El oficio del Senado que busca dejar sin efecto la suspensión de la subdivisión de predios rústicos

Mientras que en la Comisión de Vivienda del Senado avanza la tramitación del proyecto sobre regulación de la división de predios rústicos, que surge a partir de la circular del Ejecutivo que suspende la tramitación de subdivisión de predios rústicos, la Cámara Alta envió un oficio a la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad de la medida adoptada por el gobierno, partiendo de la base de que la citada circular no cumple con los requisitos necesarios para lo que fue dictada. Ello con el objetivo de que la medida sea revertida.

Entre otros, suscribe el oficio el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara Alta, el senador David Sandoval (UDI), quien además es autor de un de los tres proyectos refundidos sobre regulación de división de predios rústicos, que se discuten en dicha instancia y que hoy martes fueron aprobados en general por la instancia.

El oficio del Senado enviado al contralor Jorge Bermúdez el pasado 10 de agosto consta de nueve carillas e inicia solicitando el pronunciamiento del organismo fiscalizador sobre la legalidad de la circular que suspende los procesos de subdivisión de los predios rurales.

Y acto seguido, expone la ilegalidad e inconstitucionalidad de la medida, pues habría sido dictada invadiendo “materias reservadas al legislador y a los tribunales de justicia, infringiendo los principios de supremacía constitucional, el principio de separación de poderes de la República, el principio de juridicidad o legalidad, la garantía a un justo y racional procedimiento establecido por el legislador y la facultad privativa de los Tribunales de Justicia que establece la ley de ejercer las funciones jurisdiccionales”.

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Según el texto, las ilegalidades en que se estaría incurriendo con la implementación de la medida, a través de la citada circular, sería la infracción al principio de legalidad o juridicidad, puesto que se “pretenden atribuir competencias que el legislador no ha otorgado expresamente al SAG, invadiendo funciones propias del Congreso Nacional”; incorrecta interpretación de la ley, “el DL 3.516 establece que los predios rústicos deben tener aptitud agrícola, ganadera o forestal, mas no requiere que efectivamente se desarrollen esas actividades”; infracción al debido proceso y de las garantías judiciales, porque el SAG no puede determinar ex ante el incumplimiento de la normativa sectorial, función que por expresa disposición de la ley le corresponde a los Juzgados de Policía Local; y, por último, se contraría el texto expreso de la nueva Ley N°21.458, que  modifica normas sobre división de predios rústicos para garantizar el acceso a espacios públicos y caminos CORA.

Es en este contexto, que el oficio solicita el pronunciamiento del contralor sobre la legalidad de la medida y de todo acto administrativo que derive de la misma y que dictamine si el contenido es contrario a derecho, para que de ser así ordene al Estado dejarlos sin efecto.

Mientras el documento sigue el conducto oficial y los senadores esperan la respuesta de la Contraloría, el proyecto sigue su tramitación.

Chile Rural

Aumentando la presión sobre el tema, solo unos días más tarde la Asociación Gremial Chile Rural se sumó a esta iniciativa, solicitando también el pronunciamiento de la Contraloría acerca de la polémica circular. Para no dejar nada al azar, la asociación fichó al exfiscal Carlos Gajardo como asesor jurídico, quien explicó que “toda esta actividad, a nuestro juicio, excede las facultades que tiene la administración, pues son materia de ley y, por lo tanto, si se quieren efectuar modificaciones estas deben ser en la sede que corresponde, en el Congreso Nacional y por lo tanto a lograr de esta manera, lo que se hace es incurrir en una ilegalidad”.

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Según Gajardo “el Ordinario 637 es ilegal, pues pretende atribuir competencias que el legislador no ha otorgado expresamente al Servicio Agrícola y Ganadero. El Minagri y el SAG se arrogan competencias que solo corresponden al legislador, pues solo él puede establecer el justo y racional procedimiento administrativo e interpretar las leyes”.

Mientras que el presidente del gremio, Tomás Pardo, advirtió que si no se deja sin efecto la polémica medida, esta tendrá un impacto sobre el empleo, ya que “los empleos indirectos asociados son enormes, arquitectos, topógrafos, empresas de maquinarias, madereros, entre otros. Muchas familias verán disminuidos sus ingresos por esta medidas”.

Pero, además, manifestó su convicción de que se le debe dar celeridad al proyecto refundido que se tramita en el Senado, ya que se busca “mejorar la regulación existente y para llegar a un buen documento, estamos disponibles para ser activos partícipes en su discusión”. Lo cual ya han hecho, por cuanto el gremio fue invitado a exponer en la primera sesión en que se abordó la iniciativa mencionada.