Sólo un trámite debe cumplir la reforma laboral para convertirse en ley: el control preventivo obligatorio del Tribunal Constitucional, la misma instancia que derribó parte importante del proyecto. En el gobierno confían en que la revisión será exitosa y que, a contar de enero de 2017, las negociaciones colectivas tendrán ley de pisos mínimos y derecho a información; y las huelgas serán efectivas y sin reemplazo.
Estos y otros elementos, como la extensión de beneficios por mutuo acuerdo y el Fondo de Formación Sindical, demuestran, a juicio del subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, que la reforma laboral tiene avances sustanciales si se compara con el Plan Laboral heredado de la dictadura militar. El abogado descarta que el emblemático proyecto tenga “más retrocesos que avances”, como lo sostiene un sector del mundo sindical, aunque reconoce que “no es todo lo que el gobierno planteó”.
Y si bien se han visto “elefantes volando”, como aseguran abogados cercanos a La Moneda, en el Ministerio del Trabajo creen que la advertencia de Chile Vamos -de recurrir nuevamente al TC y/o a los Tribunales de Justicia- por un supuesto “desacato”del Ejecutivo al no regular los grupos negociadores, simplemente no tiene asidero. Así también lo considera Díaz.
- Dejar sin norma a los grupos y mantener dos pactos de adaptabilidad con titularidad sindical. En eso se fundamenta la acusación de “desacato” y “omisión” formulada por Chile Vamos. ¿Cuál es su lectura?
- La primera acusación de supuesto desacato, que parece una consigna comunicacional más que una seria reflexión jurídica, se refiere a que el gobierno no habría regulado -en el veto- a los grupos negociadores. El gobierno tuvo que presentar un veto sin conocer el texto del fallo del TC. Por lo tanto, era materialmente imposible presentar un veto aditivo, ciego. El gobierno sólo pudo presentar un veto supresivo a los pactos y quórum para la negociación, porque era lo que se estimaba podía ocurrir. Por lo tanto, no puede haber en ese sentido una acusación de desacato, ni nada que se le parezca. La segunda acusación se refiere a los pactos que subsisten. Ellos señalan que la actual legislación que regula los pactos dice expresamente que sólo pueden ser suscritos por sindicatos y, por lo tanto, el gobierno al no alterar aquello estaría incurriendo en una suerte de “inconstitucionalidad por omisión”, lo que es una figura bastante desconocida en la literatura constitucional.
La pregunta que ellos deben responder es por qué no recurrieron de inconstitucionalidad contra esos artículos en su momento. ¿Lo convalidaron? ¿Por qué no lo hicieron con la ley de turismo que se aprobó después del fallo del TC, que establece diferencias en favor del sindicato? No lo hicieron, porque es razonable en todas partes del mundo, en sintonía con el Convenio 135 de la OIT, que existan esas diferencias.
- ¿Cuál es la evaluación del trámite legislativo de la reforma, cuando ya se acerca el cierre del proceso?
- Creemos que, a pesar que el TC cuestionó la titularidad sindical, el proyecto mantiene importantes avances para los derechos colectivos de los trabajadores y es una contribución para mejorar las relaciones entre empleadores y trabajadores. No es todo lo que el gobierno planteó desde un comienzo, eso es evidente, pero aun así es un avance.
- Hubo muchas diferencias con Hacienda durante la tramitación, ¿eso no jugó en contra del resultado del proyecto?
- El resultado está a la vista: un proyecto que ingresó con nuevas instituciones fundamentales que, detalles más o menos, no cambiaron sustancialmente durante la tramitación. Y eso demuestra que en el gobierno hubo compromiso con el programa. Por lo tanto, aquello no pasa de la anécdota.
- ¿Cuáles son los cambios más importantes para los trabajadores, con la nueva legislación laboral?
- Hay varios elementos. Primero, las normas sobre pisos mínimos de negociación. En segundo lugar, se pone fin al reemplazo de trabajadores en huelga, que existe desde 1979, y hay una nueva institución, que son los servicios mínimos, que deben prestarse para evitar accidentes o daños en las instalaciones de las empresas, entre otras hipótesis. Pero también hay otras normas relevantes: se termina la extensión unilateral del empleador de los beneficios de una negociación colectiva y se pasa a un esquema de extensión pactada; se crea el Consejo Superior Laboral, una instancia tripartita de diálogo; y un Fondo de Formación Sindical y Relaciones Colaborativas, mediante el cual podemos formar a las futuras camadas de dirigentes sindicales.
- ¿Están preparados para enfrentar la judicialización de las futuras negociaciones colectivas?
- Estamos impulsando un cambio muy grande. Eso, sin duda, va a involucrar un proceso de ajuste en los actores, los jueces, abogados que asesoran empresas y sindicatos, los dirigentes sindicales, los gerentes, etc. Evidentemente que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande de difusión y explicación; habrá dictámenes de la Dirección del Trabajo en distintos aspectos de la legislación; y se va a generar una gran discusión durante los primeros meses de implementación. Poco a poco el régimen de la reforma debiera ir decantando hacia soluciones bastante más acordadas y asentadas entre las partes y, por lo tanto, disminuir aquella discusión inicial.
- ¿Cuánto podría tardar el sistema en sentar jurisprudencia sobre las nuevas normas y disminuir la judicialización?
- Como es un cambio mayor, los dictámenes van a recibir mucha más atención de todos los actores. Un ejemplo, en el caso de los servicios mínimos, evidentemente que las primeras definiciones de servicios mínimos, sea vía acuerdo de las partes o por definición de la Dirección del Trabajo, van a ser muy discutidas. Pero cuando entren en régimen, todos vamos a ir entendiendo cuál es el servicio mínimo que debe operar en una tienda, una fábrica, una salmonera o una faena agrícola, al momento de una paralización. Por lo tanto, las primeras o segundas negociaciones van a ser objeto de estas discusiones, pero con el tiempo esto se debería ir asentando en un esquema que no sólo es razonable, sino que mejor que el sistema que tenemos hoy día.
- La DT estaba preparando tres dictámenes. Ahora, con los nuevos tiempos, ¿se modifica esa planificación?
- Tenemos seis meses de vacancia legal hasta que comience la vigencia de la ley. Se adelanta excepcionalmente la vigencia de la ley para efectos de determinar servicios mínimos en aquellas empresas que van a negociación colectiva inmediatamente entrada en vigencia la ley, por lo tanto, ahí hay un trabajo que hacer. La DT va a ir comunicando cuándo se van emitiendo estos dictámenes, que es después de publicada la ley, por lo que quedan algunas semanas.
gobierno trabaja propuestas de productividad de la cpc
Parte de las críticas que recibió la reforma laboral apuntaban a la ausencia de materias como capacitación y participación laboral de jóvenes y mujeres. Con ese telón de fondo y con una economía desacelerada, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) propuso medidas que hoy están siendo trabajadas con el gobierno.
- ¿Cómo se está abordando este trabajo?
- Hay una coordinación que se realiza desde el Comité de Ministros Económicos, pero hay algunas medidas específicas que son atingentes a cada ministerio sectorial. En materia de capital humano, hubo propuestas específicas de la CPC, habrá una de la CUT entiendo en las próximas semanas. Como ministerio hemos tenido reuniones, una de ellas muy productiva con la CPC para analizar cómo vamos a abordar algunos de los puntos que señalan. Acá tenemos una buena parte avanzada. En Chile Valora nos preocupamos del capital humano. Ahora, hay medidas más grandes y las vamos a anunciar prontamente, porque hubo gran coincidencia entre lo que planteó la CPC y lo que nosotros estamos diseñando.
Agenda post reforma: foco en empleo y modernización de la DT
Superado el capítulo de la reforma laboral, el Ministerio del Trabajo ya está delimitando sus próximas prioridades. "Actualmente, estamos realizando una jornada de entrenamiento y consulta con representantes de las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral, porque uno de los principales focos del ministerio, este segundo semestre y el próximo año, es una política activa de empleo", afirma Díaz.
El subsecretario de la cartera explica que el programa Más Capaz ya está tomando gran fuerza en más de 300 comunas del país, capacitando e insertando en el mercado laboral a personas con muy baja empleabilidad que antes no lo lograba. "Estamos en proceso de consolidación de los Observatorios Laborales en todas las regiones. Estamos preparando la nueva Bolsa Nacional de Empleo, que esperamos esté en marcha hacia finales de este año y que va a ser una plataforma tecnológica de alta sofisticación, de manera de cerrar de mejor manera el círculo de capacitación e intermediación. Es decir, en materia de empleo tenemos importantes novedades que ofrecer", agrega.
De la mano con la reforma laboral se continúa trabajando en el proyecto de modernización de la Dirección del Trabajo (DT).
- ¿En qué va este trabajo?
- El proyecto de modernización tiene dos aristas. Una, de gestión, que ya comenzó con el apoyo del BID. La otra, legal, de algunas reformas que se tiene que introducir como modernización en las facultades, los recursos y las dotaciones. Para eso también estamos trabajando en los detalles, junto a la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Hacienda. Esperamos que dentro de los próximos meses podamos concretar esto. Esperamos que este año.
- ¿Qué considerará el proyecto?
- Es un proyecto de fortalecimiento y modernización. Eso implica reformas en algunas facultades. Es una ley muy antigua que debe actualizarse en algunos aspectos. Es en verdad un proyecto bastante integral. Lo anunciaremos cuando esté listo. Estamos trabajándolo y prontamente vamos a anunciar aquel trabajo ya concreto con la Dirección de Presupuestos, el Ministerio de Hacienda y las asociaciones de funcionarios.
- ¿Están viendo la necesidad de planes de emergencia frente al deterioro del mercado laboral?
- En materia de política de empleo hay que distinguir lo que son las políticas regulares, donde a nuestro juicio el Estado debe tener un rol mucho más activo que simplemente inercial. Evidentemente, en condiciones de mayor desempleo hay también algunas políticas públicas destinadas a enfrentar aquellas emergencias.
Hasta ahora, los índices de desempleo no han sido altos, se han mantenido en niveles más o menos de tendencia histórica, pero estamos muy atentos a ver no solo si a nivel nacional pero si a lo mejor en alguna región en particular es necesario acudir con baterías de instrumentos de política pública. También hemos ayudado en materia de empleo a propósito de las catástrofes.
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