Aunque no es un secreto para nadie que el próximo año el Congreso estará particularmente concentrado en la tramitación de las reformas tributaria y de pensiones; hay otros temas en los que debería avanzar porque resultan importantes para el país. Es en este contexto que un grupo de destacados abogados de la plaza examinan los proyectos que les parecen relevante que el Parlamento retome e idealmente despache durante 2023.
Las prioridades regulatorias en que ponen el foco la mayoría de los juristas apuntan especialmente a materias como ciberseguridad, protección de datos, royalty minero e industria inmobiliaria, todos temas indispensables para la reactivación económica y, sobre todo, atracción de inversión, tanto nacional como extranjera, en una etapa de la economía en que será indispensable. Pero también hay quien apuesta por proyectos que aumentan los delitos económicos, entre otros.
“incidentes” en ciberseguridad
Es por ello que para el abogado de Andrés Pumarino –socio de Legaltrust– es de máxima relevancia concluir la discusión del proyecto de Ley de Marco de Ciberseguridad. Y se explaya en las razones que lo llevan a enfocarse en este tema, pues estima que “luego de los diversos incidentes de ciberseguridad de octubre de 2022, se hace patente la necesidad de coordinar los diversos esfuerzos en esta materia”. A su juicio, es indispensable una coordinación central con una Institucionalidad en ciberseguridad.
A ello, Pumarino suma el proyecto de protección de datos, para que Chile adopte el estándar presente en gran parte del mundo. Y sostiene que la protección de datos no solo deber ser reconocida en nuestro ordenamiento jurídico para resguardar el derecho de las personas, sino “sobre todo dar luces a las empresas sobre cómo abordar el contexto del entorno digital en la realización de negocios”.
Es en este contexto que agrega otro tema que debe ser prioritario, en el marco del avance de los dos anteriores, y es el de infraestructura crítica. Desde el punto de vista del abogado esta iniciativa se transforma en un importante complemento “para que el país oriente recursos y esfuerzos en materia de protección y ciberseguridad”.
Protección de datos moderna
En la misma línea, para el jurista Rufino Martínez –socio de MTZ Legal- también es fundamental avanzar en el proyecto de Ley Marco sobre Ciberseguridad. Según argumenta los progresos registrados hasta la fecha por el coordinador han sido muy destacables y dan cuenta de la indudable necesidad de establecer un escenario institucional y una política de Estado para casos de incidentes que ya no son meramente especulativos, sino de probada ocurrencia. En este sentido, la definición de conceptos relacionados, la determinación de infraestructura crítica y la indicación de principios aplicables son herramientas imprescindibles para facilitar tanto la prevención, como la reacción ante incidentes de esta naturaleza, señala.
Y lo mismo ocurre, con el proyecto sobre protección de datos, pues, desde su punto de vista, es necesaria una regulación pormenorizada y contemporánea de una materia tan relevante y “en la que nuestro país está concediendo una importante ventaja competitiva respecto de otras legislaciones que ya se han hecho cargo adecuadamente de su regulación”.
“Salvataje” a la construcción
También existe la expectativa de que avance la regulación en los ámbitos de la industria de la construcción, infraestructura y proyectos inmobiliarios. Para el abogado Arie Misraji -socio de Misraji&Béjar- el legislador “está al debe” en estas materias. A su juicio, en estas áreas “existe una legislación dispersa, poco sistematizada y con escasa actualización a los desafíos que en realidad enfrenta el mundo inmobiliario”.
Ejemplo de ello –detalla- es la dictación de la nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria, al punto que en menos de un año de régimen se dictó una ley modificatoria. Lo mismo sucedió respecto a la dictación de la norma que modificaba el sistema del crédito especial de empresas constructoras (CEEC), que también requirió una ley modificatoria "express" y un sinnúmero de oficios del SII.
Y, acto seguido, aborda un tema muy contingente, aludiendo a “las atribuciones que se ha arrogado la autoridad en materia de loteos rurales en el marco del DL 3.516, donde urge una normativa actualizada y armónica”. Por lo que sostiene que el Congreso debe hacerse cargo de “normar todos los aspectos de una industria cada vez más pujante y versátil con demandas ciudadanas legítimas y con el derecho de los inversionistas a jugar con reglas claras”.
Y, en materia de políticas públicas, llama la atención sobre la necesidad de idear un plan o paquete de medidas de reactivación para el sector, que ha sido fuertemente golpeado por la pandemia y la crisis económica. En este contexto, Misraji asegura que “el sector pide a gritos un salvataje en materia de financiamiento, incentivo a la contratación, flexibilidad laboral, mecanismo de mitigación para el alza de precios en los contratos a suma alzada”.
Seguridad para la inversión
En este mismo ámbito, el abogado Roberto Ossandón -socio del estudio Ossandón- sostiene que el Congreso “debe estudiar las modificaciones legales que le den certeza a los agentes inmobiliarios de que sus inversiones y proyectos, desde su inicio, tendrán la certeza jurídica, cumpliendo con las normas legales y reglamentarias vigentes al inicio del proyecto” y que no estarán expuestos a cambios de normativos. El abogado enfatiza que “es vital para cualquier inversionista tener seguridad de que su inversión, si se realiza bajo las norma legales correspondientes, podrá tener un resultado económico razonable”.
Y coincide con Misraji en que es indispensable revisar los alcances del decreto ley 3.516, que regula las subdivisiones agrícolas, “teniendo una particular atención, en los efectos sociales que una restricción absoluta de la normativa vigente puede ocasionar en las personas”.
Royalty minero
Mientras que el abogado Daniel Weinstein -socio Urzúa Abogados- se enfoca en el ámbito minero. Desde su punto de vista durante el 2023 el Congreso debería avanzar, con la participación de actores relevantes del sector de la minería, en la tramitación y análisis tanto de las modificaciones a la ley 21.420, que reduce y/o elimina exenciones tributarias, como “continuar la tramitación del proyecto de royalty minero, respecto del cual todavía hay margen para mejoras”.
Delitos económicos
Mientras que para el jurista Jaime Lorenzini -socio de Lorenzini – Twyman abogados- entre los proyectos del ámbito de la regulación económica a los que el Congreso tendría que dar prioridad en 2023 se cuenta el de Deuda Consolidada, para facilitar mayor competencia y mejores términos en la contratación de deuda, argumenta. El proyecto que modifica la Ley de Protección al Consumidor para establecer como regla general la entrega de estados de cuenta o informaciones periódicas por medios digitales, una medida que –a su juicio- constituye modernización y eficiencia económica para todos los actores; y la moción sobre “delitos económicos”, que “modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con especial atención a los temas de compliance en los casos de colusión", detalla. Esta última iniciativa está siendo analizada por la Comisión de Constitución del Senado, tras ser aprobada por la Sala en junio de este año, y se ha retomado de forma esporádica, pues el Gobierno no le ha puesto urgencia para ser tramitada.
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