Fue una reunión tensa que se extendió por más del tiempo que estaba planificado. Ayer, el Comité de Ministros liderado por el titular de Medio Ambiente, Marcelo Mena, rechazó por tres votos contra dos el proyecto minero de hierro y cobre Dominga en la Región de Coquimbo.
La decisión dejó en evidencia las dos posturas que conviven al interior del Ejecutivo: la de los ministros del área económica, que estaban por que se viabilizara la inversión de más de US$ 2.500 millones, dando una señal de reactivación, y la que estaba por no dar luz verde a una iniciativa que ha sido controvertida en varios aspectos.
La decisión se basó en 14 oficios solicitados a cuatro subsecretarías y 10 servicios del Estado, y mostró una clara diferencia con los informes favorables que había recibido el proyecto de Andes Iron –sociedad ligada a las familias Délano Méndez y Garcés Silva (80% y 15%, respectivamente) y gestores del proyecto- durante su trámite ambiental.
El ministro Mena dijo que “el Comité de Ministros resuelve en base a antecedentes técnicos y éstos fueron categóricos para el proyecto”, aludiendo a que faltaban antecedentes para una línea base del medio marino, por el efecto que puede tener el puerto y el movimiento de barcos en la zona.
El rol del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, cobró relevancia, dado que se retiró de la sesión antes de la votación. Más tarde, explicó que no había contado con el tiempo suficiente para analizar los documentos, especialmente el emitido por Medio Ambiente, dado que era uno de los que mostraba mayores diferencias respecto de lo emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental en el trámite del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Céspedes propuso ayer dar un plazo adicional para votar la iniciativa, pero ni Mena ni el resto de los secretarios de Estado estuvieron por aquello. Esto, con la presión además que la empresa recurriera al silencio administrativo, dado que el plazo que tenía la instancia para pronunciarse terminaba a fines de mes.
¿Costó llegar a un acuerdo? Mena dice que “uno busca el consenso, pero a veces hay disenso. Había informes favorables y otros desfavorables. Pero esto no es cosa de mayoría o minoría, es como una revisión técnica. Si me falta algo, no paso la revisión. Acá había un vicio esencial: no había antecedentes de la línea base, ni se podía asegurar que las medidas de mitigación podían impactar los efectos indeseados en la ecología”.
Ahora, agrega el ministro, en pocas semanas más oficializarán la medida, tras lo cual la empresa tendrá un plazo de 30 días hábiles administrativos para recurrir ante uno de los Tribunales Ambientales contra la decisión del Comité, lo que sería la última posibilidad real para lograr sacar adelante el proyecto, forzando una negociación de condiciones adicionales.
En ese sentido, consultado Mena sobre si en el hipotético que Dominga utilizara un puerto ya existente, se aprobaría la inversión, dijo que no podía adelantar un juicio específico, pero “hoy uno de los problemas es la falta de coordinación de los proyectos, porque cada uno ha desarrollado su propio puerto, desaladora, etc. Hay proyectos en carpeta con una visión distinta, de compartir infraestructura, estamos llanos a aprobar proyectos que busquen disminuir sus impactos”.
Algo que de todos modos fue discutido por Andes Iron, empresa que acusó que, pese a intentar encontrar salidas alternativas, no hubo disposición política para hacerlo (ver recuadro).
El ministro de Energía, Andrés Rebolledo, señaló ayer además que “nos parece que en lo que se refiere a los componentes portuarios, todavía es posible seguir perfeccionándolo y por eso que nos hemos planteado con los antecedentes que disponemos”, agregando que se le podría pedir “al titular que haga un esfuerzo adicional”.
Reacciones
El mundo político y económico reaccionó al rechazo del proyecto minero.
El ex subsecretario del Medio Ambiente, Ricardo Irarrázaval, señaló que llamó la atención algunas inconsistencias que se vieron en el proceso, partiendo por lo diferente de los informes que salieron a raíz del Estudio de Impacto Ambiental y los emanados por el Comité de Ministros. Además, agregó que esto también saltó a la vista con el proyecto Cruz Grande de CAP, donde el mismo Comité de Ministros aprobó una serie de medidas de mitigación, las que luego fueron respaldadas por uno de los Tribunales Ambientales.
Algo de esto notó Iván Garrido de Andes Iron, quien acusó que hay arbitrariedad, ya que -dijo- ellos aplicaron esos mismos lineamientos en su Estudio de Impacto Ambiental. En Medio Ambiente se han defendido aduciendo que la información no era suficiente ni representativa.
En la región, el intendente de Coquimbo, Claudio Ibáñez, destacó el funcionamiento de la institucionalidad y dijo que “lo que ellos han planteado en el voto es justamente que el proyecto minero portuario Dominga presenta una deficiente formación de línea base e insuficiencias en sus medidas de mitigación”.
Marcelo Mena:
"Aquí funcionó la institucionalidad ambiental"
El ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, salió al paso de la decisión de no acoger la reclamación que pesaba sobre el proyecto Dominga.
"El Comité de Ministros resuelve en base a antecedentes técnicos y éstos fueron categóricos para el proyecto", dijo, descartando cualquier presión que hubiera desde el área económica del gobierno.
"Es importante tener proyectos de inversión, porque se crean empleos, se crea riqueza y se crece como país. El Comité de Ministros ha resuelto múltiples proyectos, pero éstos tienen que cumplir la normativa ambiental y cuando no lo hacen la institucionalidad dice que no se pueden aprobar", afirmó.
Agregó que en este caso la institucionalidad funcionó y eso se evidencia en que hubo instancias para evaluar decisiones y eso se ve en la diversidad de posturas que hubo en el Comité, donde finalmente primó una que ponderó de mayor forma la protección del ecosistema.
Iván Garrido
"No hubo voluntad de buscar una solución"
El presidente ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido, acusó que hay arbitrariedad en el nuevo rechazo que tuvo el proyecto Dominga. A su juicio, no existió el interés de encontrar una solución bajo los esquemas que propone la institucionalidad, como sería aprobar con condiciones.
"Le manifestamos a la autoridad en diversas reuniones, formales e informales, que estábamos abiertos a encontrar una solución. Ya sea un puerto, cambiar o modificar... estábamos abiertos, pero no fuimos escuchados. No hubo voluntad de buscar una solución técnica dentro de la institucionalidad", dijo.
"Las argumentaciones que dan son básicas e inaceptables respecto de por qué se rechaza el proyecto", acusó, señalando que cosas de las que se alegan están en el expediente del Estudio de Impacto Ambiental.
Respecto de si pudo haber pesado el caso Penta y la participación que tuvo Piñera en la propiedad de la compañía, señaló que todo se investigó y no habría mérito.
Las razones de Céspedes
Ante la imposibilidad legal de abstenerse y tener que votar a favor o en contra, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, prefirió retirarse de la sala del piso 9 de San Martín 73 donde estaba debatiendo el comité. Esto, porque no hubo acogida a su propuesta de contar con un plazo adicional para decidir.
Más tarde, Céspedes explicó que esto fue "porque dada la citación del Comité para ver este caso el día viernes, me fue imposible realizar un análisis en profundidad de todos los antecedentes presentados".
Respecto de la diferencia que hubo con los otros cinco secretarios de Estado que optaron por votar, señaló que "cada cual toma su decisión respecto de los antecedentes que tiene en las distintas materias, por lo tanto es una decisión de carácter personal. En mi caso particular, por los antecedentes y los plazos, no estaban las condiciones para dar esa opinión fundada".
El ministro evitó señalar si había sido apresurado citar a la reunión con solo tres días de antelación.
Cercanos al gobierno interpretaron esto como un intento para ganar tiempo, pero que no habría cambiado el destino final del proyecto minero de hierro.
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