Conflicto legal entre accionistas de firma acuícola dejará seis formalizados por administración desleal

El contrato de arriendo de una piscicultura en la comuna de Puerto Octay detonó un nuevo conflicto legal entre sus accionistas -ya existía un historial de litigios previos- que, en los próximos días, dejará a seis de los involucrados formalizados.

Los hechos giran en torno a Aquafarms, una compañía que desarrolla negocios de piscicultura y prestación de servicios relacionados a la industria salmonera.

Aquafarms es controlada por Inversiones Yagán, sociedad ligada a Eric Oliver Bertens, que detenta un 63,25% de la propiedad. El accionista minoritario Jorge Luis Mandrú, que posee el 28,57% de la empresa -porcentaje que se hizo, en parte, porque es dueño del terreno en el cual opera la piscicultura El Copihue- acusó a los mayoritarios de haber, deliberadamente, negociado un contrato perjudicial para la compañía, por lo cual ingresó una querella por administración desleal contra cinco de sus directores.

A modo de síntesis, la compañía tenía un contrato con Australis Seafoods, mediante el cual le arrendaba y operaba una piscicultura para esta salmonera. Ese contrato se redefinió y Aquafarms pasó a hacerse cargo solamente del arriendo, dejando la operación a criterio de Australis, lo que implicó una reducción en el valor del contrato: el precio pasó de US$ 36 por metro cúbico (m3) a US$ 17 por m3.

Mandrú relató que, finalmente, Australis no operó directamente la planta y subcontrató a una sociedad denominada Yagán Servicios para operarla y apuntó a los querellados, aludiendo a su relación con esta sociedad: “Habían planificado esta operación con un año de anticipación, y habían urdido un plan para forzar este cambio contractual y permitir con ello que la operación de la planta fuera llevada a cabo por el grupo empresarial del accionista mayoritario y/o por un tercero”.

Dos años después de ingresada la querella, tras solicitud del Ministerio Público -representado por la fiscal adjunta de la Fiscalía Local de Ñuñoa, Mitzy Henríquez- el 8° Juzgado de Garantía formalizará por administración desleal a Eric Oliver Bertens y a los cinco directores: Jaime Salazar, Jorge Bertens, Juan Eduardo Biehl (socio de la corredora Fynsa), Francisco Besa y Miguel Ángel Lara.

Versiones enfrentadas

Durante la investigación del caso, la defensa ha argumentado que Yagán Servicios, la sociedad que terminó operando la piscicultura para Australis, ya no es una filial de Inversiones Yagán, dado que fue adquirida completamente por un inversionista nicaragüense llamado Noel Cruz.

A causa de eso, sostienen que, de existir esa supuesta administración desleal, no tendría sentido, debido a que solamente implicaría un perjuicio patrimonial, sin beneficio alguno para los imputados.

En ese ámbito, las partes también han enfrentado versiones. Mandrú, en su querella, argumentó que “pese a haber construido y estar arrendando 1.100 m3 adicionales de piscicultura, el precio anual total disminuyó en más de US$ 1 millón”.

Cabe señalar que, tras la arremetida legal de Mandrú, un accionista minoritario de Inversiones Yagán (con el 35,75% de la propiedad), Philippe Resano, también presentó una querella contra Biehl, Salaz y Bertens por el mismo motivo, acusando perjuicios anuales superiores a US$ 1,2 millones.

La defensa, en contraste, encargó un informe económico al director de empresas Ignacio Pérez Alarcón, en el que se argumenta que el valor neto final del contrato nuevo es mayor al del antiguo, dado que, a pesar de que se paga un menor precio por m3, se extendía por tres años más y eliminaba fuentes de incertidumbre para Aquafarms.

De hecho, uno de los argumentos esgrimidos para aprobar el contrato fue la crisis del Covid-19 que golpeó a la industria acuícola, la cual se profundizó en el caso de Australis, que además tuvo que ir ajustando sus niveles de producción por los conocidos procedimientos ambientales en su contra.

Asimismo, subrayaron que el contrato cuestionado fue aprobado por unanimidad del directorio, incluso por el representante de Mandrú.

Los querellantes son representados por el abogado Jorge Boldt, socio de Cariola Díez Pérez-Cotapos; mientras que los socios de Inversiones Yagán son defendidos por los socios de BACS Abogados, Alejandro Awad y Miguel Schürmann.