Aunque la atención sigue en las materias más urgentes como frenar la inminente alza en las cuentas de la luz, sigue caminando de forma sigilosa el proyecto de ley de gas licuado de petróleo (GLP) que fue presentado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados hace casi cuatro meses, el que propone -entre otros aspectos- separar la distribución mayorista y minorista. Eso sí, a través de la mesa técnica de trabajo que comprometió el Gobierno se busca generar consensos respecto al polémico articulado.
Pero las gestiones no solo se concentran allí. Según información a la que tuvo acceso DF, entre el 11 y 13 de octubre actores internacionales del sector están desplegando una intensa agenda de reuniones con autoridades locales. Se trata del presidente de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP), Fabricio Nazareth Duarte; el presidente de Ultragaz, Aurelio Mendes Ferreira; y el también timonel de la empresa Copagas, Antonio Moreira Turqueto.
Durante estos días tienen agendadas reuniones con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma; la presidenta de la comisión de Minería y Energía del Senado, Luz Ebensperger; y la jefa del departamento de inspección de combustible, Maricel Lavín. De hecho, ayer fue el turno de parlamentarios y hoy está previsto el encuentro con el organismo fiscalizador. Además, se contempla una cita este viernes con un representante del Ministerio de Energía.
Según plantea su sitio web, AIGLP es una institución privada con más de 30 años creada con el fin de promover las buenas prácticas del sector en lo que atañe a: seguridad, excelencia en la prestación de servicios, eficiencia logística, así como el desarrollo técnico científico del sector de GLP en la región donde actúan. Actualmente, congrega a más de 60 miembros entre envasadores, distribuidores, asociaciones nacionales y proveedores de servicios y equipamientos. Entre los miembros figuran como socios consejeros Abastible y Lipigas y, como "socios plenos", Gasco.
Según trascendió, la visita del gremio y las firmas buscaría influir directamente en el texto en cuanto a demostrar la fallida experiencia de Brasil que prohibió la distribución directa a las empresas de gas para aumentar la competencia y bajar los precios, lo que ha sido usado como argumento por parte de algunas de las firmas a la hora de criticar el proyecto.
En un documento de AIGLP -que agrupa a empresas y asociaciones de 16 países que operan en el mercado de GLP- la asociación hizo un estudio de caso sobre el proyecto de GLP presentado en Chile donde cuestiona que ciertos aspectos cruciales de la dinámica del mercado no fueron analizados como, por ejemplo, "la falta de consideración sobre cómo el consumidor realiza sus compras y la comparación de cifras utilizando márgenes brutos que no consideran los costos operativos".
En el escrito se advierte -por ejemplo- que "un mercado concentrado no necesariamente implica una reducción de la competencia, y no debe ser el único indicador para evaluar el nivel de rivalidad en un sector". También, indican que "la prohibición a la venta directa a los consumidores, por parte de las empresas distribuidoras, además de no tener sentido económico, ignora un principio básico sobre la defensa de la competencia, que en realidad no existe para defender a los competidores, sino a la competencia".
Y, en cuanto a los contratos de exclusividad, prohibirlos -dicen- "significaría poner un obstáculo en las relaciones privadas y desincentivar la inversión de las distribuidoras en los puntos de venta. Esto, tanto en términos de identificación como de estandarización y garantía de servicios".
Y sentencian: "Al analizar el caso chileno, observamos una iniciativa muy común en nuestra región: propuestas de revisiones regulatorias bajo el pretexto de reducir el precio del producto, que terminan generando incertidumbre y, contrario a lo que se desea, un aumento de costos, afectando precisamente a quien debería ser protegido, el consumidor final".
Las observaciones del Sernac
La mesa técnica de trabajo para analizar y consensuar aspectos relevantes del proyecto de GLP sigue su curso y ya llegó a la quinta sesión de un total de 10. En dicho encuentro, realizado el 29 de septiembre, fue el turno del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) donde entregaron desde cifras de reclamos a observaciones específicas al texto.
En la cita, el Sernac estimó que el objetivo central del proyecto (incrementar los niveles de competencia en el mercado de GLP) interactúa de manera óptima con la protección de los consumidores y destaca como medidas del texto que podrían implicar beneficios a consumidores la intercambiabilidad de cilindros (libre elección) y menores precios (desintegración vertical e intensidad competitiva).
En esa línea, profundiza sobre algunos aspectos regulatorios asociados a derechos de consumidores. En cuanto a que se exige a los mayoristas que la venta de GLP envasado se realice bajo condiciones públicas y que para el servicio de envasado de cilindros deberán mantener publicados un listado de precios, el Sernac sostiene que sería razonable extender la exigencia de condiciones públicas de precios al segmento minorista y/o efectuar derechamente un "reenvío" a los estándares sobre publicidad de precios que define la ley 19.496 en la materia.
El Servicio dice apreciar que el proyecto apunte a establecer una responsabilidad de seguridad tanto para mayoristas y minoristas. Sin embargo, dice que tratándose de los distribuidores mayoristas el estándar podría especificarse, en los distintos aspectos que alude el artículo vigesimotercero: seguridad en la operación de la cadena logística, seguridad de los cilindros e integridad de los cilindros. Asimismo, añade, ocurre con las exigencias de seguridad que se formulen respecto de los distribuidores minoristas.
En concreto, el Servicio hace propuestas en materia de seguridad/calidad y responsabilidad. Plantea procurar mayores grados de especificación de los estándares de seguridad y calidad de ambos segmentos con miras a proteger los derechos de los consumidores, especialmente para hacer efectiva la responsabilidad. "Una alternativa es reconducir a la normativa de la ley 19.496 (que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores), como marco general de protección a los consumidores", se señala.
También, con respecto a la responsabilidad de los distribuidores (mayoristas y minoristas), se indica que "una alternativa es establecer que serán solidariamente responsables del pago de las multas y reparación total de todos los perjuicios causados a los consumidores finales por incumplimientos, sin perjuicio de la posibilidad de repetir en contra del interesado".
Y si bien valoran que en artículos transitorios establezcan la obligación de no afectar la calidad del servicio ni de la cobertura geográfica con ocasión del cambio de régimen que establece el proyecto de ley, la norma -aseguran- "no contempla sanción alguna por incumplimiento a dicho principio". Por esto, se propone "establecer una consecuencia jurídica relevante en caso de que se produzcan afectaciones".
En tanto, la exposición de la SEC tuvo como foco antecedentes del sistema de distribución; y la intercambiabilidad y restitución de cilindros.
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