Seguridad: gobierno presenta nuevas reglas del uso de la fuerza, mientras que el FA pide a Interior liderazgo en la agenda

El gobierno presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca precisar las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para las policías y las Fuerzas Armadas cuando, excepcionalmente, acuden a tareas de resguardo del orden público.

Asimismo, el texto regulará los protocolos, lineamientos, instrucciones o cualquier otro instrumento que norme el uso de la fuerza en la mantención del orden público y de la seguridad pública interior. 

La ministra vocera, Camila Vallejo, sostuvo que “este proyecto no surgió de la noche a la mañana ni se nos ocurrió hace dos días. Es un compromiso del Ejecutivo del año pasado con las policías y las Fuerzas Armadas, porque son esas instituciones las que requieren reglas claras a nivel legal”.

La norma busca tomar los actuales estándares del uso de la fuerza ya existentes en nuestro país, actualizarlos e incorporar las recomendaciones de distintos organismos internacionales al respecto, elevando el rango normativo a nivel legal. Así, esta regulación complementa tanto al Código Penal como al de Justicia Militar, incorporando protocolos específicos que hasta ahora eran emitidos por Carabineros a través de circulares.

Este articulado, según el proyecto, apunta a dar certezas a la ciudadanía, a las policías, a las fiscalías y a los jueces en el ejercicio de la persecución penal. Al contar con respaldo legal y dejar de ser meramente normativas, se garantiza el reconocimiento de estos protocolos por parte del sistema en su conjunto.

Además, tiene una función de complementariedad respecto de la ley que refuerza y protege la función de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería, así como de la policía marítima y de aeronáutica civil; y establece como eximentes la legítima defensa y el cumplimiento del deber, en concordancia con la recientemente aprobada Ley “Naín Retamal”.

El proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza establece deberes; grados de resistencia o agresión; y etapas en el uso de la fuerza. 

Entre los deberes se cuenta el de identificación, de advertencia, de gradualidad, de reducir al mínimo daños y lesiones, precisando que “cuando se recurra al uso de la fuerza, se deben tomar las medidas razonables para minimizar daños colaterales, en particular respecto de la vida e integridad física de las personas. En la utilización de armas, la protección de terceras personas distintas al agresor debe tener prioridad.

Los grados de resistencia o agresión al que se pueden enfrentar las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública son los siguientes, los que no necesariamente son secuenciales: a) cooperación, b) resistencia pasiva, c) resistencia activa, d) agresión activa; y e) agresión activa potencialmente letal.

Las etapas para el uso de la fuerza se corresponden con el grado de resistencia o agresión al que se ven enfrentadas las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el contexto particular. Se trata de las siguientes, que no necesariamente requieren un orden secuencial: a) presencia, b) actuación mediante técnicas de comunicación, c) reducción física de la movilidad, d) utilización de fuerza menos letal; y e) utilización de fuerza potencialmente letal. 

Las etapas en el uso de la fuerza pueden aumentar o disminuir de acuerdo a los grados de resistencia o agresión a los que se enfrente el personal. No se trata de una escala lineal e inevitablemente ascendente. La fuerza debe disminuir si la resistencia también decrece, sostiene el proyecto.

El Ministerio del Interior establecerá mediante uno o más reglamentos las actuaciones y procedimientos que se requieran, y los protocolos sobre el uso de la fuerza. Estos deberán contener, al menos: un modelo que integre los grados de resistencia o agresión y las correspondientes etapas en el uso de la fuerza; y, los medios que corresponderá en cada uno de dichos modelos. Los reglamentos deberán revisarse, al menos, cada cuatro años.

Para las Fuerzas Armadas se señala que las normas de esta ley aplicarán cuando son llamadas a cumplir funciones de resguardo del orden público o de la seguridad pública interior. Esto es, al menos en las hipótesis de: a) protección de la infraestructura crítica; b) resguardo de áreas de zonas fronterizas; c) estados de excepción constitucional; y d) actos electorales y plebiscitarios.

FA con comité político

En tanto las bancadas de diputados del Frente Amplio (FA) acudieron a La Moneda para reunirse con los ministros del comité político, ocasión en la que analizaron la tensión en el oficialismo por la agenda de seguridad impulsada por el Ejecutivo.

Al término del encuentro, la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, indicó que “nosotros somos muy críticos de cómo se llevó la tramitación de los proyectos de seguridad la semana pasada, creemos que hay muchísimo que mejorar en el debate dentro del Congreso”, y afirmó que “vamos a estar respaldando la agenda del Ejecutivo en esta materia, pidiendo más urgencias y liderazgo para la conducción de algo que es imprescindible”.

Planteó que “necesitamos más urgencias del Ejecutivo en el Congreso para poder dar respuestas efectivas y no sean solamente una señal política, sino que realmente ayuden a Carabineros a combatir el delito, que realmente ayuden en la persecución policial”.