El próximo 19 de mayo, Jorge Grunberg Pilowsky cumplirá dos años al mando de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Justo corresponderá a la mitad de su período como fiscal, ocasión que aprovecha para abordar con Diario Financiero un balance de lo que ha sido su gestión, y los desafíos y cambios que vienen. “Los carteles siguen siendo nuestra más alta prioridad”, dice, destacando los dos casos que se han activado durante su mandato, gases industriales y casinos de juego.
También subraya de la FNE que haya aportado un beneficio fiscal en multas de unos US$ 196 millones en 22 casos, todos victoriosos, desde que el Congreso otorgó facultades intrusivas a la entidad y la delación compensada.
En abusos de posición dominante, menciona el caso contra CCU, que arribó a una conciliación, que además de pago a beneficio fiscal, hubo medidas sofisticadas para asegurar presencia de cerveceros pequeños y artesanales en el mercado, con apoyo de un monitor de cumplimiento.
“A mí me gustaría doblar la división de Estudio de Mercado, que hoy cuenta con tan solo cinco profesionales, y el propósito sería realizar el doble de los estudios de mercado. Y aumentar el tamaño de la Unidad de Inteligencia, contar con más científicos de datos que nos permitan avanzar más rápido en todos estos temas de inteligencia artificial”.
Y en fusiones y su control obligatorio, destaca que esta facultad “se encuentra ajena a toda esta discusión que tenemos en el país sobre el tiempo asociado a la obtención de permisos sectoriales. La FNE trabaja en tiempos muy acotados”, enfatiza.
¿Cuándo habrá pronunciamiento en el caso de la alianza Codelco con SQM en litio? “Es un caso que está pendiente y no me voy a referir a operaciones que estén pendientes”, responde Grunberg.
Similar respuesta da al consultarle respecto del caso Clínica Las Condes y el ingreso de Indisa a su propiedad. “No puedo dar información sobre operaciones específicas que pudiéramos estar monitoreando”, apunta. Solo a modo general y en el marco de su balance, destaca el foco que han puesto en fiscalizar el cumplimiento de las notificaciones obligatorias, “infracciones que se conocen como un gun jumping”.
También subraya un trabajo de vanguardia: “Estamos trabajando en tema de mercados digitales, en precios algorítmicos y la colusión algorítmica”, dice, explayándose en que son temas que requieren análisis de datos y profesiones distintas a las clásicas que han tenido en la fiscalía, de abogados y economistas. “Esperamos incorporar un segundo científico de datos para el segundo semestre”, dice, detallando que ya hay uno en la FNE y que ahora la idea es que la dotación de la División Anticarteles crezca de 18 a 21 personas, de los cuales uno será este tipo de experto más ligado a profesiones afines a la ingeniería -más un abogado y un economista junior-, reforzando la Unidad de Inteligencia que está alocada en la División Anticarteles.
Y advierte al mercado: “Las empresas a través de sus programas de cumplimiento tienen el deber de no usar la tecnología, de no ponerla al servicio de infracciones anticompetitivas”.
“Solamente en caso de carteles son casi veinte años del presupuesto actual de la FNE los que han ingresado al Fisco, con sentencia a firme”.
- ¿Qué es para usted la colusión algorítmica? Una empresa podría monitorear unilateralmente los precios de la competencia. ¿Eso es colusión?
- Si estamos en el espectro de una decisión independiente de monitoreo por parte de una empresa del mercado, tal como ocurre en los mercados tradicionales, eso, en principio, no sería colusión. Para que tengamos colusión se requiere un acuerdo o práctica concertada. Lo que puede ocurrir, y es lo que estamos viendo -en particular han surgido casos en Estados Unidos, por ejemplo-, es que los algoritmos son diseñados conjuntamente por las empresas o a través de encargos a terceros para, al final del día, cometer una colusión.
- El monitoreo unilateral usando la IA, ¿para usted no es colusión?
- Si se trata de un monitoreo unilateral, en que no hay acuerdo ni una práctica concertada -que es un requisito indispensable para que haya colusión- no la hay. Habría que investigar, eso sí, eventualmente, el efecto que podría producir en la competencia. Pero para que se configure una colusión, y eso es muy claro, se requiere que exista un acuerdo o una práctica concertada.
-¿Cómo definiría la colusión algorítmica?
-La colusión algorítmica es llevar adelante alguna de las hipótesis de colusión que contempla la ley, como, por ejemplo, fijar precios a través del uso de algoritmos. Se requiere que haya un acuerdo o una práctica concertada. Si no, no hay colusión.
“Necesitamos más presupuesto”
- La asignación del presupuesto ha sido un tema complejo para la FNE…
- El presupuesto de la FNE ha descendido más de 15% en términos reales si se le compara con el que tuvimos en 2018, una vez que se encontraron en régimen, vigente y en aplicación, todas las atribuciones de la reforma de 2016, que es un punto de comparación muy objetivo. Y hay que considerar que nuestras contrapartes son agentes económicos poderosos, que cuentan con recursos ilimitados para defenderse.
Una dimensión del presupuesto es que es deseable que la fiscalía pueda contar con informes de expertos para los casos, y con una capa más amplia de profesionales senior en todas las divisiones. Para eso necesitamos más presupuesto. En particular, a mí me gustaría doblar la división de Estudio de Mercado, que hoy cuenta con tan solo cinco profesionales, y el propósito sería realizar el doble de los estudios de mercado. Y aumentar el tamaño de la Unidad de Inteligencia, contar con más científicos de datos que nos permitan avanzar más rápido en todos estos temas de inteligencia artificial. El contexto país ha sido complicado durante los últimos años a nivel presupuestario. No somos ciegos. Pero vamos a seguir bregando por la importancia de que se aumente nuestro presupuesto para que podamos ser más oportunos en nuestras actuaciones.
Las sumas que ingresan al Estado por pago por beneficio fiscal es una señal muy potente. Están muy por encima de nuestro presupuesto. Solamente en caso de carteles son casi veinte años del presupuesto actual de la FNE los que han ingresado al fisco, con sentencia a firme.
- ¿Los empresarios han aprendido o simplemente ahora es más difícil pillarlos, porque son más cuidadosos en correos y WhatsApp?
- Ciertamente ha habido una evolución por parte del empresariado. En las empresas hoy se toma más en serio la importancia de cumplir con la normativa. También lo estamos viendo en nuestra investigación, en que cada vez es más difícil encontrarse, por ejemplo, con correos electrónicos. Anteriormente veíamos intercambio de información directo entre ejecutivos de competidores. A la hora de incurrir en conductas anticompetitivas, sabemos que existe una mayor sofisticación. En los últimos requerimientos, constatamos cómo competidores se coludían utilizando aplicaciones que borraban los mensajes. O cómo se reúnen personalmente evitando dejar rastros del acuerdo. Evidentemente tenemos un desafío complejo, pero el objetivo es generar una respuesta sofisticada a quienes usan la tecnología disponible para vulnerar la ley.
- ¿Faltan multas y sanciones más altas?
- El sistema chileno es uno de los más duros del mundo en términos sancionatorio. Las sanciones son adecuadas y útiles.
- En el estudio de educación superior, tuvieron problemas de parte de las tres entidades más importantes de Chile, la PUC, Usach y U. de Chile. ¿Alguna autocrítica?
- 45 de las 48 instituciones de educación superior que oficiamos nos respondieron en forma cabal y oportuna. Hemos ejercido nuestras atribuciones conforme a la ley.
- ¿Dónde está la falta de competitividad en este sector, por dónde van las problemáticas?
- Tiene que ver con indagar acerca de las asimetrías de información que existen entre las instituciones de educación superior y los estudiantes. Y otro aspecto que nos interesa mucho está relacionado con el desacople que se produce entre los programas de estudio y el mercado laboral. Chile es uno de los países de la OCDE que tiene una más alta brecha entre lo que han estudiado y el trabajo que desempeñan. Estamos mirando este sector con nuestros lentes de competencia.
“No es necesario que nos otorguen más atribuciones”
- ¿Conocía al Presidente Boric o al ministro Nicolás Grau antes de asumir?
-No los conocía.
- Usted postuló por ADP al cargo. ¿Se siente más afín a la centroizquierda?
-Más allá de posiciones políticas, yo postulé al cargo habiendo dedicado toda mi carrera profesional a la libre competencia. Había trabajado en la FNE, en estudios privados, en la Federal Trade Commission, en Estados Unidos. Tenía también un recorrido académico importante. Y frente al concurso, yo concluí que era un desafío profesional y personal muy importante de poder aspirar a dirigir esta institución.
- O sea, ¿con un Gobierno de cualquier signo político, hubiera postulado igual?
- Exacto. Yo estaba ante un recorrido profesional en el cual decidí poner mi experiencia al servicio de la institución y del país.
- ¿Ha recibido llamados de parte de las autoridades políticas para pedirle algo?
- No me ha tocado recibir ningún tipo de llamado con solicitudes de esa clase. Hay un respeto claro por la independencia de la FNE.
- ¿Cómo vivió el llamado público del ministro de Agricultura de indagar el precio de la papa?
- El ministro nos solicitó una reunión, lo recibimos aquí en la FNE, y el ministerio interpuso una denuncia. Hicimos nuestro trabajo y la conclusión nos llevó al archivo de la investigación.
- ¿Siente que esas pulsiones políticas le quitan el foco a la FNE?
- Lo hemos dicho en anteriores oportunidades. Si hay autoridades de Gobierno, parlamentarios u otro tipo de personas con vocería pública, si efectivamente se está ante hechos que podrían constituir colusión, se le hace un flaco favor a la investigación si se hacen este tipo de vocerías públicas. Siempre transmitimos que quienes tienen algún tipo antecedentes vengan a nosotros en silencio para poder hacer nuestro trabajo. La publicidad acerca de la existencia colusión no favorece nuestro trabajo.
- De acuerdo con la normativa, el Gobierno tiene la facultad de renovar por una vez el mandato del fiscal por 4 años más. ¿Le gustaría?
-Hoy solo pienso en los desafíos que tenemos por delante.
- ¿Se sentiría cómodo trabajando con un gobierno de centroderecha?
- La FNE es una institución independiente, técnica. Es algo que han reconocido gobiernos de distinto signo político.
- ¿Algún cambio de diseño institucional que sea deseable?
- El sistema chileno es robusto y no tiene nada que envidiar a los más destacados a nivel internacional. No es necesario que nos otorguen más atribuciones o que nos den más facultades. Lo que definitivamente necesitamos es contar con más presupuesto.
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