Abogados apuntan a reglas claras y prevén que los loteos actuales no se verían afectados

El principal argumento del Ministerio de Agricultura para instruir la suspensión de ciertas parcelaciones rurales es que la normativa no autoriza las subdivisiones con fines inmobiliarios, ni el cambio del uso de suelo o su aptitud agrícola.

“La regulación vigente permite determinados usos y construcciones en áreas definidas como rurales. Dentro de lo permitido está la vivienda del propietario de la parcela y las obras que la doten de accesos y servicios. Esta aplicación de la regulación es literal y así también lo han entendido distintas autoridades, que han actuado de manera consistente a lo largo del tiempo”, dice Vanessa Facuse, socia de Bofill Escobar Silva Abogados.

“Se ha dado un vuelco desde lo de Bahía Panguipulli y muchas autoridades han comenzado a cuestionar las divisiones de las parcelas de agrado”, dice Matías Araya.

Desde Araya & Cía, oficina especializada en derecho agrícola, señalan que el problema es que la ley actual es poco específica. “Se ha dado un vuelco desde lo de Bahía Panguipulli (polémico caso de un loteo de 228 parcelas) y muchas autoridades han comenzado a cuestionar las divisiones de las parcelas de agrado”, dice Matías Araya, socio de ese estudio.

Consultada por los cambios que traería una modificación en la legislación, Facuse agrega que “hay una discusión respecto de esta norma legal, pues el diagnóstico desde la perspectiva de las políticas públicas es que sería insuficiente para cautelar un crecimiento sostenible y armónico de la ciudad, y los usos del área rural, pero esto no puede renegar de las subdivisiones y proyectos que se han ejecutado conforme a la regulación vigente”.

Óscar Gajardo, de Cuadra Gajardo Asociados y abogado de Parcelas de Chile, gremio que agrupa a actores de esta industria, afirma que, aunque no se prohibe subdividir predios, lo grave es que se están “poniendo exigencias por sobre lo establecido a la ley”

Gajardo sostiene que el instructivo del ministerio afectará a “personas que han trabajado la tierra toda la vida, pero piensan que las condiciones del mercado y el agua ya no dan para seguir y quieren subsistir de las rentas (…) Las empresas que cumplen con la normativa son las principales interesadas en que la actividad se regule, pero que eso sea consensuado”.

Por su parte, Araya considera que lo que se requiere es generar normas que contribuyan a evitar el daño ambiental, “más que una prohibición absoluta, porque es desconocer que el 80% del territorio nacional es rural”.

Facuse remarca que avanzar en una solución “no puede suponer desconocer las subdivisiones y proyectos que se han ejecutado conforme a la regulación, ni menos pretender sancionar, incluso criminalizar, este tipo de proyectos que se encuentran en ejecución, pues en palabras del propio ministro de Agricultura, acá lo que hubo fue una omisión de parte de las autoridades, pues nunca dictaron los criterios que limitaran el ejercicio del derecho de los propietarios de las parcelas”.