La campaña de la segunda vuelta presidencial parece haberse robado todo el interés del mundo político. Y aunque el Congreso sigue trabajando en algunos proyectos, tal parece que no con la suficiente rapidez que espera el Ejecutivo, al que le quedan sólo unos meses para terminar el período presidencial, por lo que el gobierno decidió ponerle más velocidad a la labor parlamentaria.
De este modo, y para sorpresa del Congreso, el Ejecutivo le puso hoy la urgencia de discusión inmediata (seis días en cada Cámara) a 27 proyectos que se encuentran en tramitación en el Senado.
A este respecto, el senador Guido Girardi (PPD) calificó la decisión del Ejecutivo de "pirotecnia". El senador de oposición dijo que "el Presidente debe asumir que su mandato acaba en marzo, le queda poco más de mes y medio de gobierno real" y que poner esta urgencia a 27 proyectos "sólo da cuenta de un proceso de ansiedad, pero es imposible hacer en 45 días una discusión seria que no se ha hecho en cuatro años", advirtió.
El parlamentario criticó al Ejecutivo, señalando que percibe "un síndrome ansioso por el fracaso del proyecto que la derecha ofreció a Chile y que no cumplió: seguridad ciudadana estamos peor; no hubo avances en Salud, Educación, Pensiones; En ciencia y futuro los presupuestos disminuyeron".
Por su parte, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, dijo que vio inquietud en los parlamentarios a raíz del anuncio, porque les preocupa cómo se van a organizar para darle curso a los proyectos. Y si bien señaló que estas urgencias dan cuenta de iniciativas "muy relevantes", también defendió lo ocurrido, señalando que algunas urgencias "se justifican, y en esto hay que ser claro, en que ha habido discusiones inmediatas que no han sido respetadas. Hay algunas que han estado seis meses sin tramitarse, por ejemplo, el proyecto de Notarios y el proyecto relacionado a educación".
Los proyectos elegidos
De estas iniciativas, la que destaca con mayor fuerza es la que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, ingresada al Congreso al inicio de la actual administración (septiembre de 2018) y a la que se le ha venido renovando consecutivamente la discusión inmediata desde el 6 de junio pasado.
Otro proyecto que lleva varios años de tramitación (ingresó en noviembre de 2019) y que se busca que tome velocidad, es la reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica, que surgió a raíz de los hechos ocurridos durante el estallido social. Y así muchos otros relativos a materias de seguridad.
Los otros proyectos de ese ámbito son: sobre control de armas, sancionando el porte e ingreso de armas en lugares de acceso público; el que modifica el Código Penal, para incluir el delito de incendio en lugares destinados al culto religioso; el que aumenta las penas asociadas al daño o afectación de monumentos nacionales; el que excluye de los beneficios regulados en la ley N° 19.856 a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad; el que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas; y, el que modifica el Código Penal para reforzar la protección penal a la infancia y a otras personas.
Siguiendo con las iniciativas a las que el Ejecutivo le puso discusión inmediata estas incluyen: la que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social; el que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas; el que modifica la Ley de Tránsito para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados; el que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados, y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución; y, el que modifica las sanciones del delito de usurpación y las equipara con las de otros delitos a la propiedad.
Agenda social
Adicionalmente, se apuró la tramitación de iniciativas de índole más social: como el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo, que está a punto de terminar su tramitación; el que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia; el que modifica el Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de sociedad conyugal; el que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso; el que interpreta el artículo 36 de la ley N° 20.799, relativo a la alimentación que los Servicios de Salud entregan a los funcionarios de planta y a contrata que se desempeñen en ellos; y, el que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana.
A ellos se suman el que modifica el Código de Procedimiento Civil para incorporar la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles, en juicios de precario y de terminación de arrendamiento y de comodato; el que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial; el que establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa; El que modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, en materia de individualización y registro de datos de los usuarios de servicios de telefonía en la modalidad de prepago; el que reconoce a organizaciones de la sociedad civil como promotoras de la actividad física y el deporte; y, el que regula los biocombustibles sólidos.
Por último, la lista incluye el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos normativos con el objetivo de perfeccionar la regulación relativa a la contratación, prestación y pago del servicio de extracción de residuos sólidos domiciliarios y el que promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor.
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