Positiva acogida a idea de incluir a centros de pensamiento entre lobbistas y transparentar su financiamiento

Un amplio respaldo tuvo en diversos expertos en materia de probidad y transparencia las recomendaciones que entregó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para perfeccionar la Ley del Lobby en Chile que rige hace 10 años y que, entre otros aspectos, pide incluir a los centros de pensamientos como lobistas y transparentar su forma de financiamiento.

Esta solo fue una de las 33 sugerencias que hizo el organismo multilateral, que también incluyeron suprimir el actual criterio de la normativa chilena de tener que recibir una remuneración para distinguir entre lobistas profesionales o ser gestores de intereses particulares cuando no son remunerados, fusionando estos términos en un concepto único: “representantes de intereses”.

En esa misma línea, pidió incorporar en la definición de lobby y representantes de interés a todos los actores que intentan influir en los procesos de elaboración de políticas públicas, independientemente de su estatus o de si reciben remuneración por sus actividades: empresas, asociaciones empresariales y comerciales, organizaciones no gubernamentales, laboratorios de ideas (think tanks), centros de investigación y sindicatos, entre otras organizaciones.

Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia.

“Cualquiera que incida en el proceso de toma de decisiones públicas tiene que someterse a estándares de transparencia”, dice Drago.

Jeannette von Wolfersdorff, exintegrante de la comisión de transparencia.

“Estas organizaciones juegan un rol importante para la sociedad, pero tienen riesgos potenciales de ser capturados”, opina von Wolfersdorff.

Alberto Precht, directorio de Transparencia Internacional.

“Lo que busca una buena legislación de lobby (…) es que podamos hacer una trazabilidad del por qué de las tomas de decisiones”, señala Precht.

María Jaraquemada, expresidenta de la comisión asesora para la transparencia e integridad.
“Es importante que haya transparencia en quiénes promueven estas ideas, no solo las caras visibles del think tank”, afirma Jaraquemada.

El mismo Gobierno se hizo eco de algunas de estas materias en el proyecto de ley que presentó el viernes al Congreso para modernizar la regulación del lobby y las gestiones que representen intereses particulares.

La Comisión para la Integridad Pública -que depende de la Secretaría General de la Presidencia- precisó que la propuesta incluye reglas especiales para los que queden en calidad de “calificados” por hacer lobby más intensivamente, incluyendo los centros de estudios. Además, agregaron que en el caso del proyecto de transparencia 2.0 -ya en trámite en el Parlamento- hay reglas para todos los think tanks que reciban asignaciones parlamentarias, quienes deberán transparentar su financiamiento, directorio y balances.

Un hecho que destaca Marcelo Drago, quien presidió el Consejo para la Transparencia, la instancia que administra la actual plataforma del lobby.

“Están instalados en el Congreso, que es perfectamente legítimo, están presentes físicamente en las discusiones en particular de muchos proyectos, los parlamentarios consultan cuestiones in situ; entonces, tienen un nivel de influencia que debe transparentarse”.

A juicio de Drago, “cualquiera que incida en el proceso de toma de decisiones públicas tiene que someterse a estándares de transparencia y eso contempla a centros de estudios. Tenemos que conocer su forma de financiamiento en detalle, no en términos generales, para poder indagar si los proyectos en que realizan informes y presentaciones los hacen realmente por interés público o interés privado comprometido”.

Junto con valorar la necesidad de este avance, la exintegrante de la comisión de transparencia, Jeannette von Wolfersdorff, dice que las exigencias no se deben limitar a ese tipo de entidades, sino que también abarcar a todas las ONG “que tienen una cierta tendencia de querer empujar políticas públicas afines a los objetivos que persiguen: deberían indicar quién lo financia y, con ello, transparentar un aspecto que es muy importante y de forma indirecta lobby”.

En Europa, expone que hay distintos estudios de empresas de tecnología y como el lobby es cada vez más indirecto a través de centros de estudios y ONG. “Entonces, estas organizaciones juegan un rol importante para la sociedad, pero tienen riesgos potenciales de ser capturados”, sostiene.

Y recuerda que en Chile desde hace muchos años se pide una mayor transparencia de los think tank y fundaciones, “específicamente quién los financia, que es distinto a un registro de beneficiario final”, dice.

Mayor cobertura

El miembro del directorio de Transparencia Internacional, Alberto Precht, opina que en la actualidad los centros de estudios ligados a los partidos políticos tienen el nivel de transparencia que exige la Ley y, por lo mismo, considera “importante” que se conocieran las principales fuentes de financiamiento de aquellos con un perfil distinto. ¿La razón? Eventualmente, pueden ejercer influencia en la toma de decisiones por parte de autoridades públicas.

Esto permitiría, señala, “hacer este seguimiento o trazabilidad de influencia, dinero que financia y toma de decisiones”.

Precht también valora que esta información sirva “para cruzarla, por ejemplo, con la que está disponible en las declaraciones de patrimonio e intereses de las autoridades. La OCDE dice bueno, no lo siga haciendo separado y haga un solo repositorio donde se puedan hacer estos cruces y esto es importante, porque finalmente lo que busca una buena legislación de lobby junto con el acceso igualitario a la autoridad es que podamos hacer una trazabilidad del por qué de las tomas de decisiones”.

La expresidenta de la comisión asesora para la transparencia e integridad, María Jaraquemada, sostiene que la Ley ya rige para centros de estudios y gremios que quieran hacer algún tipo de actividad para influir en la toma de decisiones, solo que los llama de distinto nombre, por lo que considera adecuado que se fortalezca eso y abarque más actividades.

Respecto a los centros de estudios, señala que si bien “parte de su misión es influir en el debate público respecto de sus propuestas e ideas, también es importante que haya transparencia en quiénes promueven estas ideas, no solo las caras visibles del think tank, sino que también los que los están financiando”.