Lo venía diciendo el ministro de Energía, Máximo Pacheco, y ayer lo recogió la presidenta Michelle Bachelet: “tanto nuestra electricidad como nuestro gas, están entre los más caros de América Latina”, dijo ayer en el marco de la presentación de la Agenda de Energía.
En este sentido, y como parte de las medidas del segundo pilar de la estrategia del gobierno, tendiente a reducir los precios de la energía, con mayor competencia, eficiencia y diversificación en el mercado energético, la autoridad tiene previsto perfeccionar la regulación del mercado de distribución de gas natural por redes.
Aunque desde la industria refutan los números que ha utilizado Pacheco, el argumento del gobierno está basado en la percepción de que “la empresa que recibe el hidrocarburo en el terminal de Quintero paga por él US$ 9,5 por millón de BTU (unidad térmica Británica) y lo vende en las casas a US$ 30 por millón de BTU”.
En este sentido la agenda considera medidas pro eficiencia del mercado enviando en el segundo semestre de una propuesta legal para regular la fijación tarifaria en el mercado de distribución de gas por redes.
De esta forma, explicó el ministro Pacheco, se resolverá un vacío legal que existe para determinar las tarifas de las empresas en caso de que éstas superen el límite de rentabilidad máxima permitida por la normativa.
“La industria de distribución de gas natural sí está sujeta a una regulación y además compite con combustibles alternativos. Quedamos a la espera de conocer los alcances de las propuestas anunciadas tanto en relación a eventuales mejoras como a subsanación de vacíos legales donde esperamos poder contar con las instancias adecuadas de participación”, dijo Ricardo Cruzat, gerente general de Gasco, que a su vez controla a la distribuidora de la Región Metropolitana, Metrogas.
Lo que está proponiendo la autoridad es establecer una metodología de tarificación a costo medio, en base a una empresa eficiente similar a otros servicios públicos, basado en estudios externos, con instancias de participación ciudadana y mecanismos arbitrales de solución de controversias.
En la industria explican que actualmente cuando una empresa supera el máximo establecido para la rentabilidad, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) puede ordenar la fijación, pero es este mecanismo el que no está definido, situación que se arrastra -según se indica en la propia agenda- hace 25 años.
Además, el gobierno tiene previsto desarrollar la figura de “permisos” para realizar la fijación tarifaria del las redes no concesionadas, ya que ésta es ampliamente utilizada en condominios y edificios privados, estableciendo obligaciones de registro y calidad de servicios, así como mecanismos de traspaso de propiedad de estanques para promover la competencia, al permitir el intercambio de proveedores.
Este tema fue investigado por la Fiscalía Nacional Económica, que a fines de 2013 propuso regular estas prácticas, que en particular se dan en el segmento del gas licuado.
Distribuidores valoran corrección de asimetrías
La Asociación de Distribuidores de Gas Natural (AGN Chile), gremio que agrupa a las firmas Metrogas, GasValpo, GasSur y Gasco Magallanes, se refirió a los anuncios de la autoridad relacionados con regular la fijación tarifaria del mercado de distribución de gas de red, manifestando que "la industria del gas natural ya está regulada, sin perjuicio de que compartimos que se debe perfeccionar el marco legal".
En el gremio valoraron especialmente aspectos relacionados con el impulso a la eficiencia energética y con la corrección, dicen, de algunas asimetrías que afectan el normal desarrollo de la industria del gas natural.
"Nos parece sano que en este contexto se planteen posibles mejoras a la regulación sectorial, para lo cual estamos abiertos a cooperar activamente", plantearon.
Finalmente, señalaron que se debe considerar que las tarifas de distribución de gas natural en Chile obedecen a una fórmula de desarrollo e inversión privada, que no cuenta con subsidios o mercados protegidos", dicen en el gremio.