Grupo peruano de casinos abre consulta en el TDLC por bases de licitación de la Superintendencia: "facilitan la colusión"

Coporación Meier abrió una consulta ante el Tribunal de Defensa de la LIbre Competencia (TDLC) acusando una serie de irregularidades en torno a las bases de licitación de los últimos dos concursos de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) que permitió la renovación de 10 de las 14 licencias ofertadas. 

Por diferentes razones quedaron pendientes en el proceso las plazas de Talca, San Antonio, Antofagasta y Rinconada, entre 2021 y 2022.

“Las definiciones adoptadas en el proceso licitatorio por la SCJ repercuten en sus posibilidades de desafiar a Dreams, Enjoy y Marina”, dijo Corporación Meier.

En su visión el problema más grave es que en el documento el regulador: “facilitan la colusión” y permite que se ​​establezcan “injustificadamente” condiciones para un potencial abuso de dominancia, revelaron los representares de Corporación Meier, los abogados Andrés Fuchs y Nader Mufdi, en la demanda que fue admitida a mediados de septiembre.

El grupo peruano de entretenimiento es el actual operador de la concesión ubicada Talca y tiene una parte del Casino de Puerto Natales desde 1993. Sin embargo, aspira ampliar su cuota de mercado en Chile con la adjudicación de San Antonio y continuar con la licencia de la capital regional de la VII Región

En el documento de 44 páginas, el Grupo Meier asegura que es un actor que busca posicionarse como un “agente relevante” en el sector de entretenimiento. Pero insiste que “las definiciones adoptadas en el proceso licitatorio por la SCJ repercuten en sus posibilidades de desafiar a Dreams, Enjoy y Marina del Sol, los grandes operadores de esta industria, lo que dan cuenta de su interés por que las condiciones de competencia en los mercados relevantes indicados supra sean las más altas posibles”. 

El objetivo del grupo peruano es que el TDLC suspenda los procesos de licitación abierto para modificar las bases de licitación.

Los tres problemas

La cadena peruana detectó tres defectos en las bases de licitación de la SCJ y busca que el Tribunal se pronuncie para resolverlos.

El primero es que el documento no garantiza la competencia “por la cancha” porque el sistema favorece a los renovantes, en desmedro de los desafiantes.

Para obtener un permiso de operación se debe alcanzar como mínimo el 60% de la suma total de los puntajes ponderados establecidos en la evaluación técnica, y si pasa este ítem el participante gana con la oferta económica más alta.

El problema, detallan los representantes de Corporación Meier, se produce en la etapa técnica porque la revisión se hace de forma distinta dependiendo de si se trata de una incumbente o un entrante. Según revelaron, el reglamento permite a los operadores renovantes optar automáticamente cumplir con el porcentaje total y saltarse directamente a la presentación económica

A esto se suma que el incumbente puede comprometer una inversión mínima, pero justificar que el 80% de ese monto son parte de obras existentes en función del avalúo fiscal. El resto, se considerará parte del programa de obras nuevas, explicó Meier.

Enlazado con el punto anterior punto, un segundo conflicto es que las bases de licitación contienen requisitos que dificultarían la participación de oferentes por la falta información que otorgan las autoridades para armar la ficha técnica. 

“Hay diversos factores para obtener puntaje en la evaluación de la oferta técnica dependen de criterios discrecionales de los entes que deben otorgarlos, lo que puede afectar las condiciones de certeza que eventuales postulantes requieren para decidirse a desafiar al incumbente”, dijo el grupo peruano.

Además, Grupo Meier añadió que el documento “omite” mecanismos para atenuar las limitaciones que sufrieron los operadores extranjeros durante la pandemia de covid-19 producto de las medidas para controlar la pandemia.

“Las autoridades adoptaron una serie de medidas que limitaron el desplazamiento e ingreso al territorio nacional, lo que impidió que a agentes económicos extranjeros, sin presencia en Chile, les fuera posible participar en los procesos licitatorios. En efecto, las bases de licitación contemplan distintas exigencias, vinculadas al desarrollo de proyectos viables, que para ser cumplidas requieren presencia en Chile en –al menos– los meses previos al inicio del proceso licitatorio”. sostuvo.

Y por último, la corporación denunció que las bases del concurso no toman resguardos respecto de los riesgos coordinados que se presentan: “facilitan la colusión de otros agentes económicos”. 

La preocupación de Meier es que pese a que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) se encuentra analizando la fusión de Dreams y Enjoy, además de una investigaciór por posible colusión que incluye a las dos anteriores y a Marina del Sol, no existe ninguna claúsula que permita la suspensión de la adjudicación de licencia porque se generen hechos de este tipo.

El grupo peruano citó en su escrito al archivo que salió a la luz de la FNE en el marco de la fusión: “la operación implicaría la concentración de los dos principales actores de la industria que participan en dichos procesos de otorgamiento de licencias, una reducción en el número de competidores y un cambio en la estructura del mercado que, en principio, podrían hacer aún más creíbles eventuales estrategias de castigo ante desvíos de eventuales prácticas colusorias”.

El TDLC solicitó a la Superintendencia, al Ministerio de Hacienda y a la FNE aportar antecedentes al proceso.