El debate en torno a la ley corta de isapres, que el Gobierno envió al Senado este mes para cumplir con el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores, ha venido escalando en las últimas semanas con nuevas propuestas que suben la presión en la carrera contra el tiempo para dar viabilidad al sistema asegurador privado de salud.
Este es el caso del avance de un proyecto alternativo de reforma constitucional lanzado por un grupo de parlamentarios tras su aprobación hace dos semanas en la comisión de Constitución del Senado -que incorpora una disposición transitoria a la adecuación de los planes base de salud, uno de los tres pilares de la determinación del valor final de los contratos-, y al cual se han sumado otras propuestas al interior del Cámara de Diputados y de centros de pensamiento.
Y a medida que avanza la discusión, también se intensifican los estudios respecto del impacto de la implementación de la ley corta, luego que el Gobierno confirmó que una vez instruida la aplicación global de la actual tabla de factores –vigente desde abril de 2020- implicará un traspaso retroactivo de las diferencias entre los pagos y el nuevo valor calculado por un monto global de US$ 1.400 millones, equivalente a 3,5 veces el patrimonio de las compañías y a 30 años de utilidades, como ha señalado el gremio de las isapres.
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Además, el esquema propuesto tiene un fuerte impacto en los flujos futuros de las isapres, ya que este cambio de tabla -sin intervenir las otras variables que inciden en la determinación del precio de los contratos, como el precio base-, ”implica una disminución de ingresos permanentes de las isapres de alrededor de un 10%, mientras los márgenes en un buen año son de 3%”, señala Victoria Beaumont, fundadora del Movimiento Salud Libre y directora de la Fundación Politopedia. "Ambos efectos del fallo son suficientes por separado para generar la quiebra, que puede afectar a todas las grandes isapres o sólo a algunas, dependiendo de las decisiones de sus controladores", subraya.
Victoria Beaumont, fundadora del Movimiento Salud Libre.
En este escenario, la experta concluyó la elaboración de un estudio sobre el impacto del marco propuesto por el Ejecutivo para cumplir el fallo de la Corte Suprema. En términos globales, el gran efecto sobre el sistema de salud provendrá de una futura quiebra de las isapres y de un proceso forzado de traspasos de personas a Fonasa, generando una gran carga fiscal. “La propuesta contenida en la ley corta, que implementa el fallo en forma literal, incumple tres imperativos: quiebra las isapres, desprotege a los beneficiarios y genera una mayor carga fiscal, ya que los ingresos que podrían aportar los actuales cotizantes de isapre no son suficientes para financiar las contraprestaciones que debería entregar Fonasa”, detalla.
Así, en un escenario de quiebra total del sistema privado, el estudio calcula que el déficit generado en el seguro de salud público ascendería a $ 887.462 millones al año “debido a las contraprestaciones que debería entregar a los actuales beneficiarios de isapre debido a su traspaso a Fonasa”. En este marco, indica que el costo total en prestaciones de salud para los actuales beneficiarios de isapres en el Plan Fonasa ascendería a $ 2 billones.
Y al contrario a lo que pudiera suponerse, el costo fiscal por un eventual traspaso de beneficiarios de Fonasa producto de un cuadro de quiebra parcial del sistema sería aún mayor. “El resultado sería peor que el de una quiebra total, representando un déficit para Fonasa de $ 946.632 millones anuales”, asevera la experta a partir de un escenario en el cual se vea afectado un 60% de la cartera privada.
“Una situación de insolvencia de algunas isapres, a nuestro juicio, es el escenario más probable, afectando a algunas de las empresas más importantes. En principio, se podría pensar que esa sería una situación más favorable desde el punto de vista fiscal, pero esto no es necesariamente cierto: en una quiebra total del sistema, todos los cotizantes deberían trasladarse al sistema público, pero en una quiebra parcial, los cotizantes sanos y de bajo riesgo no tendrían problema en reubicarse en las isapres sobrevivientes, mientras que los enfermos y crónicos necesariamente terminarían en Fonasa", explica el estudio.
En el caso de estos cotizantes cautivos -cuyo gasto hoy es financiado solidariamente por cotizantes más jóvenes y sanos en el sistema privado-, el análisis establece sobre el supuesto de que Fonasa reciba del orden del 20% de las actuales cotizaciones obligatorias en isapre, "en caso de una quiebra parcial, se llevarían el 42% del gasto actual en prestaciones de las isapres".
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El efecto en las isapres cerradas
Un tema que hasta ahora no ha estado presente en el debate sobre el sistema asegurador privado de salud es el efecto financiero sobre las instituciones cerradas en las que cotizan personas pertenecientes a empresas del Estado. Al respecto, Beaumont señala que uno de los elementos “más inesperados” en la presentación del Superintendente de Salud, Dr. Víctor Torres, ante la Comisión de Salud del Senado la semana pasada, fue la inclusión de dos de las aseguradoras cerradas: la isapre Fundación del Banco Estado, e Isalud de Codelco.
Al respecto, enfatiza que estas instituciones deberían pagar en conjunto a algunos de sus cotizantes un monto total de $ 14.720 millones. “Entendemos que debido a la magnitud de estos montos estos deberían ser pagados por las instituciones matrices con cargo a sus patrimonios ya que estas isapres cerradas no disponen de estos recursos sin afectar su correcta operación”, destacó la experta respecto de este factor de gasto fiscal.
Ayer, Victoria Beaumont presentó las conclusiones del estudio a equipos técnicos del Ministerio de Hacienda. “Existe preocupación sobre el tema del impacto de la ley corta de isapres. Como movimiento ciudadano, nos sentimos muy acogidos en nuestras propuestas respecto al efecto fiscal que hemos evaluado para la Ley Corta. También hemos recibido de parte del Ejecutivo su intención de generar una discusión que dé sustentabilidad al sistema isapre, pensando sobre todo en aquellos afiliados que hoy están con grandes costos en salud y se sienten protegidos por este sistema. Sentimos que es posible tener una conversación que llegue a puerto para encontrar sustentabilidad, sobre todo en el manejo del flujo, para dar viabilidad a la implementación del fallo”, indicó tras la reunión.
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