Otra constructora pide su quiebra: "Las proyecciones nunca consideraron una crisis social ni una pandemia"
La empresa HFC Constructores Limitada dijo que, pese a las renegociaciones, aplazamientos de deuda y reestructuración de activos, "simplemente no fue suficiente para hacer frente a la crítica situación".
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Una nueva constructora se sumó al listado de empresas que solicitaron su quiebra por no poder cumplir con sus compromisos. Y una vez más, se apuntó a la crisis social y la pandemia.
"Las proyecciones financieras y administrativas nunca consideraron una crisis social a nivel nacional, ni una pandemia global, lo que evidentemente ocasionó una problemática de administración bastante compleja a nivel interno", dijo el abogado Jorge Moreno en la solicitud de liquidación de la empresa HFC Constructores Limitada, representada por Carlos Fuentes y Claudio Herrera.
La firma se dedicaba a la realización de distintas obras civiles de construcción, acondicionamiento de espacios públicos y privados, remodelación y demás obras relacionadas al rubro. "Los costos de operación fueron relativamente cubiertos hasta el mes noviembre del 2019, un mes después del inicio de la contingencia social, comúnmente conocida como estadillo social" lo que implicó una ralentización y disminución considerable en los negocios", señaló el abogado.
Y añadió: "Disminución de ingresos y operatividad que se vio extendida desde marzo del año 2020 a la presente fecha debido al estado de emergencia sanitaria en el cual, hasta hace algunos meses, se encontraba sumido el país completo, siendo públicamente conocido que el rubro de la construcción fue uno de los más afectados".
La empresa reconoció pasivos por casi $ 800 millones, siendo sus principales acreedores los bancos BCI e Itaú Corpbanca.
"Pese a los diversos cambios, procesos de reinvención tanto a nivel logístico como operativo, tendientes a lograr una optimización de los recursos y estabilidad en las obras, las renegociaciones, aplazamientos de deuda y reestructuración de activos, simplemente no fue suficiente para poder hacer frente a la crítica situación económica por la que atraviesa el país, viéndose obligados a iniciar el presente procedimiento", dijo el abogado Moreno.
El jurista precisó que, producto del estado de cesación de pago generalizado, derivado por la falta de ingresos que mensualmente dejaba de percibir la firma, los socios de la constructora se vieron en la obligación de repactar la gran mayoría de sus deudas contraídas, generando con esto, dijo, una disparidad del monto inicialmente otorgado versus el monto final a pagar.
"Dichos créditos duplicaron su cuantía, ahogando aún más la situación de la sociedad. Se llegó a un punto en que los socios debían pagar más de lo que ingresaban mensualmente bajo los presupuestos", aseguró.
La administración de la compañía insistió que, aun tomando en consideración la imposibilidad de realizar incluso abonos a los diversos acreedores, puesto que solo serían imputados a los intereses, a la presente fecha no se ha logrado encontrar alguna solución real. "Los socios han buscado durante este periodo de contingencia nuevos financiamientos, socios, cambios de estrategia comercial, sin embargo, aun con ello no han podido lograr un pago íntegro de las cuotas adeudadas, agravándose el estado financiero de ella. Los intereses suman día a día sobre lo ya repactado", se señaló.
"Los montos de las deudas que cada vez aumentan, y los refinanciamientos que no terminan, han provocado la difícil situación de poner término a este emprendimiento, sociedad y empresa que alguna vez se visualizó como un negocio rentable, el cual a la fecha no tiene solución real más que su liquidación", añadió el abogado de la constructora.