Ley de Pesca: Gobierno cambia de estrategia y tramitará por separado el fraccionamiento entre cuotas industriales y artesanales

La tramitación del proyecto para crear una nueva Ley de Pesca que ingresó el Gobierno en enero de este año ha estado marcada por cuestionamientos técnicos y políticos hacia el contenido y el proceso de discusión de la iniciativa. Además, el paso de la norma por el Congreso se ha visto demorado por las casi 900 indicaciones que ingresaron a mediados de año.

Ante esta situación, este miércoles, en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, el ministro de Economía, Nicolás Grau, anunció un cambio de estrategia para acelerar el proceso.

"Tomamos una decisión política, en ejercicio de nuestras facultades como Ejecutivo y lo que vamos a hacer es que hoy día vamos a ingresar un nuevo proyecto de ley, que lo que va a hacer es tomar el artículo 16 de este proyecto, que es el artículo de fraccionamiento, lo vamos a sacar de esta tramitación y lo vamos a tramitar como una ley aparte, como un artículo único", dijo.

“Se optó por una carrera a toda velocidad que sólo ha traído dolores de cabeza”, dicen los industriales del Biobío.

Lo que hace el mencionado artículo 16 es establecer el fraccionamiento de la cuota global de captura entre el sector pesquero artesanal e industrial, para cada una de las diferentes pesquerías. "Dada la lenta forma que estamos votando (...) no nos va a permitir resolver a tiemo este asunto, que es un asunto neurálgico que está en el centro a la crítica a la ley vigente", explicó el ministro.

Cabe recordar que el principal argumento del Ejecutivo para impulsar este proyecto es devolver la legitimidad al sector pesquero, debido a las condenas por cohecho contra los exparlamentarios Jaime Orpis y Marta Isasi y la sentencia por soborno contra Corpesca que dejó la tramitación de la norma actual.

Grau sostuvo estar seguro de que conversando con los distintos actores involucrados "vamos a lograr sacar este artículo, este proyecto específico, de ley de fraccionamiento, con un acuerdo amplio. De manera tal de que logremos dos cosas: logremos que aquí se haga justicia en materia de fraccionamiento y logremos que sea una ley, una institucionalidad de fraccionamiento, que no esté sujeta a la crítica, que tenga legitimidad y que permita a este sector tan importante avanzar de buena manera".

El artículo de fraccionamiento ingresado por el Gobierno ha sido uno de los que ha despertado críticas de la industria, dado que, en la mayoría de los casos, aumenta las cuotas para los pescadores artesanales.

Por ejemplo, en el caso del jurel, se eleva la cuota un 30% en la macrozona norte y a un 15% en la macrozona centro-sur. En la normativa actual, existe una sola zona a nivel país, cuya cuota corresponde en un 90% a los industriales.

Reacciones de la industria

Desde la Sociedad Nacional de la Pesca (Sonapesca), manifestaron que mantienen su posición respecto a " la necesidad de discutir y analizar en mesas técnicas un acuerdo amplio que incluya a todos los actores presentes y basado en un criterio científico técnico".

Argumentaron que "esto es muy importante porque el fraccionamiento está relacionado a una serie de aspectos importantes, que se deben considerar previamente al fraccionamiento mismo, entendiendo éste como la división de la cuota entre ambos sectores. A modo de ejemplo, se debe considerar la situación de las macrozonas propuestas por el ejecutivo, los regímenes artesanales de extracción (RAE) existentes y vigentes, entre varios otros aspectos".

En tanto, los Pescadores Industriales del Biobío, plantearon que esto es otra muestra de lo que significa tramitar un proyecto complejo, con intereses contrapuestos y con mucha presión de empresas extranjeras para entrar a operar al mar chileno: "Se optó por una carrera a toda velocidad que sólo ha traído dolores de cabeza, inestabilidad y una paralización total de las inversiones. Derechamente esto es una improvisación que sigue afectando a un sector productivo que está sosteniendo una débil economía en el Biobío".

Y además, arremetieron contra el Ejecutivo: "Es evidente que el Gobierno no respeta ni los fraccionamientos vigentes por 20 años (al 2032) ni el trabajo prelegislativo (fuera del Congreso) entre los actores pesqueros que permitió la actual Ley de Pesca y que debería ser implementado en la actual tramitación."