Una guía con alcances tributarios y defensa de derechos de MiPyme: Economía adelanta cambios a la ley de Pago a 30 días

Una fuerte crítica hacia el funcionamiento de la Ley de Pago a 30 días han lanzado los gremios de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyme) en los últimos años. Un diagnóstico compartido por las autoridades del Ministerio de Economía, quienes están trabajando en hacer frente a las mermas de la iniciativa.

Ante la comisión de Economía del Senado, la subsecretaria del ramo, Javiera Petersen, enfatizó que las posibles soluciones y líneas de trabajo se están conversando y discutiendo con los gremios MiPyme en el comité técnico conformado al alero del Consejo Consultivo sobre firmas de menor tamaño del ministerio, y con expertos y expertas en la materia.

Un primer eje de trabajo será el fortalecimiento de la gestión de pagos y de los mecanismos existentes, punto que Petersen ejemplificó con lo que pasa con el Registro de Acuerdos de Pago Excepcional (RAPE), la plataforma del ministerio en que el comprador inscribe los acuerdos. A su juicio, “el RAPE no se utiliza como incentivo para el cumplimiento de los plazos de pago que establece la ley, sino que permite con bastante facilidad aumentar este plazo sin ningún límite”. 

También advirtió que, aunque el registro es legalmente público, el portal no permite a cualquier usuario visualizar los acuerdos de pago excepcional suscritos, y alertó que actualmente el comprador puede inscribir un acuerdo sin el consentimiento del vendedor. 

Petersen señaló que es “bastante plausible” fortalecer el RAPE para mejorar su eficacia, modificando la plataforma para permitir a cualquier usuario visualizar todos los acuerdos inscritos. Otro posible cambio apunta a que ambas partes deban suscribir el acuerdo por el portal, para evitar que sean unilaterales “y que puedan esconder ciertas cláusulas abusivas”. Y, también planteó que una medida posible es crear herramientas que permitan visualizar a malos pagadores.

Otra preocupación son los procesos de aceptación o reclamo de la factura, los que incorporan “varias malas prácticas de pago”, como el rechazo arbitrario de la factura sin dar explicaciones al proveedor. La autoridad alertó que tampoco hay claridad sobre cómo proceder si se generan intereses y multas por mora dentro del mecanismo de pago centralizado de las facturas a través de Tesorería, que las MiPyme no tienen claro cómo se calculan los intereses y la comisión, y que se desconocen los alcances tributarios de la ley. 

Ante esto, la subsecretaria indicó que se puede establecer un límite máximo en el plazo a acordar, junto con limitar malas prácticas de pagos, como rechazar la factura por razones arbitrarias. Mejorar la eficiencia estatal también es parte de las ideas que se están evaluando, así como implementar acciones de educación relativas al cobro de intereses y la comisión fija moratoria, para lo que se crearían mecanismos que ayuden a la mejor comprensión de la comisión fija de los intereses que establece la ley. Esto, a través de una calculadora que pueda generar estos cálculos con mayor facilidad, de la mano de una guía con alcances tributarios, y medidas para poder educar sobre estos temas. 

Institucionalidad e incentivos

Una segunda línea de acción tiene que ver con la institucionalidad encargada del cumplimiento de la ley, ya que actualmente no existe quién fiscalice. La ley no crea una institucionalidad con este fin y tampoco hay otra entidad que pueda colaborar con la defensa de los derechos de las MiPyme para hacer efectiva esta ley, criticó Petersen. 

Por esto, dijo que “sería pertinente discutir sobre esta institucionalidad, una institucionalidad dedicada particularmente al cumplimiento de esta norma, y también a la defensa de los derechos de las MiPyme, que pueda recibir reclamos de usuarios”. 

El tercer punto tiene que ver con mecanismos de incentivos y alivio a las MiPyme, “un tema que ha estado largamente discutido cuando se conversa sobre la Ley de Pago a 30 días”, señaló la economista. En su exposición planteó que una de las opciones tiene que ver con el cambio del encargo de retener y pagar el IVA, una posibilidad que -dijo- se está estudiando junto al Servicio de Impuestos Internos (SII).