejemplo que frente a las advertencias sobre el nivel de riesgo en que se encuentra el sistema de incurrir en una insolvencia generalizada “muchas personas podrían haber interrumpido un tratamiento de salud complejo para irse al Fonasa pensando que la isapre no podría seguir cumpliendo; otras, pueden haber acelerado el uso de prestaciones que no son absolutamente necesarias, y otras podrían haber entendido que obtendrían una devolución importante, por lo que tomaron la decisión de no salir de su isapre, no obstante lo complejo que les pueda resultar mantenerse por el precio”.
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