40 horas: gremios empresariales arremeten contra la DT y piden reconsiderar el dictamen sobre trabajadores sin jornada establecida

Continúan los movimientos a prácticamente un mes de la entrada en vigencia de la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales.

Hoy, varios gremios empresariales presentaron de forma coordinada ante la Dirección del Trabajo (DT)  solicitudes para que el servicio reconsidere uno de sus pronunciamientos respecto a la bajada práctica de la Ley.

Esta mañana, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) presentaron sus respectivos recursos de reconsideración dirigidos al Director del Trabajo, Pablo Zenteno, cada uno a cargo de distintos abogados especializados en la materia.

Impedir que existan casos de exención horaria afecta a las personas y a la productividad empresarial, sostienen los escritos ingresados a la Dirección del Trabajo.

¿El objetivo de dichos recursos? Pedir una reconsideración del dictamen emitido por la DT que restringe la posibilidad de que trabajadores y empleadores puedan pactar que una persona quede exenta de tener que someterse al control de horario.

Dicha solicitud tiene su raíz en el dictamen nº84/04, publicado el pasado 6 de febrero, que abordó la aplicación del nuevo inciso 2° del artículo 22 del Código del Trabajo, que establece quiénes están excluidos de la limitación de la jornada de trabajo, dada la naturaleza de sus funciones.

Sobre este artículo, los gremios plantean que la autoridad fiscalizadora señaló que "en la medida que exista la posibilidad de registrar la asistencia por cualquier medio, en especial los digitales, sería suficiente antecedente para considerarse como trabajador con jornada, dejando este derecho sometido a un asunto tecnológico y no a la naturaleza de la función". Una interpretación con la que no están de acuerdo los privados.

Para los gremios involucrados, dicho pronunciamiento ha generado preocupación en empresas de distintos rubros, tamaños y ubicaciones geográficas, pues pasaría a llevar el derecho a no tener horarios específicos que hoy tienen quienes lo han pactado así con su empleador.

Para las agrupaciones gremiales y sus respectivos abogados, "la exención de control obligatorio está dada por la naturaleza de las funciones y las responsabilidades que de ellas emanan, de modo que impedir dicha flexibilidad afectaría tanto a las personas como al funcionamiento y productividad empresarial".

Desde la perspectiva de los gremios empresariales, la realidad del mundo laboral dejaría en evidencia que las personas quieren empleos más flexibles, trabajar desde sus casas y poder conciliar familia y trabajo; todo de común acuerdo con el empleador.

"El dictamen va en el sentido contrario: restringe la libertad y la posibilidad de acuerdos, y no reconoce la realidad de un mundo del trabajo moderno, tecnologizado, diverso y flexible", critican los privados.

Según enfatiza el escrito, la ley que reduce la jornada de trabajo a 40 horas tuvo su origen en un acuerdo alcanzado entre la CPC y las centrales de trabajadores "buscando favorecer la calidad de vida de las personas y la productividad", plantea el comunicado, agregando que luego, en el Congreso, los gremios aportaron "siempre buscando que en el espíritu de la ley se incluyeran la gradualidad y la flexibilidad, lo que se logró en una buena medida. Por lo tanto, nos parece fundamental mantener los principios que están en el origen de la normativa-acordada transversalmente desde el punto de vista político y social-, como son la flexibilidad y las relaciones laborales construidas sobre la base de la confianza y el diálogo entre las partes".

En el caso de la CPC,  el recurso de reconsideración estuvo a cargo de la abogada de Cariola, Díez y Pérez-Cotapos, Ignacia López. La Sofofa, por su lado, trabajó con el abogado Marcelo Albornoz, exdirector del Trabajo, quien fue el encargado de redactar y presentar el recurso.

La CNC, por su lado, y tal como lo hizo hace unos días, volvió a apostar por la abogada y ex directora del Trabajo, Lilia Jerez, quien desarrolló la solicitud; y la CChC designó al abogado Marcelo Soto, ex subsecretario del Trabajo y socio del Estudio Jurídico UH&C, como su representante.