Inmobiliaria arremete contra municipio de Independencia y exige indemnización de casi US$ 22 millones tras paralización de proyecto

Con un fallo a su favor de la Corte Suprema, la inmobiliaria Huidobro (parte del grupo Biba, de Francisco Bascuñán, Armando Ide, Daniel Bossonney y Marcelo Aste) presentó una demanda en contra de la Municipalidad de Independencia: exige una indemnización de US$ 22 millones tras la paralización de un millonario proyecto habitacional en la comuna, que fue lidera durante tres periodos por Gonzalo Durán, quien renunció en julio pasado tras ser nombrado como Delegado Presidencial de la Región Metropolitana por el Presidente Gabriel Boric.

Se trata de una nueva acción judicial de una inmobiliaria en contra de un municipio. Hace unas semanas, la justicia condenó en primera instancia a la alcaldía de Las Condes a pagar US$ 10 millones a una empresa por paralizar un proyecto en el barrio El Golf.

El presente litigio tiene sus orígenes en diciembre de 2018, luego que el director de Obras de la Municipalidad de Independencia, Juan Miquel Mac Donald, declarara caducado el permiso de edificación otorgado a la inmobiliaria Huidobro en 2015 (y modificado un año después), y que considera tres torres de 15 pisos cada una para viviendas, en Av. Independencia 2903, las que aún no se construyen.

La empresa presentó una reconsideración: dijo que se habían verificado las exigencias legales para acreditar que se había dado inicio a las obras, e hizo presente lo dispuesto por el Consejo de Monumentos Nacionales respecto a hallazgos arqueológicos. Pero la DOM volvió a determinar la caducidad del permiso.

Tras esto, la empresa presentó un reclamo de ilegalidad en contra del director de Obras ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El 2 de febrero de 2022, el tribunal de alzada acogió la demanda, anulando la resolución de la DOM que declaró caducado el permiso. Sostuvo que la imposibilidad de continuar con las faenas de construcción tuvieron su fundamento en la hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor, a raíz del hallazgo de restos arqueológicos en el terreno donde se emplaza el proyecto.

Además, declaró, en conformidad a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, “el derecho de la reclamante a ser resarcido en los perjuicios que fueren consecuencia directa de la resolución anulada”.

El municipio presentó un recurso ante la Corte Suprema, la que, a principios de este año, lo rechazó. “Mientras no se encontrare concluido el procedimiento seguido ante el Consejo de Monumentos Nacionales, a través de una decisión que permitiera conciliar la protección del patrimonio arqueológico con la ejecución de la obra, ésta no podía legalmente iniciarse, por cuanto ello implicaría, por un lado, la comisión de una infracción ambiental por el incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental y, por otro, la generación eventual de un daño ambiental que, a la sazón, podría configurar una transgresión distinta”, dijo el máximo tribunal del país.

“Sensibles pérdidas”

Ahora, la inmobiliaria apunta al pago de  una indemnización por parte del municipio. “Esta demanda se funda en una acción por responsabilidad de la municipalidad demandada, derivada de su falta de servicio”, dice la acción judicial presentada por la empresa, asesorada por Gonzalo Cisternas, socio del estudio Cisternas y Cía., y que fue acogida a trámite el pasado 19 de julio.

“La sentencia de la Corte Suprema determinó el actuar ilegal del municipio, ya que al dictar la resolución que declaraba la caducidad del permiso de mi mandante, dicho órgano no ponderó los hechos que impidieron que mi mandante pudiera proseguir con la ejecución de la obra”, añadió.

La firma dijo que, tras declararse caduco el permiso, “experimentó sensibles pérdidas en su patrimonio, así como la expectativa de ganancia que importa el desarrollo de un importante proyecto inmobiliario, cuya concreción se vio truncada por el ilegal actual desplegado por la municipalidad demandada”.

Precisó que, en base a cálculos conservadores, el perjuicio en total asciende a unos $19.941 millones (US$ 22 millones). “Tenemos que en el caso de autos concurren todos los elementos de la responsabilidad por falta de servicio, en que ha incurrido la municipalidad demandada, considerando que el derecho a resarcir los perjuicios que de ello se deriva ha sido reconocido expresamente por sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago, así como de nuestra Corte Suprema”, sostuvo la inmobiliaria.

A principios del año pasado, la empresa estuvo en negociaciones con la alcaldía para llegar a un acuerdo extrajudicial, el que no prosperó luego de la negativa del consejo municipal.

Entre otros puntos, el acuerdo consideraba que la inmobiliaria podía retomar las labores de construcción de su proyecto (manteniendo la altura, densidad y cantidad de departamentos del edificio propuesto), y ésta se obligaba a levantar un Centro Comunitario de Salud Familiar y a transferir en dominio a la municipalidad 10 departamentos que se destinarían a soluciones habitacionales de emergencia.