Con “atención y escándalo”. Así reconoce que ha seguido el ministro de Justicia, Luis Cordero, el caso del audio filtrado que involucra a los abogados Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, y al empresario y dueño del factoring Factop, Daniel Sauer; en eventuales pagos de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
A su juicio, las investigaciones de los organismos competentes tienen que llegar a resultados a la brevedad y las sanciones deben ser ejemplificadoras.
El abogado y profesor de derecho administrativo también llama a reflexionar al sector privado, señalando que es una oportunidad para que aumenten los niveles de control en las empresas para evitar prácticas penalizadas en la recién publicada ley de delitos económicos.
“Hay buenas razones no solo para escandalizarse, sino que para actuar rápidamente, porque el bien público de la confianza se puede ver rápidamente deteriorado en el país”.
- ¿Con qué sensación se queda a una semana de conocerse el caso audios?
- Es conveniente que sigamos escandalizados por el caso, pero también mostrar cómo las instituciones han actuado rápidamente. El SII, la CMF, el Ministerio Público han actuado en coordinación; y el Colegio de Abogados también inició acciones. Lo clave es tener resoluciones pronto, porque los casos de corrupción así, tanto públicas como privadas, lesionan un elemento que es bien central para el vínculo social, para el funcionamiento de la economía y del derecho, que es el bien público de la confianza.
Los indicadores de confianza interpersonal y los de confianza institucional siempre han sido bajo y se han seguido degradando. El caso audios sintetiza varios de nuestros conflictos públicos y, por eso, es oportuno reaccionar rápido, pero también mantener la observación y el escándalo, porque es la única manera en que nosotros podamos lograr eficacia.
- ¿Algunos cuestionan que esa grabación fue obtenida de forma ilícita?
- Sí, pero a los fiscales y la Contraloría le llegan grabaciones obtenidas donde existen declaraciones, conversaciones sobre hechos constitutivos de corrupción desde hace muchísimo tiempo; y tienen herramientas y medios como para hacer posible utilizar los indicios que están constituidos a partir de esas grabaciones en prueba.
- ¿A qué se refiere al señalar que el caso se trata de un concierto para evadir?
- Lo que pasa es que la conversación es destinada a cometer delito, donde se reconocen cohecho, que ha existido fraude tributario, de la forma y modo en que se atenta para no pagar impuestos, se habla de flujos de plata llevados en maletines, es decir, cohecho, soborno, evasión fiscal, lavado de activos. Eso es un audio que tiene un cóctel de delitos de probablemente del concierto de delitos más reprobables que puedan existir. No lo digo yo, lo dijo el presidente del Colegio de Abogados Ramiro Mendoza, pareciera más bien un diálogo de una asociación ilícita, más que una reunión.
- Los funcionarios del SII señalan que se ven expuestos a constantes presiones o telefonazos ¿Qué pasa con los privados en este contexto?
- Por algo se dictó la Ley de Delitos Económicos. En el fondo, el caso audios es uno que es muy útil para distinguir qué sucede en ilícitos de estas características. Si se aplica o no se aplica en este caso depende esencialmente de la fecha de la ocurrencia del mismo.
Si no se aplica por defecto de la aplicación de atenuantes, es altamente probable que quienes participaron de ese delito reciban penas bajas. En cambio, si se aplica, la nueva ley es extremadamente severa con quienes participan de estos delitos, con las empresas que se ocultan a través de ellos, con los profesionales que participan de ellos, pero también con la captura, no solo el cumplimiento de pena efectiva, sino que todo el beneficio ilícitamente obtenido a partir de ellas.
- ¿Es suficiente la nueva ley de delitos económicos para enfrentar coimas o sobornos?
- La corrupción es el desafío permanente que tienen las democracias modernas y con economías dinámicas que suponen y exponen con muchísima recurrencia a los funcionarios públicos a ofertas indebidas que ya son constitutivas de delito simplemente por el ofrecimiento. Es cierto lo que dicen los funcionarios del SII y, además, clarificar este caso es muy relevante, porque permite discriminar rápidamente dónde están quienes cometen ilícito y dónde están la mayoría de los funcionarios que desempeñan lealmente.
Lo que quiero decir con esto, no es que la legislación previa no hubiese servido, es que el fenómeno de la corrupción exige una observación y una atención permanente. Son tipos de conductas que van moldeando y ajustando en el tiempo respecto del cual la función pública y quienes están a cargo del control, el Ministerio Público, la Contraloría, deben ir adaptándose en el fondo y, por eso, los desafíos de conductas de estas características es seguir identificando cuáles son las brechas, cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas y la legislación va a seguir adecuándose en el futuro.
Los problemas de política pública tienen la particularidad de que nunca se solucionan completamente, siempre van mutando y, por eso, en este caso en particular, creo que tiene que ser un caso ejemplificador, tanto mirado desde la perspectiva de la integridad pública, de la integridad privada y también de la profesión legal.
- ¿Qué tanto pueden ayudar las mejoras a la Ley del Lobby que hace tiempo también se están esperando?
- El problema central que tenemos con la Ley del lobby es que en su diseño original se llama ley del lobby, pero no regula el lobby. Es esencialmente una ley de transparencia activa, de reuniones, viajes y regalos. Pero esto fue una advertencia que se hizo en su oportunidad cuando se estaba discutiendo, ahora hay consenso entre los especialistas que todo lo que se pueda avanzar en mejorar eso es importante.
- ¿Qué le ha parecido las reacciones del mundo empresarial frente a este tipo de casos?
- Me parece que tanto desde el punto de vista de la profesión legal como del punto de vista del sector privado, uno no puede normalizar lo irregular, lo anormal, lo que es escandaloso. Y la reacción del sector privado en esta primera fase ha sido adecuada. Probablemente, pudo haber sido mucho más intensa, pero fue una reacción de condena.
Una reacción que inmediatamente advirtió que uno no puede normalizar lo irregular.
Los hechos son escandalosos y es clave que el sector privado, sobre todo con la nueva ley de delitos económicos, si hay algo para lo cual pudiera ser útil este caso, es que debiera estar siendo objeto de análisis en todas las compañías y en todas las oficinas de abogados, pero sobre todo en las compañías por lo que implica, los efectos que puede generar que algunos de sus ejecutivos estén concertando en reuniones de este tipo, que algunos de sus asesores legales estén participando de ello. Lo digo porque con la aplicación de la Ley del Delitos Económicos, por efecto de la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, las personas jurídicas pueden verse expuestas a situaciones muy complejas. La ley de delito económico que fue resistida en la última parte por el sector privado, creo que también es una herramienta para que el sector privado pueda hacer adecuado autocontrol de sus ejecutivos, de sus asesores y de la forma en que lleva a cabo sus actividades.
- Las últimas encuestas han revelado que hay preocupación por el avance de la corrupción ¿Usted cree que Chile es un país corrupto?
- La corrupción es un fenómeno que tienen que combatir todas las democracias. Chile tiene una tradición en el combate de la corrupción. De hecho, una institución nació para combatir la corrupción en el año 1927, que es la Contraloría General de la República y esa ha sido en buena parte el legado que ha entregado en probidad y en el buen uso de los recursos públicos. Nos falta mejorar muchos aspectos, sí. Tenemos legislación y una -cuando se dictó- de las más avanzadas en materia de transparencia y una serie de países siguieron lo que nosotros habíamos avanzado.
Creo que este es un tipo de casos donde no puede existir fatiga. Chile sigue teniendo buenos indicadores internacionales en materia de combate contra la corrupción, tiene buenas organizaciones de la sociedad civil que permanentemente mantienen la observación sobre esto y este es un ejemplo donde Chile no se puede fatigar, es decir, donde los escándalos son útiles para recordarnos que es una exposición permanente y que no puede haber fatiga ni del sector público ni del sector privado en este tipo de ámbitos.
500 indicaciones para la discusión en particular de reforma a los notarios
En diciembre el Gobierno volverá a poner urgencia a la discusión de la reforma el sistema de nombramientos y fiscalización de notarios y conservadores, el que cumple su segundo trámite en el Senado y que recibió 500 indicaciones para su análisis en particular en la comisión de Constitución.
Cordero reafirma la decisión del Ejecutivo de incorporar al sistema de ADP al proceso de selección. “La opinión del Ejecutivo es que al Poder Judicial hay que sacarlo del sistema de nombramientos. Y la razón es muy simple. Hay un acuerdo relativamente transversal de que el Poder Judicial tiene que dedicarse a los asuntos jurisdiccionales y hay que sacar las cuestiones de gestión, administración y nombramiento a instituciones distintas. No hay justificación alguna que el sistema de formulación de ternas, que el sistema de nombramiento de suplentes e interinos, que el sistema de fiscalización siga en manos del Poder Judicial (...) Por el contrario, solo hay buenas razones para retirar esas atribuciones”.
El secretario de Estado señala que “el sistema de ADP ha acreditado que es posible a partir de el construir un sistema robusto, transparente y competitivo para cargos de acceso de estas características que desempeñan función pública”.
En este contexto, espera agrupar las indicaciones y “ojalá poder despacharlo del Senado en marzo o abril del próximo año y con el horizonte de que este proyecto pudiera ser ley en el primer semestre de 2024”.
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