Ya van casi dos meses desde que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a Dreams, Enjoy, Marina del Sol y a cinco de sus altos directivos de haberse coludido para afectar el resultado de las licitaciones de casinos realizadas por la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) en 2020 y 2021.
La tarde de este viernes era el plazo máximo para poder responder al requerimiento del ente regulador. Dicho esto, tanto Dreams, Enjoy, Marina del Sol y algunos de los ejecutivos requeridos -como el expresidente de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky y el expresidente del directorio de Enjoy, Henry Comber- contestaron al requerimiento interpuesto por la FNE el pasado 1 de octubre de 2024.
Por su parte, tanto el gerente general de Dreams, Jaime Wilhelm; el presidente y dueño de Dreams, Claudio Fischer; el gerente de administración y finanzas de Dreams, Claudio Tessada; presentaron al TDLC excepciones dilatorias.
Dreams se defiende
Asesorada por los abogados del estudio Pellegrini & Rencoret, la operadora presentó ante el TDLC que “Dreams no ha participado en ningún acuerdo o coordinación con los demás requeridos".
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La compañía argumentó que "por el contrario, ha competido en forma libre e independiente y decidió autónomamente la estrategia con la que enfrentó las licitaciones investigadas, cuyos resultados no se vieron alterados por el actuar de Dreams”.
“Así lo demuestra evidencia irrefutable”, indicó, y sostuvo que así consta del acta de directorio de fecha 31 de agosto de 2021, en la que se aprobó el plan de la empresa, el que consistía en “participar en la licitación sólo respecto de aquellas seis plazas en las que ya cuenta con permisos de operación, a fin de obtener su renovación por otros 15 años”.
“La decisión autónoma, racional e independiente manifestada por el directorio de Dreams en agosto de 2021 de participar únicamente por sus plazas, fundada en el complejo escenario económico que atravesaba el país y la incertidumbre propia de la pandemia por Covid-19, hacía imposible estimar proyecciones", señaló en el documento.
Agregó que nunca dio una señal respecto a las plazas por las que participaría en las licitaciones investigadas.
Además, destacó que dicha sesión de directorio de agosto de 2021 tuvo lugar antes de la reunión de septiembre de 2021, que el requerimiento calificó como la “primera conversación real” en la que se habría originado la supuesta colusión que se imputa a Dreams y a los demás requeridos.
Sumado a esto, señaló que también fue muy anterior a la reunión de 4 octubre de 2021 en la que, según la FNE, se habría cerrado un acuerdo para solo renovar y no competir por las demás plazas.
De acuerdo al escrito, Dreams tenía incentivos para participar únicamente por la renovación de sus permisos y no concursar por los demás.
Además del complejo escenario económico por el que atravesaba el país, la operadora señaló que no tenía incentivos para competir por otras plazas por la interpretación sostenida por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) a las modificaciones a la Ley de Casinos, realizadas en 2015, las cuales -de acuerdo a la compañía- cambiaron abruptamente las reglas del juego fijadas para el proceso de licitación anterior.
Por otro lado, señaló que no ha afectado a la industria de casinos ni a sus consumidores, porque “se trata de un mercado sin barreras a la entrada, en el que se garantiza la competencia ya que cualquier operador nacional o internacional puede libremente ingresar y participar, cumpliendo los requisitos regulatorios”.
A esto agregó que tampoco se podría haber afectado a los consumidores, ni al interés social o a las municipalidades dado que la industria de casinos está sujeta a una estricta regulación, en la que la tasa impositiva a cobrar para ingresar a los establecimientos, las comisiones y los porcentajes de ganancia a obtener por su operación están definidos por la SCJ.
Multa y fin a los permisos de operación: sanciones "injustificadas"
En su requerimiento, la FNE pidió al TDLC que “aplique multas a beneficio fiscal por un total de 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 151,9 millones y que, además, ponga término a los permisos renovados a Dreams, Enjoy y Marina del Sol en los procesos de licitación aludidos, extendiendo su vigencia sólo hasta que inicien sus operaciones casinos de juego que resulten adjudicados en un nuevo proceso competitivo”.
Dentro de los sancionados, las mayores multas fueron solicitadas para Dreams, con UTA 126.806 (aproximadamente US$ 112,4 millones); y para Enjoy, con UTA 41.498 (casi US$ 36,8 millones).
Dicho esto, Dreams concluyó que “es evidente que no corresponde aplicar multa ni sanción alguna a nuestra representada”y que “en cualquier caso el monto de las multas solicitadas para Dreams es totalmente desproporcionado, injustificado y es contradictorio con los lineamientos que la propia FNE ha establecido en su Guía de Multas, además de estar mal calculada”.
Además, en el escrito de la FNE, el ente regulador solicitó al TDLC poner término a los permisos de operación obtenidos por las empresas requeridas en los procesos licitatorios de 2020 y de 2021, extendiendo su vigencia solo hasta la fecha del inicio de las operaciones de los casinos de juego que en definitiva resulten adjudicados en un nuevo proceso licitatorio que se lleve a cabo en términos competitivos.
Frente a esta medida solicitada por la FNE, Dreams indicó que “además de ser jurídicamente improcedente, desproporcionado e injustificado, ello terminará afectando a la competencia, a los consumidores y a las municipalidades”.
“En el peor de los escenarios, podríamos estar frente a un intercambio de información entre competidores, dadas algunas conversaciones poco prudentes", sostuvo.
Argumentó que, sin embargo, "la alegación de que este comportamiento habría restringido la competencia debe incluir una descripción clara, basada en principios económicos sólidos y teniendo en cuenta las condiciones de mercado imperantes".
Esto último, para explicar en definitiva "por qué el supuesto intercambio de información pudo restringir la competencia y dio lugar a un supuesto actuar coordinado".
"Nada de esta descripción figura en el requerimiento", concluyó la operadora de casinos.
Excepciones dilatorias de los ejecutivos de Dreams
Cabe señalar que los ejecutivos de Dreams acusados de colusión - el gerente general, Jaime Wilhelm, y el gerente de administración y finanzas, Claudio Tessada- presentaron esta misma tarde al TDLC excepciones dilatorias.
Argumentaron que "el requerimiento interpuesto por la FNE carece de una exposición suficientemente clara y determinada de los fundamentos de derecho en que se apoya la imputación que se hace a mi representado".
Por su parte, el presidente y dueño de Dreams, Claudio Fischer, también opuso excepciones dilatorias y solicitó que se ordene a la FNE que corrija el requerimiento, "por cuanto adolece de omisiones e imprecisiones que impiden a nuestro representado ejercer adecuadamente su derecho a defensa".
Enjoy y su expresidente, Henry Comber
Asesorados por el estudio de abogados Claro & Cía., tanto Enjoy como Henry Comber se defendieron ante la acusación de la FNE y solicitaron al TDLC que el requerimiento presentado por la FNE sea rechazado en todas sus partes.
"En definitiva, el actuar del Sr. Comber y de Enjoy en los Procesos Licitatorios es absolutamente inconsistente con el actuar de un agente económico que es parte de un supuesto acuerdo colusorio. H. Tribunal, la tesis del Requerimiento respecto del Sr. Comber y de Enjoy sencillamente no se sostiene en el mundo real", puntualizan ambas contestaciones.
Sumado a esto, los escritos argumentan que "ni el señor Comber ni Enjoy, formaron parte de un supuesto acuerdo colusorio para afectar los resultados de los Procesos Licitatorios. Por de pronto, la propia investigación reservada de la FNE contiene múltiples antecedentes que confirman que esa es la verdad y, de paso, descartan el relato errado y parcial que realiza el Requerimiento de la participación del Sr. Comber y Enjoy en los Procesos Licitatorios".
Para justificar lo anterior, la defensa de Enjoy y Comber sostiene que lo único que presenta el requerimiento en contra del Sr. Comber y Enjoy es un "testimonio interesado de lo que supuestamente el Sr. Comber habría dicho ‘al paso’, relatado por el Sr. Nicolás Imschenetzky, mientras postulaba al beneficio de la delación compensada" y agrega que ese testimonio no tiene sustento fáctico, ni mérito jurídico.
Además en su respuesta, enfatizaron en que Enjoy sí compitió en los procesos licitatorios y que para probar eso existe numerosa evidencia dura acompañada a la Investigación que demuestra que lo hizo de forma muy agresiva para renovar los permisos de las plazas de casinos en que operaba e, incluso, que realizó esfuerzos sustanciales, acreditados en la Investigación, por disputar nuevas plazas de casinos a los incumbentes que contaban con licencias en otros lugares del país.
"Dichos antecedentes descartan –de plano– la existencia del supuesto acuerdo de respeto invocado en el Requerimiento en relación con el Sr. Comber y/o Enjoy", puntualizaron y señalaron que para renovar las plazas en que operaba, "Enjoy presentó las ofertas económicas más altas de toda la industria".
Bajo ese marco, la defensa del expresidente de Enjoy sostiene que "la participación que al Sr. Comber le cabe en los hechos de esta causa es una y solo una: se aseguró que Enjoy compitiera intensamente en los Procesos Licitatorios. Y lo logró".
A modo de conclusión, ambas respuestas al requerimiento del ente regulador señalan que "hemos demostrado que la FNE se ha impuesto una carga que jamás podrá desahogar. Si quiere tener éxito en este litigio respecto del Sr. Comber y Enjoy deberá demostrar, bajo un estándar de ‘prueba clara y concluyente’, la supuesta primacía de su ‘teoría alternativa’ por sobre la verdad y no podrá hacerlo. La realidad es otra. Ni el Sr. Comber, ni Enjoy, integraron el supuesto acuerdo colusorio imputado".
La contestación de los delatores
La operadora de casinos Marina del Sol -asesorada por el estudio de abogados Contreras Velozo- ratificó en su respuesta haber proporcionado toda la información y evidencia disponible acerca de los hechos que fundan el Requerimiento, y -además- reafirmó su compromiso a prestar el máximo de colaboración con las autoridades de libre competencia durante el curso del proceso en el TDLC.
No obstante, sostuvo que es improcedente que el H. Tribunal acceda a la solicitud contenida en el Requerimiento de poner término a los permisos de operación obtenidos por las empresas requeridas en los procesos licitatorios de 2020 y 2021.
"Nuestra representada, pese a haber cumplido cabalmente con los requisitos necesarios para acceder a los beneficios del artículo 39 bis del DL 211, (...) se ha visto expuesta a una sanción incluso potencialmente más gravosa que las multas que se puedan imponer a los demás requeridos por las conductas imputadas", argumentó.
A esto agregó que: "la solicitud de aplicar la Sanción de Término de Permisos a un agente económico que ha prestado una cooperación eficaz con la autoridad conforme a la ley, y que se ha comprometido a seguir colaborando para el completo esclarecimiento de los hechos en juicio, es injustificable desde el punto de vista de la utilización de la herramienta más relevante de la que dispone nuestra institucionalidad para inhibir, detectar y perseguir carteles".
Por su parte, Nicolás Imschenetzky -asesorado por abogados de Carey- declaró que así como colaboró en la investigación llevada a cabo por la FNE, continuará cooperando durante el proceso ante el TDLC.
Además, solicitó al tribunal que declare expresamente que se encuentra exento de responsabilidad penal por el delito de colusión.
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Blanca Dulanto
