Este martes venció el plazo para presentar observaciones al informe que reúne las propuestas presentadas por el Gobierno en la mesa técnica que busca viabilizar el proyecto de transición energética. Fue ese día, en el plazo extra que dio el Ministerio de Energía, que el centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD) presentó sus inquietudes.
En la mesa técnica, representaron al centro de estudios Sebastián Bernstein, Renato Agurto, Macarena García y Juan Ignacio Gómez, siendo estos dos últimos parte del staff de LyD. Agurto, en tanto, los asesora en algunas materias. Sin embargo, fueron los cuatro los que armaron un documento que fue presentado al Ministerio de Energía.
Dicho texto, al que tuvo acceso DF, plantea una mirada aún más crítica frente a lo propuesto por el Gobierno en comparación con los cuestionamientos ya conocidas por parte de algunos gremios del sector de energía, especialmente en cuanto a la licitación de sistemas de almacenamiento que propone el Ministerio. El centro de estudios cree que este proceso por parte del Estado, independientemente de su forma y magnitud, "no es necesaria ni conveniente".
“Constituye un precedente peligroso para la certidumbre de las reglas del juego en el sector eléctrico”, dijo.
Esto, entre otras razones, porque el mercado generará y está generando la capacidad; y la licitación de baterías por el Estado representa -a su juicio- "una manipulación del sistema de precios de la electricidad, pues altera los costos marginales y las señales para que los agentes generadores tomen decisiones en base a señales de mercado y, por tanto, la disposición de tomar riesgos".
Incluso, advierten que una licitación de este tipo constituye un "precedente peligroso para la certidumbre de las reglas del juego en el sector eléctrico, basado en la interacción de señales de precios e inversiones privadas, abriéndose así la puerta para que a futuro el Estado licite centrales o dispositivos que van a alterar los precios".
De esta manera, proponen eliminar la disposición del proyecto sobre licitación de almacenamiento. Y, si se perseverara en la idea de licitar, como "second best", sugieren definir por una sola vez un monto total a licitar en el período 2023-2030, y que se licitará, si fuera necesario, solo una cantidad relacionada con la diferencia entre la potencia teórica definida por el Coordinador Eléctrico o la CNE como "conveniente" para cada año de dicho período, y la potencia total que están desarrollando los generadores.
Además, se estima desaconsejable separar la licitación entre adjudicatorio y proveedor del servicio, sugiriendo, en este caso, una administración única, debiendo ella licitarse.
Tampoco convenció del todo a los representantes de LyD el establecer un mecanismo de licitación recurrente, uno de los cambios que tuvo la propuesta en materia de almacenamiento respecto a la originalmente planteada. A juicio de los expertos, si bien limita la cantidad a licitar a los objetivos de almacenamiento menos la capacidad que desarrollan los generadores, indican que tiene el problema que establece una métrica muy ajustada en cuanto a la potencia "deseable", lo cual -dicen- "puede desincentivar la dinámica de inversión privada", ya que se sabría con certeza la capacidad que estará disponible y podría resultar más cómodo no invertir y esperar la licitación.
Subsidio eléctrico e ingresos tarifarios
Otro aspecto polémico que también genera inquietud en el centro de estudios es el subsidio eléctrico. Creen que es una medida necesaria, pero apuntan a que debe tener carácter permanente y financiado con ingresos generales de la nación. Esto, ya que un subsidio transitorio como el propuesto sería pagado solo por algunas generadoras sin tener claridad sobre cuánto será la recaudación y, por tanto, cuántas familias se beneficiarían cada año.
Frente a lo señalado por el Consejo Fiscal Autónomo que no hay espacio para nuevas gastos sin nuevas fuentes permanentes de recursos, indican que, mientras el Gobierno no ponga el foco de sus políticas económicas en el crecimiento como fuente permanente de mayores ingresos, es difícil que se puedan allegar mayores recursos. Por el contrario, añaden, "mayores cargas públicas como el Mecanismo de Protección al Cliente (MPC) y su recaudación mediante el cargo por servicio público, así como mayores gravámenes impositivos, como podría ser el aumento del impuesto verde en su forma actual, esencialmente recaudatoria, solo debilitan los ingresos fiscales".
Y aseguran: "A fin de cuentas, la barrera para alcanzar el subsidio financiado íntegramente con recursos fiscales radica en diferencias en los énfasis de gasto por parte del Gobierno, es decir, es una cuestión de prioridades".
Asimismo, creen que resulta discriminatoria la reasignación de ingresos tarifarios excesivo solo a los generadores comercializadores que, en presencia de congestión, tienen inyecciones de la energía generada y retiros para la entrega a sus contratos, tal como lo hace la indicación al proyecto de ley de transición energética, asignándoles a las generadoras con mayores diferencias entre los costos de retiro y de inyección.
En esta materia, recomiendan que el ingreso tarifario excesivo se reasigne a todos los generadores que hayan inyectado en nodos de inyección en circunstancias que haya habido congestión en los tramos correspondientes. "El driver para reasignar el ingreso tarifario excesivo debería ser la energía inyectada por cada generador en cada período en el que haya habido congestión a partir del nodo de inyección", dicen.
Recomiendan, en definitiva, que "el ingreso tarifario excesivo se reasigne solamente a todos los generadores afectados por la depresión de precios en nodos congestionados, independientemente que se trate de generadores que solo inyectan o bien de generadores comercializadores que además retiran energía para servir sus contratos".
En materia de transmisión, aunque se reconoce que el proyecto va "bien encaminado" en esta materia, se señala -entre otros aspectos- que resulta clave mantener el rol que actualmente el artículo 91º le asigna al Coordinador en orden a iniciar el proceso de planificación con el estudio y formulación de una propuesta de plan de expansión de la transmisión que debe enviar a la CNE. "No entendemos cuál es el avance que se logra sacando al Coordinador del proceso de planificación", recalcan.
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