La Comisión de Economía del Senado citó a la Fiscal Nacional Económica (s), Mónica Salamanca, para conocer más detalles sobre la presunta coordinación entre operadores de casinos, pero la abogada fue tajante: “Las investigaciones de colusiones son extremadamente confidenciales, sobre todo, el uso de la delación compensada, una herramienta otorgada por el Congreso y la más potente para desbaratar carteles”.
La noticia dada a conocer por este medio abrió un debate en la industria de libre competencia, ya que si bien Diario Financiero tuvo acceso a documentos publicados por el 1er Juzgado Laboral de Santiago, éstos revelaban información comercialmente sensible de Marina del Sol, incluidos informes secretos que arrojaban que el concesionario se habría acogido al programa de autodenuncia de la FNE, sumado a los planes de expansiones en Perú, Colombia y Chile.
“Las investigaciones de colusiones son extremadamente confidenciales, sobre todo, el uso de la delación compensada (...) Ese es nuestro sello de garantía. Hoy estamos obligados a defenderlo”, dijo la fiscal (s) de la FNE, Mónica Salamanca.
¿Pierde o no Marina del Sol el beneficio de delación compensada?, ¿se vio afectada la investigación de la Fiscalía por salir a la luz pública estos antecedentes?, ¿cuál es el rol del Poder Judicial y los expedientes públicos? Son parte de las preguntas que expertos se están haciendo en el marco de esta investigación.
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La delación compensada
La fiscal (s) Mónica Salamanca fue enfática con los parlamentarios: “La Fiscalía no habla con la prensa estos temas, sus investigaciones son discretas. Ese es nuestro sello de garantía. Hoy estamos obligados a defenderlo, nuestra independencia y carácter técnico”. La abogada salió a resguardar el principal activo de la FNE para desarmar los carteles: la delación compensada, que consiste en dar la posibilidad de exonerar a uno de los participantes de la colusión a cambio de que entregue información para perseguir a sus cómplices.
Sin embargo, no es tan simple como suena. Según la Ley de Libre Competencia (DL211) hay tres condiciones para acogerse a los beneficios de la autodenuncia: proporcionar antecedentes precisos, veraces y comprobables para que sirvan de prueba suficientes para fundar un requerimiento; abstenerse de divulgar la solicitud de estos beneficios hasta que la Fiscalía haya formulado cargos, y poner fin a su participación en la conducta.
Los beneficios son otorgados en la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que determina si el delator cumple cabalmente con los requisitos descritos.
Sin embargo, el debate que abrió Marina del Sol fue que el exgerente general divulgó un informe confidencial en el marco de la disputa por despido injustificado con su empleador. Y si bien, la FNE pidió el 24 de marzo la reserva de estos documentos, el tribunal laboral no lo decretó hasta que todas las partes lo solicitaron una semana más tarde.
Una fuente que trabajó desbaratando carteles dijo que esta situación cayó como una bomba en la industria, principalmente porque reduce sustancialmente la competencia en el rubro de casinos. “El delator no puede revelar la autodenuncia. Sin embargo, en este caso no fue él, sino que un exempleado que no sé si está sujeto a la delación. Si no lo está, la FNE no tiene caso para bajar la autodenuncia, pero sí tendrán que acelerar la investigación”, expresó.
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Otro experto precisó que la Fiscalía podría ampararse en el artículo 42 del DL211, que dice que una persona que reveló antecedentes está entorpeciendo la labor de la Fiscalía, lo que implicaría un arresto de 15 días. “Son penas casi ridículas. Sirven más para asustar, pero en este caso ya es muy tarde y poco probable que se apliquen”, indica.
No obstante, la polémica de Marina del Sol demostró que la FNE y el Poder Judicial requieren de mayor coordinación. Este medio buscó en el “Auto Acordado sobre criterios de publicidad de sentencia y carpetas electrónicas de 2022” y en el documento no hay mención sobre la prohibición de divulgación de secretos comercialmente sensibles, ni tampoco hace referencia a procedimientos investigados en el marco de Ley de Libre Competencia.
Los tribunales laborales no tienen la costumbre de reservar sus expedientes, porque en general son casos de desencuentros entre colaboradores y empresas. De hecho, los casos en que se reservan son cuando se exponen datos personales o de estados de salud del trabajador.
“Falta una discusión sobre qué elementos que se revelan podrían afectar a la libre competencia. Hay que pensar que los competidores también pueden mirar los datos estratégicos de una compañía, que es más grave aún. Podrían facilitar que la competencia sea menos vigorosa (...) Si se derriba la delación compensada como instrumento, haces que el país sea menos competitivo y exista más abuso”, dijo una fuente que pidió reserva.
En su exposición ante el Congreso, Salamanca dijo que el factor sorpresa es muy relevante para detectar carteles. Dentro de la FNE, el equipo anticolusiones maneja con reserva absoluta los avances de la investigación. Incluso, cuando se activa un allanamiento, es el fiscal quien lo coordina y avisa con 24 hrs. de anticipación al grupo que hará la incautación para evitar fugas de información.
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