Ingreso Familiar de Emergencia: proyecto considera sanciones penales para quienes accedan fraudulentamente al beneficio
La Iniciativa busca apoyar a los hogares que se encuentren entre el 60% y 40% más vulnerables producto de la crisis sanitaria. Gobierno ingresó el proyecto al Congreso hoy con discusión inmediata.
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Hoy ingresó al Congreso el proyecto de ley que crea el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que busca mitigar la pérdida de ingresos de los hogares en donde la fuente sea mayoritariamente el trabajo informal de sus integrantes.
El monto que se entregará por tres meses de manera decreciente, dependerá del tamaño del hogar, del porcentaje de vulnerabilidad y de la composición de ingresos entre trabajo formal e informal. De acuerdo con datos entregados por la Subsecretaría de Evaluación social la medida beneficiará a 4,3 millones de personas e involucrará recursos fiscales por US$ 300 millones mensuales. Dichos recursos serán a cargo al Fondo de US$ 2.000 millones anunciado en el último paquete de medidas del Gobierno.
La iniciativa, que ingresó con discusión inmediata, será analizada mañana por la comisión de Desarrollo Social en la Cámara de Diputados.
Respecto a los plazos hoy en conversación con Radio Alborada de Ñuble, la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, señaló que el objetivo es tramitar el proyecto con “el máximo sentido de urgencia para poder pagar el primer IFE a fines de mayo”.
Detalles
Una de las características inéditas que contempla este aporte es que se entregará por integrante de hogar y no por carga familiar como ocurre con los bonos estatales. Además se permitirá la actualización del Registro Social de Hogares (RSH) de manera mensual. Con ello se busca que las familias que estén dentro del 90% de la población más vulnerable del país, y que se hayan visto afectadas elevando su nivel de pobreza por las cuarentenas que limitan la actividad productiva, puedan acceder al beneficio si llegan al 60% de vulnerabilidad.
Para ello la iniciativa establece la utilización de un indicador socieconómico de emergencia que será elaborado y administrado por la Subsecretaría de Evaluación Social, que considerará la información del último mes disponible en el registro.
El proyecto no excluye a los hogares en donde los adultos mayores perciban jubilaciones siempre y cuando dicho monto no supere la suma de los tres aportes que le entregaría el IFE a esa familia. El monto que se entregará en estos casos se adecuará según el grado de vulnerabilidad al que pertenezcan.
Sanciones
El proyecto establece una sanción que puede ir de presidio menor desde su grado mínimo a medio, lo que será fijado según el valor de lo recibido. Además una multa que puede ir desde las 5 UTM hasta las 10 UTM. Un privativa de libertad y otra pecunaria según el artículo 467 del Código Penal para quienes proporcionen o declaren antecedentes falsos con el objeto de acceder al beneficio, junto con la obligación de restituir las sumas indebidamente percibidas con los reajustes e intereses correspondientes.
Será la Subsecretaría de Servicios Sociales la entidad que conocerá y resolverá los reclamos relacionados con el aporte.
¿Cómo se distribuye el aporte según composición de ingresos?
Asimismo, se considerará también un segundo universo de hogares que, pese a contar con ingresos formales, éstos no superen el aporte que recibirán los hogares completamente informales que tienen el mismo tamaño y misma vulnerabilidad.
En este grupo de hogares, el apoyo se concentrará en los que pertenecen al tramo de 40% de vulnerabilidad socioeconómica durante los meses de emergencia y el monto corresponderá a un 50% de lo que recibiría una familia sin ingresos formales con el mismo número de integrantes y misma vulnerabilidad socioeconómica.