¿Ser un Gobierno de administración o de transformación? Esa es la disyuntiva que sigue enfrentando la actual administración a pocos meses de cumplir dos años desde que asumió el Presidente Gabriel Boric, según explican diversos analistas que ponen en duda la concreción de las reformas estructurales comprometidas en campaña y estiman que el resultado del proceso constitucional -cualquiera sea- traerá de todas formas repercusiones para el devenir de La Moneda.
Parálisis legislativa
El director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, comparte que los juegos Panamericanos “fueron un paréntesis” que le permitió al Ejecutivo mejorar en algo su aprobación ciudadana.
Sin embargo, precisa que el Gobierno de inmediato “retomó su agenda de problemas serios con las dificultades cotidianas de las personas que vuelven a instalarse”, como el paro de profesores en Atacama, en economía con las alzas de tasas de interés de créditos hipotecarios y de acceso al mercado del trabajo.
A su juicio, este es el escenario que espera a la actual administración camino a cumplir su segundo año y que “es poco lo que puede hacer en materia legislativa de aquí al 17 de diciembre, donde tiende a haber una suerte de parálisis gubernamental y legislativa”, porque los proyectos van a avanzar poco a la espera del plebiscito y, sea lo que sea que ocurra, el Gobierno va a experimentar nuevamente un resultado complejo.
Jaque mate
La académica del Departamento de Economía de la Usach, Marcela Vera, asegura que ninguna de las demandas ciudadanas del 2019 han sido resueltas por el actual Gobierno ni siquiera con medidas de corto plazo y que, “en este sentido, se ha producido un proceso de acumulación de deslegitimación y de falta de credibilidad en las autoridades”, a lo que hay que sumar que el Ejecutivo -al no contar con mayoría en el Congreso- no puede producir los acuerdos que le permitan la generación de propuestas.
En un clima de polarización política, añade, es difícil alcanzar acuerdos sobre el modelo de país y sobre la propuesta constitucional alerta que también tiene efectos para el Gobierno, porque “incorpora ciertos límites respecto, por ejemplo, de la recaudación tributaria y, en este sentido, el pacto fiscal quedarían completamente fuera de juego, en un jaque mate e impediría que esta administración pueda avanzar en una mayor recaudación y, por tanto, generaría una suerte de insostenibilidad de las reformas estructurales”.
Bajo su óptica, “la posición neutral” del Ejecutivo no le permite fortalecer sus objetivos mínimos de sostenibilidad fiscal y, por ende, tampoco les permite generar un avance político y social sustantivo en términos de su legitimidad.
Sin agenda
El analista político y profesor de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, plantea que ya desde la cuenta pública del 1 de junio de este año “no era difícil anticipar que durante 2023 no pasaría nada en o con el Gobierno” por una minoría estructural en el Congreso, porque las reformas de pensiones y tributaria no contaban siquiera con un acuerdo al interior de su coalición; y, tercero, porque la discusión durante 2023 iba a ser sobre el proceso constitucional.
En su opinión, “el gobierno se quedó sin agenda”. Precisa que la Ministra del Trabajo ha postergado la discusión de la reforma previsional para después del plebiscito “para agarrar fuerza en el verano y arremeter en marzo”, pero anticipa que el gran problema es que el próximo año será un contexto de elecciones de gobernadores y alcaldes y en 2025 la presidencial; donde “las oposiciones no conceden ningún punto al Gobierno, porque eso impacta en los resultados electorales”.
En consecuencia, sostiene que “queda muy poco espacio para que el gobierno logre sus reformas estructurales y, muy probablemente, este gobierno pase a la historia como una administración más de gestión que de transformación”.
Forzado a negociar
El investigador del Programa Política y Sociedad Civil de LyD, Jorge Ramírez, plantea que en La Moneda seguramente buscan despejar rápidamente la arista constitucional, para así poder centrar el foco de su gestión en temáticas de real impacto ciudadano: seguridad, economía y pensiones, entre otras.
La eventual aprobación del texto constitucional implicaría ingresar más de una treintena de iniciativas de ley para su puesta en marcha. Dicho escenario, es, por cierto, negativo para el Gobierno, advierte. “Si no comparten el contenido de la Constitución, más complejo será para ellos tener que desempeñar un rol activo a la hora de implementar dicho texto, lo cual -además- supone desplegar equipos, tiempo y dedicación en este asunto, recursos humanos que podrían ser aprovechados en intentar sacar adelante su agenda”.
Desde su perspectiva, el aumento de popularidad del Presidente Boric pos Juegos Panamericanos "debiera ser pasajero". Y aún en el evento de que sea capaz de evitar una tercera derrota electoral en el plebiscito de diciembre, cree que "no logrará modificar esa composición legislativa, la que, lo fuerza a negociar”; y augura que “un triunfo del en contra, abre una pequeña compuerta para intentar rescatar sus reformas estructurales; un triunfo del A favor, cierra definitivamente dicha compuerta”.
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