La discusión de la reforma tributaria, incluida en un más amplio pacto fiscal, ha sido el principal tema en la agenda del sector empresarial, con las seis ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) sosteniendo reuniones con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, de cara a un acuerdo antes de que concluya julio.
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) no ha sido parte de esos diálogos. De hecho, la presidenta del gremio capitalino, María Teresa Vial, es enfática en señalar que los empresarios “no somos colegisladores”, pese a lo cual reivindica el aporte técnico que pueden realizar al debate.
“Evitaríamos cualquier alza impositiva hasta haber avanzado en el primer gran desafío de reducir los niveles de evasión y maximizar la recaudación del actual sistema”.
La presidenta de la CCS anticipa los ejes de la propuesta impositiva que trabaja la entidad y también pide al Ejecutivo dejar fuera alguno de los puntos más controversiales del proyecto rechazado en la Cámara de Diputados en marzo.
- ¿Qué espera de esta nueva fase de discusión tributaria?
- Siempre veremos con buen ánimo cualquier iniciativa de diálogo respecto de reformas que el Gobierno quiera emprender. El rechazo del proyecto inicial naturalmente abre el espacio a buscar opciones participativas y de consenso.
En este contexto, nos parece necesario ampliar la mirada y cuestionarnos en primer lugar la urgente modernización de nuestro modelo tributario en general, de manera de impulsar reformas que le permitan cumplir con su objetivo de manera estable, eficiente y eficaz en los tiempos que corren. Las últimas reformas eludieron esta responsabilidad y se centraron en gravar más actividades y en subir la carga impositiva, y los resultados lamentablemente están a la vista: se afectó negativamente la capacidad de crecimiento y no se lograron las metas de recaudación.
No queremos más de lo mismo, lo que necesitamos como país es una reforma modernizadora que maximice la recaudación, la eficiencia económica y simplifique el sistema protegiendo el emprendimiento y la inversión, sin bloquearlo.
- Hasta el momento, la estrategia ha sido negociar directamente con la CPC y sus ramas. ¿Siente que es un error que no se considere a la CCS?
- No nos corresponde opinar sobre cómo el Gobierno resuelve sus desafíos. Pero sí debemos tener claro los roles de cada sector en esta discusión. Los gremios no somos colegisladores y no pretendemos serlo. Nuestro rol es poner a disposición del Ejecutivo y Legislativo los antecedentes técnicos respecto de sus propuestas, las del Gobierno o los parlamentarios, desde una perspectiva de contribución a una mejor discusión pública.
- ¿Qué componentes debería incluir un nuevo pacto fiscal?
- En primer lugar, la urgente modernización del sistema tributario.
Maximizar la recaudación con la actual estructura impositiva antes de seguir sobrecargándola. Maximizar la base tributaria, incorporando las actividades informales al cumplimiento tributario y permitiendo una mayor base a tributar a partir de un saludable y necesario crecimiento económico.
Simplificar la estructura tributaria. Las últimas reformas han tenido en común complejizar cada vez más el modelo, poniendo barreras innecesarias al cumplimiento tributario y a la formalización.
- ¿En qué consiste la propuesta tributaria que está preparando la CCS?
- Estamos trabajando en un estudio tributario para ahondar en los antecedentes que permiten visibilizar oportunidades.
Queremos que el Estado recaude más para abordar los desafíos sociales en que estamos todos de acuerdo, pero tenemos la convicción de que no resulta efectivo lograr esos objetivos aumentando la carga de los que pagan impuestos.
Estamos en un punto en que mayores tasas nos hacen muy poco competitivos y las inversiones comienzan a mirar otros mercados o simplemente no se materializan, y esto afecta a todo tamaño de empresas, por lo que la base imponible corre el riesgo de decrecer si queremos sacar recursos solo de ahí.
Además, creemos que en la actual discusión hay que ser muy claros respecto de la mirada del mundo de la empresa sobre el uso de los recursos fiscales. Hoy el Presupuesto de Chile es de más de US$ 80 mil millones, más del 26% de nuestro PIB. A excepción del aporte directo de las empresas públicas, todo ese dinero lo aportan los contribuyentes, mayormente mediante el IVA y también con los impuestos de Primera y Segunda Categoría.
La meta del Gobierno con la reforma rechazada era recaudar al tercer año US$ 10.000 millones adicionales. Estamos convencidos que vía ajustes en el actual Presupuesto se pueden generar esas holguras. Mejorar la recaudación y uso del gasto fiscal en 3% anual no es una meta imposible. Sólo en IVA estamos perdiendo cerca de US$ 2.000 millones anuales si consideramos una evasión del 19% en comparación con los niveles de entre 10% y 12% de algunos países OCDE.
- ¿Qué temas mantendría y cuáles sacaría de la reforma original que se rechazó en la Cámara de Diputados?
- Existen aspectos que celebramos, como la posibilidad de retener el IVA desde los medios de pago para compras por internet a aquellos proveedores internacionales que hoy lo evaden o subdeclaran.
Definitivamente dejaríamos fuera la idea de desintegrar el sistema tributario y evitaríamos cualquier alza impositiva hasta haber avanzado en el primer gran desafío de reducir los niveles de evasión y maximizar la recaudación del actual sistema.
Hay que llegar a una fórmula que combine la mayor recaudación fiscal, promueva la inversión y genere empleo formal. Sólo así podemos mirar nuevamente hacia un futuro más próspero para las personas y la sociedad.
- ¿Cree que es más realista apuntar a una meta de recaudación del 2% del PIB, o considera que debiera ser menor que esa meta?
- Con los instrumentos que se han planteado, nos parece difícil aspirar a esa meta, pero creemos que tanto un mejor control de la evasión de la economía informal como una adecuada estructura de incentivos al crecimiento, sin ahogar al sector productivo por la vía de mayores impuestos, son instrumentos efectivos para lograr objetivos ambiciosos en mayor recaudación.
- ¿Es la oportunidad de resolver el problema de la informalidad laboral y de la economía?
- Es una obligación. Por eso es que hay que generar los incentivos para la formalización, además de combatirla con todos los instrumentos del Estado, atraerlo hacia modelos sostenibles, aportando a la seguridad social, al gasto público y siendo partes de la comunidad empresarial, para esto hay que generar incentivos que abarcan desde la simplificación tributaria, la equidad regulatoria, etc.
No puede ser que solo las actividades formales sean continuamente perseguidas por los fiscalizadores mientras la informalidad crece y se desarrolla al mismo tiempo, quedando muchas veces fuera del radar.
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