Los paños fríos de Morgan Stanley y las dudas de JP Morgan: los primeros análisis de la banca de inversión al borrador de la nueva Constitución

El mundo financiero está en estos momentos abocado al análisis del borrador de la eventual nueva Constitución, luego de que el Pleno despachara el fin de semana las normas restantes de las comisiones temáticas. Ahora es el turno de las comisiones de Preámbulo, Normas Transitorias y Armonización para afinar el texto, con miras al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

En esta línea, los bancos de inversión y consultoras ya comenzaron a informar a sus clientes respecto a la materia, con visiones hasta el minuto contrapuestas.

Por ejemplo, Morgan Stanley ha sido la entidad que hasta el momento se ha manifestado más positivamente respecto al contenido del borrador, asegurándole a sus clientes que no ve mayores disrupciones en la institucionalidad económica del país.

“La exclusión de políticas menos ortodoxas para el sector empresarial, la política económica y el marco institucional que suponían un mayor riesgo para la inversión y lo fiscal, debería ser positivo para la mayoría de los activos de renta fija”.
Morgan Stanley

"Un primer vistazo a esta versión del documento sugiere que, de aprobarse, Chile se enfrentaría a una mayor carga fiscal y a un mayor control regulatorio sobre las empresas, especialmente en lo que se refiere al frente medioambiental. Sin embargo, en consonancia con nuestra opinión de siempre, no vemos indicios de elementos potencialmente perturbadores para el marco de la política macroeconómica de Chile", asegura el análisis titulado "Convención Constitucional: ¿el peak del ruido se termina, en qué se materializó?", elaborado por Lucas Almeida, Gilberto Hernández-Gómez y Emma Cerda.

¿Las razones? El banco de inversión norteamericano asegura que las propuestas más "radicales" se fueron rechazando en el Pleno, asumiendo desde ya un escenario en que el Apruebo supera al Rechazo en el referéndum de inicios de septiembre, a contrapelo de lo que señalan las encuestas hasta el minuto.

De esta manera, Morgan Stanley señala que los contenidos de la eventual nueva Carta Magna serían positivos para los activos financieros chilenos, en particular la renta fija.

"La exclusión de políticas menos ortodoxas para el sector empresarial, la política económica y el marco institucional que suponían un mayor riesgo para la inversión y lo fiscal, debería ser positivo para la mayoría de los activos de renta fija, ya que el resultado debería reducir la incertidumbre política para los empresarios, promoviendo la inversión y manteniendo un marco fiscal mayoritariamente ortodoxo", enfatiza el documento.

“(Remoción de consejeros) pareciera ser una limitación a la autonomía, en particular en el caso de que una mayoría del Congreso considere que las decisiones de política monetaria vayan en contra de la orientación general de la política económica del gobierno”.
JP Morgan

“(El borrador) no parece ser tan radical como varios inversionistas temían al principio de este proceso”.
Capital Economics

Inclusive, la entidad señala que no anticipa bajas en la clasificación soberana de riesgo del país en los próximos meses, como prevén algunos activos financieros, atribuyendo dicha apuesta a los "signos de moderación" de cara al plebiscito de salida.

De todas maneras, el análisis pone una cuota de cautela debido a que varias normas incluidas en la potencial nueva Carta Magna requerirán legislación adicional.

"Aunque los riesgos más bajistas han desaparecido, es probable que la incertidumbre política tarde algún tiempo en disiparse por completo, dada la eventual necesidad de debatir la legislación en torno a estos temas", puntualiza Morgan Stanley.

El foco de JP Morgan en la autonomía del Banco Central

Por su parte, el análisis de JP Morgan puso el foco en los ajustes que considera el borrador para el funcionamiento del Banco Central.

Un informe elaborado por Diego Pereira y Lucila Barbeito destaca que se mantienen las limitaciones para que el instituto emisor entregue financiamiento al sector público, con excepción de algunas situaciones donde el banco pueda comprar y vender papeles del Fisco en el mercado secundario. También aborda los nuevos objetivos del banco, como considerar en su actuar el bienestar de la sociedad, la estabilidad de precios y el efecto tanto sobre el empleo como el medioambiente.

Donde pone la nota de cautela es en el mecanismo de remoción de los consejeros, que ahora podrá solicitarse por la mayoría del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones, de los integrantes del Consejo o el Presidente de la República. La definición final corresponderá a la Corte Suprema.

"Esto pareciera ser una limitación a la autonomía, en particular en el caso de que una mayoría del Congreso considere que las decisiones de política monetaria vayan en contra de la orientación general de la política económica del gobierno", advierten.

Pereira, economista jefe del banco para el Cono Sur, explicó a DF que lo relativo al Banco Central es uno de los cuatro pilares que resume las fuentes de incertidumbre en el campo económico-financiero. 

Otro tiene que ver con la inversión de largo plazo, punto en el que destaca “la falta de claridad con respecto a la forma de expropiación y el justo precio”, lo que -en su opinión- incrementa el costo de oportunidad de la inversión a largo plazo. En la misma línea, señala que el rol del Estado con iniciativa pública en la actividad económica -precisado en el artículo 332-, y cómo esto se articulará con, por ejemplo, el enunciado de que el Estado establecerá una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo, es algo a lo que estará atento.

Un tercer pilar son los costos de producción -crecimiento y empleo- por el tratamiento constitucional de la naturaleza, que pasa a ser sujeto de derecho. Esto, según el economista, sugiere un “incremento relevante de costos hacia el futuro, aunque también enarbola a Chile como líder en factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). Agrega que el tratamiento constitucional de la relación empresa-trabajador sugiere mayor sindicalización, o sea mayores costos laborales, lo que “no siempre redunda en mayor salario real, dado el riesgo de informalización”, alerta.   

El último eje de incertidumbre surge por el lado fiscal. “Además de la cantidad de derechos que tendrán asociados en principio un costo financiero para ser honrados, la autonomía de las entidades territoriales, fijación de tasas y contribuciones, así como la capacidad de emitir deuda es un riesgo a ser tenido en cuenta”, advierte. Agrega que “la desaparición de la iniciativa presidencial, sustituidas por leyes de concurrencia presidencial sugieren una mayor presión sobre el gasto público en el futuro”.

Con todo, el analista plantea que desde lo económico y financiero, lo positivo es que las normas más disruptivas y onerosas para con el crecimiento futuro “quedaron por el camino, seguramente gracias a la mayoría de dos tercios que la nueva Constitución desmerece en términos relativos”.

El llamado a la tranquilidad de Capital Economics

En tanto, el economista jefe para América Latina de Capital Economics, Nikhil Sanghani, señala que si bien aún no termina de leer la totalidad del borrador, hasta el minuto su visión es que "no parece ser tan radical como varios inversionistas temían al principio d e este proceso".

"Por ejemplo, la autonomía del Banco Central se mantiene y al parecer no habrá un estricto control gubernamental sobre el sector minero", argumenta el experto.

Eso sí, plantea su preocupación sobre la "legitimidad" de la eventual nueva carta fundamental.

"Las últimas encuestas sugieren que no hay mucho apoyo para la nueva carta y el pronóstico de que sea rechazada en el referéndum de septiembre podría significar que este proceso volvería a fojas cero, potencialmente implicando el riesgo de un nuevo malestar social", cierra el economista.

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