SEA responde a críticas de megaproyecto de amoníaco verde: “Sorprende el tenor y la oportunidad de estas declaraciones”

Una rotunda respuesta emitió el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ante los dardos que lanzó el proyecto integral para la producción y exportación de amoníaco verde de HNH Energy –propiedad del consorcio conformado por las empresas austríacas Ökowind y Austria Energy Group, y la danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)- al criticar las exigencias adicionales de la entidad por no incidir en la evaluación ambiental, aunque sí atrasan el trámite y elevan los costos.

Mientras todo parecía en calma, HNH Energy solicitó extender el plazo para presentar su adenda hasta el 29 de agosto de 2025 tras recibir el primer Icsara por parte del SEA. Y si bien estas peticiones son habituales, había algo más.

El consorcio que lidera el proyecto de US$ 11 mil millones señaló a DF que el plazo otorgado para dar respuestas es insuficiente y sinceró su preocupación respecto al nivel de requerimientos que persiguen varias de las observaciones del SEA, “las cuales exigen antecedentes adicionales que no inciden en el proceso de evaluación ambiental”. “Estos requerimientos solo ralentizan la tramitación del EIA y elevan aún más los costos de inversión en etapas tempranas”, advirtió.

“El titular ha sido recibido en múltiples ocasiones por el director regional y su equipo, quienes le han prestado orientación técnica en todo momento”, replicó el SEA.

Conocidos los dichos y al ser consultado, desde el SEA lamentaron las críticas de HNH Energy al proceso de evaluación de su proyecto: “Sorprende el tenor y la oportunidad de estas declaraciones a través de los medios de comunicación. El titular ha sido recibido en múltiples ocasiones por el director regional, José Luis Riffo, y su equipo, quienes le han prestado orientación técnica en todo momento, como es habitual. Existiendo un diálogo técnico por cauces institucionales, creemos que un emplazamiento a través de la prensa no contribuye a cuidar las confianzas en el trabajo técnico de la institucionalidad ambiental”.

Según argumentó el SEA, es de público conocimiento que la autoridad ambiental ha implementado “una política de puertas abiertas, con diversas medidas de gestión para lograr una tramitación eficaz y oportuna de este proyecto en particular, así como de toda la industria del hidrógeno verde en la zona”. Algunos ejemplos de aquello que fueron destacados por la entidad es que se decidió reforzar los equipos de la Región de Magallanes y se creó en la dirección ejecutiva un equipo especial que está prestando apoyo a la dirección regional durante todo el proceso de evaluación ambiental.

El SEA recalcó que, para dar certezas y unificar criterios, ha publicado documentos técnicos sobre hidrógeno verde pioneros en el mundo, como el “Criterio de evaluación en el SEIA: Introducción a proyectos de Hidrógeno Verde” y el “Criterio de evaluación en el SEIA: Descripción integrada de proyectos para la generación de hidrógeno verde en el SEIA”.

Se indicó que desde la Dirección Ejecutiva del SEA se han sostenido encuentros con gremios relacionados a la industria; y la autoridad se ha reunido con organizaciones sociales y ambientales que manifiestan preocupaciones por los impactos de esta industria. “Se realizaron visitas técnicas de manera de capacitar a los profesionales del SEA Magallanes y reforzar el conocimiento en esta materia y garantizar la unificación de criterios”, añadieron.

Respecto a la petición de extensión de plazo, el SEA indicó que esto “no obsta a que el titular pueda ingresar voluntariamente su adenda antes de la fecha por él solicitada. La obtención de una RCA en Chile es un activo que permite dar cuenta del cumplimiento de la normativa ambiental, y de la adopción de medidas adecuadas para hacerse cargo de los impactos de los proyectos”. Y reiteraron que “el SEA cumple siempre con los plazos legales de evaluación”.

El choque de posiciones entre titular y dicho servicio se suma al que se generó por el proyecto Central Bombeo Paposo por US$ 1.400 millones, donde Colbún terminó por suspender su desarrollo tras un término anticipado y un rechazo a un recurso de reposición por parte del SEA de Antofagasta.