Aunque el gobierno aún tiene la esperanza de que el proyecto de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia pueda ser despachado al 31 de enero, en la extensa jornada de ayer sufrió un nuevo traspié.
Ello porque algunas normas relativas a las sanciones por sobrepasar los aportes y gastos electorales, deberán ser revisadas por la Comisión de Constitución el próximo lunes para que la Sala de la Cámara Alta las vote el martes 19.
El senador Ignacio Walker (DC), presidente de la Comisión Especial de Probidad, explicó a qué se refieren los artículos postergados: “Como por primera vez en la historia de Chile estamos tipificando lo que se entiende por delitos electorales, primero; segundo, como la pena extrema es la pérdida del escaño, en algunos de sus casos; tercero, como las sanciones son incluso privativas de libertad, o sea, penas de presidio, además de multas, queremos ser muy rigurosos desde el punto de vista de la tipificación de estos delitos y cuáles son las sanciones, drásticas pero proporcionales, que conllevan”.
Esto es algo que preocupa en el centro de estudios Espacio Público. Para la experta María Jaraquemada, lo que se busca con este proyecto es erradicar la influencia del dinero y de las empresas en las campañas “y por eso se establecen sanciones penales. Pero si lo que la Sala quiere es establecer sanciones graduales no se cumplirá totalmente el objetivo, porque no serán disuasivas”. Según Jaraquemada la sanción debe ser igualmente drástica si una empresa aporta un peso o un millón a una candidatura, porque eso está prohibido.
Pese a este impasse, la mayor parte de la iniciativa fue aprobada por el Senado, aunque algunas normas no dejaron del todo conformes a varios parlamentarios. Una de las más significativas fue que el período de precampaña de 200 días propuesto por el gobierno para los cargos de elección popular, sólo se mantuvo para las candidaturas presidenciales.
El senador Walker fue uno de los que lamentó que se hubiera suprimido del proyecto la precampaña para postular a cargos de elección popular, salvo la Presidencia de la República, porque “todos sabemos realistamente que el movimiento electoral es por lo menos de seis meses. Por eso el proyecto del gobierno decía 200 días”, a partir de eso añadió que “el temor que uno tiene es que eso se vaya a prestar para algún resquicio o subterfugio”.
Facultades del Servel
También se le otorgan más facultades al Servel, algo que en Espacio Público valoran, pese a que algunos senadores como Alejandro Navarro (MAS) estiman que no son suficientes para fiscalizar elecciones. A su juicio, esta ley “pretende evitar los graves hechos que han sido la causa del desprestigio de la política, pero hubiera preferido una contraloría electoral, un organismo con capacidades autónomas”, porque una de sus principales preocupaciones es que el director del Servel sea nombrado por el Presidente, lo que podría provocar una situación similar a la del SII.
Otro elemento que generó polémica fue el hecho de que muchos senadores estiman que no se aumenta lo suficiente la dotación del Servel para fiscalizar, pues sólo podrá contratar a honorarios más personal en época electoral.
Por su parte, el senador Victor Pérez (UDI) compartió la postura de Navarro en cuanto a que “creemos que no se fortaleció lo suficiente el Servel. Hemos aprobado normas que permiten garantizar que tendremos un sistema de financiamiento de la política transparente y la otra columna de esto es que sea fiscalizable y creemos que ahí va a tener una debilidad”.
Según Jaraquemada al Servel se le han dado las facultades que se requieren para implementar la ley, pero aclara que las “campañas municipales serán una prueba”.
Tras la votación, el ministro Nicolás Eyzaguirre señaló que “no obstante que quedó un detalle, creemos que (el proyecto) está bien encaminado para aprobarse, con lo cual tendremos un nuevo sistema electoral y un nuevo sistema de fiscalización”.