Raúl Leiva (PS): “Esto es un terremoto político que afecta la legitimidad de aquellos que se erigieron como catones morales”

El caso Democracia Viva ha tocado inevitablemente a ambas coaliciones que sustentan al Gobierno y los parlamentarios siguen con atención cada paso y con preocupación el que esta red pudiera ser más extensa de lo que ya ha salido a la luz.

Es por ello que el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, el socialista Raúl Leiva, en conversación con DF, recalca que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, una de las figuras importantes de la colectividad, “ha tomado todas las medidas a su alcance, todas las medidas administrativas; pero, lamentablemente, cuando hay sinvergüenzas de por medio, es muy difícil controlarlo”.

-El ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció en una entrevista en el marco del Chile Day una reforma a la Unidad de Auditoría del Gobierno para evitar casos como el de Democracia Viva, ¿cómo diría que está afectando al escenario político este escándalo de platas?

-Ahí se toca un tema de fondo importante, que es fundamental, pero que esta contingencia, genera una oportunidad. Así como los gobiernos corporativos en las sociedades hoy día sufrieron un cambio enorme, las prácticas gubernamentales del sector público tienen que adecuarse también a esos cambios con mayor transparencia y mayor legitimidad. Por eso hemos presentado un proyecto transversal, para generar un sistema de cumplimiento, un compliance público en todo el Estado, porque eso es necesario. Combatir cualquier atisbo de corrupción es una necesidad imperiosa, que hoy más que nunca necesitamos.

-¿Y en el aspecto político, le preocupan los efectos que esto puede causar en el Congreso?

-Creo que hay que hacerse cargo de la realidad. Ante estas denuncias tan graves cada una de las instancias ha reaccionado de una manera adecuada, el Ministerio Público actuando de oficio en Antofagasta; la Contraloría General de la República; el propio ministro de Vivienda, entregando  los antecedentes, realizando investigaciones, reuniéndose con la Fiscalía. Desde el punto de vista político, haciendo efectiva la responsabilidad política de los presuntos implicados. Es un tema muy complejo, que requiere un análisis mucho más profundo, porque, eventualmente, puede haber sistemas de defraudación más extendidos de lo que uno entendía o conocía. Esto claramente es un terremoto político que afecta la legitimidad de aquellos que se erigieron como catones morales, dando cuenta de una realidad que los complica cada vez más. Y todos debemos ser capaces de condenar y solicitar que se apliquen las más altas condenas a este respecto y el propio Presidente de la República así lo planteó, caiga quien caiga y sin defensas de ninguna especie.

-En ese contexto, ¿hasta dónde esta situación complica al Presidente Boric?, considerando que RD es uno de los partidos más grandes de Apruebo Dignidad.

-Al ser uno de los partidos más importantes del Gobierno y de Apruebo Dignidad, es una complicación evidente, que puede tener aristas que todavía desconocemos. Por eso hay que adoptar todas las medidas, exacerbar las medidas de control y de fiscalización, para que estos temas se vean. Ya lo planteaba el ministro de Vivienda, que está delegación de facultades a los seremis viene del año 2018 y es necesario investigar desde esa fecha todos estos traspasos directos.

“Sinvergüenzas”

-Como militante del Partido Socialista, ¿le preocupa que escale al punto de que perjudique directamente la figura del ministro Montes?, se lo pregunto porque diputados UDI ya han pedido su renuncia.

-Todos conocemos la trayectoria del ministro Montes, existe un consenso transversal sobre su seriedad, responsabilidad, su probidad y su capacidad de para enfrentar esta crisis. Lamentablemente, desde el punto de vista estrictamente político, se trata de sacar dividendos, atacando una de las figuras principales del Gobierno y con eso le harían un flaco favor a la democracia. Porque el propio ministro ha tomado todas las medidas a su alcance, todas las medidas administrativas, pero, lamentablemente, cuando hay sinvergüenzas de por medio, es muy difícil controlarlo.

 -Pero algunos aluden a la responsabilidad política que le cabe como ministro, ¿le preocupa, por ejemplo, que esté rondando la idea de una acusación constitucional en el Congreso?

-Lo que pasa que una acusación constitucional tiene que fundarse en graves omisiones a la ley o en incumplimientos a la Constitución; en circunstancias que en caso alguno el ministro Carlos Montes ha incurrido aquellos temas. Los hechos dan cuenta de una reacción proactiva por parte del ministro. Quien lo ponga en tela de juicio va a tener un magro resultado en el debate de una acusación constitucional que no tiene fundamento alguno.

-Con estos hechos, ¿se profundizan las diferencias que ya existían entre las coaliciones que sustentan al Gobierno, me refiero a Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático?

-Creo que no, que no debe existir ninguna diferencia en la condena y en la persecución de estos hechos que revisten carácter de delito, todo lo contrario, aquí no hay distinción ninguna. Lo que sí subyace, muchas veces, son sentimientos por los ataques que se realizaron, sobre todo en la legislatura anterior, respecto al proceder de los 30 años de la Concertación –también en los gobiernos del expresidente Piñera-  que tampoco estuvieron exentos de actos de corrupción que, en algunos casos, no fueron debidamente condenados y de eso hay que hacerse cargo.

-Pero, ¿cómo afecta la relación política entre los pactos?

-Afecta  principalmente a Revolución Democrática que se ha visto envuelto en esta problemática compleja, que  desde el punto de vista político, a mi entender, no han enfrentado de una manera adecuada desde los primeros minutos; sino que ha habido cambio de giros en la medida que han ido conociendo, entiendo que de primera mano, la información. Pero, claro, socava políticamente a uno de los partidos más importantes de Apruebo Dignidad. El Partido Socialista o nuestra bancada lo enfrenta con mucha responsabilidad, entendiendo que estos son hechos puntuales que deben ser condenados de manera drástica. Pero que políticamente nos tiene que llevar a generar una agenda concreta en materia de transparencia y probidad y en persecución de la corrupción.