Este viernes la comisión de Minería y Energía del Senado continuará la votación de las últimas materias restantes del proyecto de transición energética que el Gobierno busca despachar desde el Congreso a mitad de año. Sin embargo, a horas de la cita que podría cerrar el paso del texto por la instancia, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera) y dos empresas -Mainstream Renewable Power y Acciona- encendieron las alertas entre este miércoles y jueves por eventuales modificaciones al diseño original del capítulo de reasignación de ingresos tarifarios extraordinarios contenido en el articulado.
El tópico aludido es clave para algunas firmas renovables que dicen estar en crisis, ya que este aspecto -que se incorporó al proyecto de transición energética cuyo foco original estaba concentrado en transmisión- podría aliviar su situación financiera. De hecho, la semana pasada, a un año de la visita a Chile de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, bancos europeos y la compañía alemana WPD viajaron al país para reunirse con autoridades locales -entre ellos, los ministros de Hacienda y Energía- para evaluar los avances ante las dificultades de inversiones en renovables.
“Para muchas de las compañías de energías renovables es esencial para su sobrevivencia que se respete la propuesta original”, advirtió la directora ejecutiva de Acera.
El primer actor que advirtió respecto a los ajustes de última hora que se estarían introduciendo fue Acera que envió este miércoles una carta a la senadora Loreto Carvajal (PPD), manifestando la "profunda preocupación" del gremio y pidiendo a la senadora y a la comisión de Minería y Energía del Senado que se mantenga el diseño original de la reasignación de ingresos tarifarios extraordinarios del proyecto.
Según explicó en la misiva la directora ejecutiva del gremio, Ana Lía Rojas, esta modificación sustancial se refiere a la potencial incorporación de un mecanismo de "subastas" para los ingresos tarifarios extraordinarios, el que iría en contra del propósito original que busca aliviar los críticos desbalances financieros de compañías de energías renovables, originados principalmente -dice- por las restricciones de transmisión del sistema.
Rojas recalcó que esto "sería un retroceso sobre el diseño inicial que considera un mecanismo accesible, y que se activa solamente frente a las situaciones que originan desacoples graves de precios en el sistema eléctrico nacional" como hidrologías secas y altos precios de combustibles fósiles.
"Para muchas de las compañías de energías renovables es esencial para su sobrevivencia que se respete la propuesta original de reasignación de ingresos tarifarios extraordinarios que el Ejecutivo y el Ministerio de Energía presentó, y que fue respaldado técnicamente (...). Cualquier otra alternativa, además de no haber sido estudiada, desvirtúa el sentido y objetivo que dieron origen a esta propuesta", aseguró Rojas.
Esto, reitera, porque la propuesta original de reasignación de los ingresos tarifarios extraordinarios se activaría sólo en condiciones excepcionales. Por ejemplo, en situaciones similares a las ocurridas el año 2022 cuando simultáneamente se presentó un shock en los precios de los combustibles fósiles y ocurrió una sequía extrema, "con el objeto de evitar que las empresas renovables sigan afectando su posición en el mercado de corto plazo, con riesgo grave de insolvencia, lo que podría impedir el suministro de los contratos con las empresas distribuidoras respaldados con energía limpia y a precios competitivos a los consumidores regulados".
Rojas insiste en su carta que "la nueva consideración de limitar la reasignación de ingresos tarifarios extraordinarios a sólo un par de años y luego 'subastarlos' no es una solución viable para las empresas renovables que hoy están en crisis, muchas de las cuales han tenido que refinanciar con la banca internacional su deuda de largo plazo".
En esa línea, reconoce que en el diseño original del proyecto de ley las empresas renovables que representa Acera vieron un "mecanismo de mitigación de riesgos de congestiones" ante eventuales aumentos extraordinarios de los costos internodales.
"Lamentablemente, la promesa de dar una solución al problema de las congestiones está en riesgo, pues se está acotando al corto plazo, lo que no permite cubrir el riesgo durante todo el período de suministro de los contratos de energía que abastecen a los clientes regulados".
Precisamente, el gremio recoge la visita a Chile de los bancos KfW, Cofides y Caixa que le plantearon al ministro de Hacienda, Mario Marcel, según sostiene la misiva, "que seguían preocupados por la situación de las empresas renovables con contratos con clientes regulados, lo que eventualmente afectaría el financiamiento de otro tipo de inversiones en Chile".
Impacto a nivel de competencia y precios
Para la directora ejecutiva de Acera también la propuesta que se estaría barajando generaría efectos a nivel competitivo. Según argumenta, la consideración de limitar la reasignación de los ingresos tarifarios por un par de años, para posteriormente subastarlos, "podría beneficiar a empresas que no se ven afectadas por las congestiones y podría generar situaciones de competencia asimétrica, que debiesen ser evaluadas para una correcta implementación, en la que las empresas incumbentes con posición dominante podrían dejar fuera de competencia a las compañías renovables en crisis".
Y sentencia: "Una medida de este tipo sería completamente regresiva en materias de competencia y un duro golpe en contra de las compañías de generación renovable, lo que en el corto plazo conducirá a una nueva concentración de mercado y un incremento de los precios de la energía para los consumidores finales".
Se rearma la ofensiva internacional
Pero la arremetida no terminó ahí e incluso escaló a nivel diplomático en la misma sintonía de hace un año cuando la crisis de algunas firmas renovables tuvo su punto más álgido. Esta vez, el gerente general de Mainstream Renewable Power, Latam, Manuel Tagle, envió este jueves una carta al ministro de Energía, Diego Pardow, con copia a la comisiónde Minería y Energía del Senado, y los embajadores de la Unión Europea, Japón, Irlanda y Noruega en Chile.
En la misma línea que Acera, la compañía -de capitales noruegos, japonenes e irlandeses- pidió mantener el proyecto presentado por el Gobierno en materia de reasignación de ingresos tarifarios extraordinarios. Indicaron que, según los antecedentes que disponen, se les informó que el Ministerio de Energía estaría considerando modificar el proyecto de ley original para ingresar una nueva propuesta "mixta". Esta última -dicen- implicaría acotar a dos o tres años la reasignación de los ingresos tarifarios extraordinarios, para posteriormente definir los nuevos mcanismos reasignación, en base a subastas para los años restantes.
"Una propuesta mixta de tales características significaría exponer a los contratos de energías renovables, y a los financiamientos de largo plazo -que posibilitaron la construcción de proyectos ERNC-, a riesgos serios y significativos", aseguró Tagle.
La empresa estima que limitar la reasignación de los ingresos tarifarios extraordinarios a un período muy corto, para subastarlos posteriormente, "apunta hacia la dirección contraria del proyecto de ley originalmente presentado por el Gobierno, cuyo espíritu es precisamente subsanar de algún modo la afectación de que padecen las compañías de energías renovables por el desacople de precios, lo que traería como efecto práctico limitar la competencia y la participación de empresas de energías renovables".
Y advierte que, de prosperar una modificación del proyecto de ley original por una propuesta de naturaleza mixta, "se afectará de manera relevante el mercado de las energías renovables, consolidando la concentración económica del mercado eléctrico y aumentando las tarifas para los consumidores finales. Además, sería regresivo para los nuevos competidores que ingresaron al mercado, precisamente, para dar mayor competencia al sector, poniendo en riesgo sus inversiones".
Asimismo, dijeron tener una "profunda convicción" de que si el proyecto avanza en la dirección correcta "proveerá cierta protección a las compañías de energías renovables, frente a la crítica situación que atraviesan".
Lo propio hizo Acciona que, en otra misiva enviada este jueves también al ministro de Energía, expresó su desacuerdo por la propuesta que se estaría fraguando y recalcó que mantener la idea original es "esencial para la sobrevivencia de muchas de las compañías de energías renovables". Al igual que la firma anterior, la carta fue copiada a la comisión de Minería y Energía del Senado, y en este caso a los embajadores tanto de la Unión Europea como el de España en Chile.
El director general de Acciona Energía Chile, Miguel Arrarás, planteó la misma argumentación que su par aunque fue más extenso, enfatizando que tienen la convicción técnica que la propuesta incorporada por el Gobierno en el proyecto y desarrollada por expertos de reconocida trayectoria, como es el caso del equipo académico del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), "proporciona un cierto nivel de cobertura a la pública y crítica situación de las empresas de energías renovables".
"Lamentablemente, y de resultar efectiva la información con la que contamos, si el proyecto de ley incorpora esta nueva propusta 'mixta', se alejaría completamente del objetivo de resolver alguna de las distorsiones que afectan a nuestro sector, que hoy está experimentando una situación crítica, debido a una legislación discriminatoria con las tecnologías renovables mientras que la nueva propuesta tiende a consolidar un sistema que prioriza a las empresas generadoras que operan con combustibles fósiles", lanzó Arrarás.
El corolario de lo anterior, añadió, sería "consolidar definitivamente un mercado eléctrico con altísimos niveles de concentración, puesto que quedaría en manos de unos pocos actores, situación que Chile sufre en diversos rubros de su economía, con el probado y evidente perjuicio para los chilenos y chilenas en la calidad de los servicios que reciben y las tarifas que deberán pagar en el futuro inmediato y tal como se acaba de verificar en la última licitación de suministro a clientes regulados".
Asimismo, la firma española apuntó a que se requiere que la reasignación de ingresos tarifarios extraordinarios del proyecto sea tramitada y aprobada "con la mayor urgencia posible", "para que las empresas y la banca internacional puedan seguir desarrollando inversiones en energías renovables e hidrógeno verde en nuestro país, con la debida certeza jurídica y la adecuada regulación de mercado tendiente a generar condiciones justas y competitivas para todos los actores".
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