Durante esta jornada sería publicado el decreto que declara el estado de excepción Constitucional en parte de la Macrozona Sur

El lunes en la noche la ministra del Interior, Izkia Siches, anunció que el gobierno implementará un estado de excepción constitucional acotado en la Macrozona Sur para hacer frente a los actos violentos, que no han cesado desde que asumió el actual gobierno. Esta decisión del Ejecutivo, que no termina de satisfacer a todos los sectores y que incluso ha contado con fuego amigo, quedó plasmada en el decreto 189 del 16 de mayo de 2022.

En cinco carillas, el Ejecutivo expone los argumentos que lo llevaron a tomar una decisión tan drástica como la de implementar este estado de excepción tan largamente evitado. Es en 10 considerandos en los que explica las razones para adoptar la decisión: “En el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos violentos en las rutas, especialmente, en la Región de la Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío de la Región del Biobío”, parte señalando.

Y agrega que “también hemos visto cortes extendidos de las carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito, alteran el orden público y obstaculizan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas”, algo en lo que esta mañana hizo especial hincapié el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, en el Congreso, al hacer una férrea defensa de la medida.

El documento también señala que los conflictos que llevaron a la decisión de imponer un estado de excepción “dificultan la ejecución de proyectos de desarrollo, perpetuando  condiciones de pobreza e inequidad”; también sostiene que “es deber del Estado garantizar la seguridad de todas las personas, trabajadoras y trabajadores y habitantes de las zonas  afectadas” y que para garantizar la seguridad, el Estado cuenta con una serie de herramientas, como es el caso del “estado de excepción” en virtud del cual “permite la colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías. Con el objeto de conseguir los fines perseguidos por el presente decreto, en especial, el restablecimiento del libre tránsito y el orden y la seguridad pública es necesario contar con el personal, medios y equipamiento técnico y logístico de las Fuerzas Armadas”, es parte de la argumentación que consta en el texto.

Artículos del documento

El decreto está compuesto por tres artículos que dan forma al mismo. El artículo primero declara el estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, en la Región del Biobío, “para la protección de rutas en aquellos territorios. Las medidas adoptadas, en función de este decreto, deberán focalizarse en el aseguramiento del libre tránsito y seguridad de las rutas, buscando minimizar el impacto en el normal desenvolvimiento de la vida de la población en las zonas afectadas”, especifica el documento, según el cual esta medida extraordinaria se dicta por un plazo de 15 días desde su publicación en el Diario Oficial.

Además –en el segundo artículo-, se designa como jefes de la Defensa Nacional en las zonas afectadas al Contraalmirante de la Armada Jorge Eduardo Parga Balaresque, para las Provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío; y al general de Brigada del Ejército Edward Joe Slater Escanilla, para la Región de La Araucanía.

Mientras que el artículo tercero detalla las facultades que tendrán los jefes de la Defensa Nacional en el ejercicio de sus funciones. De manera tal que tendrán que asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en las zonas declaradas en estado de emergencia, “para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado, debiendo observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales colocadas bajo su jurisdicción, en especial las de los Delegados Presidenciales Regionales respectivos”.

También deberán dictar normas tendientes a evitar la divulgación de antecedentes de carácter militar; autorizar la celebración de reuniones en lugares de uso público, cuando corresponda, y velar porque tales reuniones no alteren el orden interno; controlar la entrada y salida de las zonas declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella; dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros; impartir todas las instrucciones para el mantenimiento del orden interno dentro de las zonas, siempre en el marco del respeto a los Derechos Humanos y en conformidad con las Reglas del Uso de la Fuerza; y, las demás atribuciones que le otorguen las leyes.

El decreto está formado por el presidente Gabrel Boric y las ministras del Interior, Izkia Siches, y de Defensa, Maya Fernández.