CCS entra al debate y sugiere modificar la manera de cobrar las contribuciones de bienes raíces

El debate sobre las contribuciones de bienes raíces continúa vigente, luego de que una de las comisiones del Consejo Constitucional aprobara una enmienda del Partido Republicano que exime del tributo a las viviendas principales de los contribuyentes, propuesta que será sometida a votación del Pleno en los próximos días para determinar si será parte o no del borrador de la nueva Constitución.

Los gremios empresariales ven con atención este debate. Uno de ellos es la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), que propone una serie de modificaciones a la manera en que se cobra el impuesto territorial.

Un documento elaborado por la timonel del comercio santiaguino, María Teresa Vial, parte señalando que hoy se hace "necesario" explorar propuestas destinadas a "corregir las distorsiones" ocasionadas por las contribuciones de bienes raíces.

María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). Foto: Julio Castro

"Para hacerlo, es fundamental comenzar reconociendo que estamos tratando con un impuesto patrimonial. A partir de esta premisa, es esencial que este impuesto se calcule considerando el patrimonio real de las personas. Entonces, surgen preguntas importantes: ¿cómo deberíamos calcular este patrimonio? ¿Podría basarse en la valoración de la propiedad?", parte señalando Vial.

Formas de cálculo

La CCS plantea modificar el cálculo del patrimonio inmobiliario que será afecto con la contribución, basándolo en el valor de adquisición de los bienes raíces.

Así, señala que por ejemplo, si se compra una propiedad en 1.000 UF, es porque en ese momento el flujo le permitió al contribuyente hacerlo. "Si aceptamos que el Estado no puede prescindir de la recaudación de estos impuestos, al menos debemos morigerar el impacto inherente a la tasación fiscal, que tantos efectos perjudiciales puede generar", señala Vial.

También, la CCS asegura que deben considerarse cambios a la manera en que se reajustan los impuestos territoriales.

"Tomemos como ejemplo a una persona de clase media que, con un gran esfuerzo, adquiere una propiedad en el momento de su vida en el que tiene mayores ingresos y capacidad de pago, a menudo gracias a préstamos o generación de riqueza. Es posible que esta persona nunca vuelva a tener la capacidad de comprar otra propiedad o una de mayor valor. En el momento de la adquisición de su vivienda, ese fue el punto álgido de su riqueza o patrimonio. Por lo tanto, no parece apropiado imponerle impuestos sobre un supuesto aumento en su patrimonio debido a la revalorización de la propiedad familiar" continúa la cámara.

Una solución, dice la CCS, es que el aumento podría considerarse como un incremento patrimonial en el momento en que se realice, es decir, cuando la propiedad se venda. Así, continúa el análisis, los impuestos solo se pagarían cuando la persona realmente realice el aumento de su patrimonio como resultado de la obtención de ganancias por la venta de la propiedad.

"Esta propuesta eliminaría las numerosas historias de personas que no pueden hacer frente a las contribuciones de bienes raíces adquiridos hace décadas debido a la revalorización que realiza el Estado de dichas propiedades", argumenta el gremio.

Mayores de 65 años

La CCS aborda también ideas para morigerar el efecto que provoca el impuesto a los bienes raíces en las personas de la tercera edad, eximiéndolos, por ejemplo, del pago sobre una propiedad por persona o, alternativamente, proporcionarles un subsidio directo para permitirles hacer frente a este costo.

"Esta medida también debería permitirnos eliminar numerosos casos de deterioro patrimonial y de calidad de vida en quienes ya han contribuido tanto a nuestro país", recalca Vial.

Otra opciones que el gremio pide explorar son modelos de adaptabilidad de las contribuciones ante cambios de valores de la propiedad, y subsidios que permitan financiar temporalmente parte del aumento del impuesto, focalizados en segmentos más vulnerables y de mayor edad, entre otros.

"Más allá de estos conceptos, la necesidad de modernizar la naturaleza y la forma en que se determina y aplica este impuesto parece inevitable, y debiera formar parte de los esfuerzos que ha anunciado el Gobierno para consolidar un nuevo pacto fiscal", cierra la dirigente gremial.